Influencia criminal en la geopolítica del arco minero del Orinoco
Criminal influence on the geopolitics of the Orinoco mining arc
Revista PERSPECTIVAS
EN INTELIGENCIA
Iván Leonardo Ávila García1
(1) Universidad Militar Nueva Granada - UMNG, Bogotá – Colombia, est.ivan.avila@unimilitar.edu.co
Volumen 12, Número 21, Enero - Diciembre 2020, pp. 221-241
ISSN 2145-194X (impreso), 2745-1690 (en línea)
Bogotá D.C., Colombia
http://doi.org/10.47961/2145194X.224
Fecha de recepción: 03/08/2021 | Fecha de aprobación: 31/08/2021
Resumen
El presente artículo describe las características geopolíticas de la región denominada Arco Minero del Orinoco (AMO), resaltando la importancia que se le debe dar a esta región desde el ámbito de la Inteligencia Estratégica, para lo cual, se hace un estudio cualitativo basado en referencias primarias y secundarias con análisis axial. Se plantea cómo diferentes grupos armados ilegales han realizado actividades tendientes a ejercer el control ilegal del territorio, identificando un marcado interés por realizar acciones criminales en esta región, sumado a la mutación de amenazas trasnacionales y un marcado interés de multinacionales que se han establecido en la región, apoyadas por regímenes totalitarios, con el fin de extraer minerales y piedras preciosas a través de agrupaciones criminales que colaboran con el Estado y asumen algunas funciones. Se concluye que la afectación criminal irradia en esta región por los actores que convergen y sus diferentes intereses geopolíticos.
Clasificación JEL: H83, L72, L78.
Palabras clave: Geopolítica, Crimen Organizado, Arco Minero del Orinoco, Minería Ilegal, Inteligencia Estratégica.
Abstract
This article describes the geopolitical characteristics of the region called Arco Minero del Orinoco (AMO), highlighting the importance that should be given to this region from the field of Strategic Intelligence, for which a qualitative study based on Primary and secondary references with axial analysis. It is proposed how different illegal armed groups have carried out activities aimed at perform illegal control of the territory, identifying a marked interest in carrying out criminal actions in this region, added to the mutation of transnational threats and a marked interest from multinationals that have established themselves in the region, supported by totalitarian regimes, in order to extract minerals and precious stones through criminal groups that collaborate with the state and assume some functions. Conclusion is that the criminal involvement radiates in this region by the converging actors and their different geopolitical interests.
Keywords: Geopolitics, Organized Crime, Orinoco Mining Arc, Illegal Mining, Strategic Intelligence.
Introducción
La marcada crisis de gobernabilidad que se ha vivido en los últimos años en Venezuela ha generado el surgimiento de diferentes fenómenos de tipo social y criminal. Esto ha convertido a dicho país en el epicentro de problemáticas coyunturales en materia de política internacional (pobreza, inseguridad, desempleo, migración, entre otras), debido a la crisis político-institucional que enfrenta el Estado, en donde no sólo se ha añadido el colapso económico y social presente desde 2013, sino que también su transformación en una crisis regional, por la salida, según algunas estimaciones, de más de tres millones de emigrantes (UNHCR - ACNUR, 2019).
En cuanto al papel político, geopolítico y energético que se ha presentado en Venezuela, se logran identificar intereses no sólo nacionales, sino también de tipo regional, continental y de potencias extracontinentales, los cuales buscan obtener acceso a los recursos minero-energéticos que tiene el país petrolero. Por esta razón, se han interesado en llevar a cabo la explotación de yacimientos mineros en la región del Orinoco Venezolano[1].
Teniendo en cuenta la presencia de grupos ilegales en territorio venezolano, como refugio o espacio de retaguardia limítrofe con Colombia (Ghitis, 2021), se establece que el grupo armado organizado del ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha desarrollado actividades tendientes a acentuar sus acciones criminales en esta región, utilizando principios de la Guerra Popular Prolongada (GPP)[2]; el principio fundamental de la GPP consiste en conservar las fuerzas propias y acabar con las del enemigo, de igual manera vincular la combinación de todas las formas de lucha, aplicando así el trasbordo ideológico y el trabajo político organizativo, con el fin de enquistarse en las comunidades y ejercer cogobierno en esta zona de especial interés geoestratégico.
Diferentes estudios y análisis académicos muestran la situación que se viene presentado en el Arco Minero del Orinoco, en especial por el aprovechamiento de sus características geográficas, explotación minera y actividades criminales (Mora Silva & Rodríguez Velásquez, 2019). Con lo cual se expone la necesidad de información y conocimiento detallado sobre esta zona por parte de las agencias de inteligencia colombianas e internacionales, ante la convergencia de actores e intereses de todos los niveles. Por tal motivo, para la elaboración de este artículo se revisaron fuentes primarias y secundarias que incluyeron análisis académicos, históricos y coyunturales, así como fuentes institucionales. Tales fuentes constituyeron, posteriormente, la base para llevar a cabo diferentes debates y la construcción del presente documento de investigación.
Contexto de la geopolítica
La génesis de la geopolítica se remonta a la antigüedad. Su evolución se dio a través de los siglos, apoyada en las ideas de las más variadas ramas de las Ciencias Políticas y Sociales. Precisamente, desde allí, las ideas y hechos siempre revelaron la relación que existía entre el medio geográfico y las instituciones, lo que ha originado el moderno concepto de Estado (López, 1994).
La geopolítica es un objeto de estudio dinámico e interdisciplinario que requiere del marco teórico que le ofrecen las Ciencias Políticas, las Relaciones Internacionales, la Geografía, y otras ciencias como la Economía y la Historia (López, Una visión del futuro: La Geopolítica de Alfred Mahan, 1993). Las Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales contribuyen con el concepto de poder, desempeño, interrelación y configuración sistémica. La Geografía hace lo propio con la idea de espacio vital; la Economía, con la noción de riqueza y recursos y, la Historia, con la concepción de evolución y dinámica.
En otras palabras, la geopolítica ha sido una de las disciplinas integradoras de las ciencias geográficas, sirviendo así a la política para la toma de decisiones estatales en materia de política interna y externa. Es preciso citar la definición que da Karl Haushofer, cuando afirma que: “la Geopolítica es la base científica del arte de la actuación política en la lucha de los organismos estatales por el espacio vital”. Además de manifestar que “la geopolítica aspira a proporcionar las armas para la acción política y los principios que sirven de guía en la vida política, la geografía debe convertirse en la ciencia geográfica del Estado” (López, La geopolítica de Nicolás Spykman, 1995).
Explotación minera en Venezuela
Los antecedentes sobre el origen del concepto del Arco Minero del Orinoco se remontan al año 2011 en el que el Gobierno venezolano, presidido por Hugo Chávez, decidió devolver al país 211.35 toneladas de las reservas de oro venezolano que se hallaban repartidas en el extranjero en depósitos de instituciones financieras privadas desde el año de 1988 (Infobae, 2020). Lo que al principio fue considerado como un supuesto acto de soberanía dentro del socialismo del siglo XXI, con el pasar de los años se ha convertido en uno de los factores de mayor incertidumbre de la economía venezolana. Esto se debe a los altos niveles de corrupción, la carrera armamentística de este país y el desmedido gasto interno que se ha generado, fruto de la falta de producción en su economía.
Se debe identificar el área geográfica donde se ha adelantado el presente estudio, como se observa en la figura 1;esta zona consta de cuatro bloques para la exploración y explotación minera: el área 1, de 24.717 Km2 de extensión, tiene como límite el río Cuchivero, donde predominan el coltán y el diamante; el área 2, de 17.246 Km2, donde abundan los minerales no metálicos y el oro aluvional; el área 3, que empieza en el río Aro hasta el límite este del Arco Minero, con 29.730 Km2 y donde predominan el hierro y la bauxita; y el área 4, que abarca el área conocida como Sierra de Imataca del Arco Minero del Orinoco[3].
Paralelamente, el río Orinoco toma un papel significativo en términos geográficos, al ser el tercer río más grande del mundo; y geopolíticos, al convertirse en el recurso hídrico más comprometido en la puesta en marcha de lo que se definió como el Arco Minero del Orinoco, donde también se incluyen las cuencas hidrográficas de los ríos Caroní y Orinoco, que son los reservorios de agua dulce más importantes de Venezuela, y unos de los más extensos del mundo.
FIGURA 1. Geografía del Arco Minero del Orinoco (AMO)[4]
Fuente: Tomado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-eln-compite-por-control-del-oro-en-sur-de-venezuela-crisis-group
Siguiendo con el origen del concepto del AMO, en el año 2000 el presidente Hugo Chávez modificó la Ley de Minas promulgada en 1952 mediante un decreto ley que reconoció la existencia del minero artesanal, de la pequeña minería y de la mancomunidad minera. A partir de ese momento se iniciaron gestiones institucionales que tenían como objetivo el reconocimiento y la regularización de la actividad minera, y la protección socioeconómica de la población dedicada a esta actividad, con el fin de garantizarle condiciones de vida dignas, así como el impulso de la transición hacia otras actividades productivas, pilares fundamentales que se fueron realizando en la consolidación del fracasado socialismo del siglo XXI (Granada Arciniega, 2020).
De este modo, con la creación del AMO[5] en febrero de 2016, el Gobierno venezolano buscó aprovechar el alza estable del precio del oro (Reuters, 2020), en aras de afianzar el reconocimiento, garantías y promoción que la actividad minera le brindaba. Lo que llevó a que el 24 de febrero del mismo año se promulgara el Decreto ejecutivo N° 2248 en la Gaceta Oficial No. 40.855, que crearía la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional por su abundancia en los siguientes minerales: hierro, aluminio, bauxita, oro, coltán (conocido como oro azul), diamantes, entre otros.
Lo anterior, en parte, con el fin de generar ingresos en un contexto creciente de parálisis económica, provocada por la crisis interna y las sanciones estadounidenses que se venían presentando en los últimos años (WOLA, 2020), debido a que también pretendía la regularización de las actividades mineras del estado Bolívar, donde la minería informal ha prevalecido históricamente, mediante alianzas con una gran variedad de empresas internacionales del sector extractivo, quienes están íntimamente ligadas a los gobiernos que apoyan el régimen de Venezuela.
En un contexto geopolítico, el Gobierno venezolano creó el AMO, como la mayor avanzada de extracción de recursos mineros por parte del Estado y sectores privados (nacionales y extranjeros), mediante la configuración y el uso de los territorios sobre la base de una supuesta vocación minera, que con el paso de los años se ha convertido en uno de los mayores focos de corrupción y criminalidad. Se trata de una superficie de 113.598 km, que corresponde al 12,4% del territorio nacional venezolano, es decir, una extensión mayor a la de países como: Cuba, Bélgica, Panamá, Irlanda, Suiza o Costa Rica.
Venezuela es uno de los doce países más ricos en diversidad biológica del mundo (PROVEA, 2016), y su territorio cuenta con extraordinaria variedad y riqueza socionatural. En el AMO, ubicado en el estado de Bolívar, y al que se han venido vinculando los estados de Amazonas y Amacuro, se encuentran seis Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)[6], distribuidas en cuatro[7] zonas delimitadas y el Bloque Especial Icabarú, según la vocación minera diferenciada. En este lugar se proyectó desde la política del régimen venezolano la extracción de oro, diamante, coltán, cobre, hierro y bauxita, con la participación de 150 empresas provenientes de 35 países.
La población que reside en el AMO representa el 4,69% de la población nacional: 1.660.000 habitantes distribuidos en 465 poblados. En el estado Guayana, las cifras actuales de la población minera (tradicional y emergente) varían según la fuente, pero alcanzarían entre 70.000 y 150.000 personas (Instituto Nacional de Estadística, 2011). Sin embargo, la extracción minera generacional existe desde hace aproximadamente 200 años y transitó desde prácticas asociadas a la minería artesanal hacia técnicas de mayor complejidad y volumen de extracción, como la aluvional y la de galería. Lo que significa que históricamente esta zona geográfica posee amplias formas de minería sin tener otra fuente de generación económica[8].
Previo al régimen actual, el ordenamiento jurídico que regulaba la práctica minera en Venezuela se sostenía en la criminalización y no visibilidad de la realidad minera artesanal y de pequeña escala, lo que no implicó el abandono de esa práctica sino más bien su extensión. En gran medida, con la incorporación de mineros de países vecinos como Brasil y Colombia que llegaron a dichas zonas para realizar una colonización criminal (ACNUDH, 2020) de un área geográficamente estratégica en la región (Reuters, 2009).
De hecho, el Plan PIAR[9] (2003), la Misión PIAR (2004), el Plan de Reconversión Minera (2006), el Plan CAURA[10] (2007) y la Comisión Presidencial para la Protección del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera en la región Guayana (2014) se dirigieron a objetivos que supuestamente regularían la minería en esta región. No obstante, ninguna política de gobierno venezolana llegó a feliz término, teniendo en cuenta la corrupción, la falta de generación de políticas públicas serias y aterrizadas a las realidades que se vivieron en el país y la escasa capacidad de producción que ha tenido el Estado en las últimas décadas.
Situación actual del Arco Minero del Orinoco
El Arco Minero del Orinoco cuenta en la actualidad con la participación de 150 grupos empresariales nacionales y extranjeros de 35 países, con la limitante de que no se logran identificar cuáles se encuentran de manera legal, y cuáles realizan la extracción minera de forma ilegal o que dependen directamente del control a través de una “estrecha vinculación de intereses corporativos y/o criminales con las políticas públicas y sus representantes” (Grabendorff, 2017) del Estado venezolano. La página oficial del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico en el año 2017 señaló que el proyecto extractivo de la AMO consistió en la creación del plan denominado “Siembra Minera” que, de acuerdo con el ministro designado para aquel momento, Jorge Arreaza, se proyectó “como la mayor empresa mixta no petrolera en el país. Esta alianza, realizada entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la empresa canadiense Gold Reserve, abarcó un área geográfica de 18.951 hectáreas en el municipio Sifontes, ubicado dentro del Arco Minero del Orinoco” (DEMOAMLAT, 2021).
A continuación se evidencian algunas empresas que se encuentran establecidas en esta región y que abiertamente apoyan el régimen venezolano:
Empresa transnacional de origen congolés: La República Democrática del Congo (RDC) encabeza la lista de los siete países con las mayores reservas de coltán a nivel mundial. Sin embargo, las labores de extracción a cielo abierto se realizan bajo condiciones infrahumanas, con la participación de mano de obra infantil y juvenil.
Empresa Afridiam: Es una empresa que no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC); se desconoce su tren directivo, accionistas y personal con el cual desarrollan sus actividades mineras en el país.
Empresa transnacional de origen barbadense: Barbados se constituye como un paraíso fiscal para empresas mineras, debido al secreto bancario y tasas impositivas preferenciales (Cuentas Claras Digital, 2017).
Empresa GR Mining (Barbados) Inc.: Conforma, junto a la Corporación Venezolana de Minería S.A., la empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. de acuerdo con el Decreto No 2.465 del 29 de septiembre de 2016. Según la Gaceta Oficial No 41.022 del 2 de noviembre de 2016, se estableció la resolución que delimita el área geográfica en concesión a este grupo empresarial en 18.951 hectáreas ubicadas en la jurisdicción del municipio Sifontes, del estado Bolívar, por un período de veinte años (prorrogables).
Empresas de origen venezolano: Se analizan los casos de empresas de capital netamente venezolano que conforman una empresa mixta y un caso empresarial inédito, ya que se evidencia la creación de una empresa militar para operar las fases de extracción y administración minera en Venezuela.
Corporación Faoz, C.A.: Empresa ecosocialista Parguaza, Luisa Herminia Alcalá Otero, quien es venezolana, preside esta empresa que no posee experiencia alguna en la explotación minera del estado Bolívar (BiodiversidadLA, 2016).
Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg): Es una empresa operada por militares venezolanos, que fue creada de acuerdo con el Decreto No. 2.231, publicado en la Gaceta oficial No 40.845 el 10 de febrero de 2016. Las FF.AA venezolanas, con nula experiencia en las labores de explotación y administración de la industria extractiva de minerales a cielo abierto entran por vez primera en el negocio de la minería, con un carácter empresarial, pero con el único fin de poder tener el control territorial de esta zona[11].
De igual manera, con el correr de los años se ha consolidado por parte de oficiales militares (activos o retirados) la participación en aproximadamente el 30 por ciento de las empresas estatales en Venezuela, incluyendo su presencia en todas las juntas directivas de firmas estatales dedicadas a la minería[12]. Una de ellas es CAMIMPEG, una compañía militar de minería, petróleo y gas establecida en 2016. Sobre esto, el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, anunció en agosto de 2016 que las Fuerzas Armadas no solo protegerían la infraestructura minera, sino que también participarían en proyectos de desarrollo económico local a través de una “unión civil-militar[13]. En la práctica, esto se ha configurado en Zonas Económicas Militares (estas “zonas” incluyen el Arco Minero del Orinoco), brindando mayor libertad de acción para que los militares se involucren en actividades comerciales[14].
La configuración de un entramado empresarial originario de países adeptos al régimen ha hecho que la información sea cada vez más oculta con respecto al tema de estudio, tanto así que, desde la puesta en marcha en 2016 del plan del AMO, el gobierno de Nicolás Maduro no ha brindado información alguna sobre las empresas que operan en el Arco, la cantidad de oro producido y exportado ni la ejecución global del proyecto.
Sin embargo, los testimonios locales indican que son aquellas organizaciones criminales llamadas “sindicatos” que administran la mayoría de las minas en Estado Bolívar; donde no se encuentran estas estructuras, los sindicatos y el ELN han ejercido un trabajo político organizativo e intimidación armada de varios años con el fin de distribuirse estas zonas criminalmente. Los estudios y el cruce de información sugieren que estas estructuras han buscado extender sus actividades en las fronteras con Guyana y Brasil, donde se observan a menudo conflictos con las Fuerzas Armadas Bolivarianas y las comunidades indígenas locales por el control territorial.
Corrupción como elemento fundamental para la entrada de grupos criminales en el AMO
Es difícil identificar alguna actividad económica del Estado venezolano que no esté permeada por las estructuras de la corrupción administrativa y militar, “No sólo las Fuerzas Armadas han sido cooptadas formalmente por el régimen venezolano. Simultáneamente, el Gobierno ha desplegado una alta cooptación informal de militares, empresarios y líderes opositores, principalmente a través de la creación de redes corrupción” (Medina & Carrillo, 2020). En el estado de Bolívar operan seis cuerpos de seguridad: la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía regional, la Policía local, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). De igual manera, no sería complejo admitir que, en el siglo XX y lo transcurrido del presente siglo, la historia del control y manejo del poder político y económico en Venezuela está definida por diferentes matices de corrupción, enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del Estado y sus familiares, sin dejar de lado las actividades criminales y narcotraficantes que se ciernen al interior del ente gubernamental venezolano.
Es importante resaltar que Venezuela es el país más corrupto de Iberoamérica. Según Schawb y Sala-i-Martín, en 2016, en una clasificación en la que se evaluaba a los países acorde con (1) el más corrupto y (7) el menos corrupto, Venezuela encabezó el ranking con una puntuación de 1,7 (Portafolio, 2018), lo que lleva a considerar que, al ser un país con una de las reservas más grande del mundo en oro, es llamativo a cualquier organización de tipo criminal.
De acuerdo con Schwab y Sala-i-Martín, Venezuela es clasificado en el puesto No. 130/138 en el ranking de medición de los factores que impulsan la productividad y la prosperidad, posicionándose por encima de tan solo ocho países africanos: Liberia, Sierra Leona, Mozambique, Malawi, Burundi, Chad, Mauritania y Yemen (Schwab y Sala-i-Martín, 2016: XV). Siendo Venezuela un país falto de capacidad productiva históricamente, y teniendo como base fundamental la economía del petróleo, cuando se genera la vertiginosa caída de los precios del crudo, en los mercados mundiales, el Estado venezolano se encontró en la necesidad de orientar las actividades económicas hacia otros métodos, los cuales permitieron identificar espacios lucrativos para tratar de sostener la deuda externa, continuar realizando inversiones en programas sociales que sostenían la llamada revolución y mantener financieramente al Estado; por lo cual, nada presentaba una mejor oportunidad que la industria minera de extracción a cielo abierto.
La consulta de varios documentos da cuenta del papel de las Fuerzas Armadas en la minería, en especial del Ejército y la Guardia Nacional, haciendo hincapié en cómo utilizan su influencia política para enriquecerse a través de la minería ilegal.
La minería ilegal se entiende como:
La explotación ilícita de recursos minerales, de manera contraria al concepto del respeto sobre los aspectos enunciados, usurpa la propiedad pública sobre los bienes de la Nación, desaprovecha abiertamente los recursos naturales no renovables, afecta de manera sensible fauna, flora, aire, agua y suelo, genera sobrecostos en el uso de recursos imprescindibles para la vida y genera pasivos ambientales, que niegan a los pobladores el racional usufructo de dichos recursos, ocasiona problemas de salubridad pública, alimentaria, desplazamiento forzoso y muchos otros problemas de orden social. (Contraloría General de la República, 2013)
De acuerdo con la figura 2, no es indiferente ver a guardias y soldados cobrando a los mineros un porcentaje de la producción de oro y exigiendo pagos de extorsión en las rutas desde y hacia las minas[15].
FIGURA 2. Explicación del control de minería ilegal en Venezuela
Fuente: Tomado de: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/masacres-de-mineros-en-venezuela-son-resultado-de-la-guerra-por-el-oro-entre-militares-y-pranes/
Los intereses criminales de los actores armados
Realizando un estudio de los fenómenos criminales que se han desarrollado en los últimos 10 años, dentro de esta región geográfica se identifica el aumento de violencia e inseguridad en la región del AMO[16]. De los distintos actores armados, de los cuales se destacan el ELN, grupos disidentes de las FARC y organizaciones criminales venezolanas conocidas como “PRANES[17] y SINDICATOS[18]”, surgieron los sindicatos de trabajadores de la construcción en las dos principales ciudades de Bolívar, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. De acuerdo con los trabajadores, era común que los sindicatos de la construcción obtuvieran contratos laborales en la industria de la construcción, a través de la intimidación y la extorsión, operando como grupos de crimen organizado antes de que la crisis económica hiciera que la industria se contrajera, compitiendo muchas veces por el control de las actividades mineras en la región del Arco.
El Observatorio Venezolano de Violencia, una organización académica que estudia las raíces y el impacto de la violencia en la sociedad, dice que el pranato surge cuando la ley se rompe. Asimismo, manifiestan que:
El pran es más que un significado; es el símbolo de la ruptura del control institucional formal, en primera fase; y su expansión muestra la degradación social que se adapta a la incompetencia estatal para ejecutar un control social, formal e informal, que sea efectivo para regular la conducta social de los individuos. (InSight Crime, 2017).
Teniendo en cuenta lo anterior, evidenciando las capacidades para realizar control ilegal del territorio, cogobierno y clientelismo armado, el ELN se trazó hace varios años como objetivo estratégico no solo consolidar esta región venezolana como retaguardia estratégica sino como un área geopolíticamente importante. En tanto que su beneficio se da al apropiarse de los dividendos que genera la actividad de la minería ilegal, el control de rutas del narcotráfico y el reclutamiento forzado en esta región.
La evidencia sugiere que los distintos grupos armados, ya presentes en la zona, han tomado el control de las actividades mineras rápidamente desde su incursión en dicha área geográfica, así como la mutación de nuevos fenómenos criminales. El AMO ha experimentado una expansión continua[19], lo que ha permitido que día a día surjan nuevos grupos armados ilegales, adicionales al ELN, disidencias de las FARC y Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) (Human Rights Watch, 2020), que generen confrontaciones armadas con la intencionalidad de obtener el control de las minas o yacimientos mineros. Un dato de carácter estratégico indica que la producción del oro permanece como único mineral de extracción en esta región, teniendo en cuenta que también se extraen otros minerales preciosos como el diamante, el coltán y la bauxita; haciendo cada vez más interesante financieramente esta zona geoestratégica, en especial por su carácter criminal, al fortalecer la presencia y dominio de grupos al margen de la ley en los estados Amazonas y Apure, ya que les permite establecerse en límites fronterizos, y controlar el paso de gasolina, gasoil y alimentos, además del contrabando, el tráfico de cocaína, armas y el control de la explotación minera en las riberas del río Sipapo (SOS ORINOCO, 2020).
Según estudios del International Crisis Group (ICG) (2019), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que históricamente ha utilizado el territorio de Venezuela como un refugio seguro, ha fortalecido su presencia en el estado de Bolívar, en Amazonas y a lo largo de la frontera con Guyana y Brasil. Mediante la extorsión, la guerrilla ha entrado a manejar distintas vías de transporte claves para el contrabando de minerales y de bienes necesarios para la extracción minera. Es así como el control de pistas para la extracción de los minerales también ha establecido dentro de estas zonas unas rutas del narcotráfico libres para su circulación.
En el estado Bolívar, las guerrillas se han acercado a las comunidades que enfrentan problemas con los sindicatos para ofrecer “protección” contra las pandillas delictivas violentas[20]. Frente a esto, el ELN ofrece armas, junto con entrenamiento militar y político. En Amazonas, una maestra dijo que algunos de sus estudiantes vivían en un campamento cercano del ELN, donde recibían comida y refugio[21]. Las estrategias para mantener a las comunidades bajo control incluyen entregas por parte del ELN de paquetes de alimentos subsidiados por el Estado en al menos 40 municipios de cinco estados diferentes, incluidos Bolívar y Amazonas, utilizando el ELN sus conocimientos sobre el trabajo político organizativo.
Una muestra de ello la da el diputado opositor a la Asamblea Nacional de Venezuela, Américo de Grazia, quien publicó en su cuenta de Twitter la incursión de un grupo de 60 hombres pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a una zona turística conocida como Las Trincheras, ubicada en la población de Maripa, capital del municipio Sucre, en el Estado Bolívar, punto central de AMO, como se observa en la figura 3. Aquí, con base en informaciones públicas se da cuenta del modus operandi en que se realizó este desdoblamiento criminal en diferentes puntos geográficos del AMO por parte del Grupo Armado Organizado del ELN. Según el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (2020) el ELN tiene control de vías de acceso en esta región mediante la extorsión, así regulan el contrabando de minerales y de los recursos necesarios para su extracción. Este grupo armado no solo está presente en el Estado de Bolívar, también en Amazonas y en las fronteras con Brasil y Guyana.
FIGURA 3. Presencia del grupo armado ELN
Fuente: Tomado de: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/hambre-minera-eln-venezuela/
El ELN ha configurado en esta zona un área de retaguardia estratégica para desarrollar sus acciones criminales. En octubre de 2018 se atribuyó a esta guerrilla la masacre de siete mineros en el sector El Bochinche, en el municipio Sifontes, del estado Bolívar, en la frontera entre Venezuela y Guyana (Crisis Group, 2019). Se debe tener en cuenta que el nacimiento del AMO presenta en la frontera con Guyana, un factor de presión, ya que este sitio se encuentra en litigio internacional por la Guayana Esequiba. Básicamente se trata de una parte sustancial del territorio guyanés (alrededor de dos tercios) que es reclamado por Caracas, en un contexto en el que, además, la excolonia británica descubrió enormes riquezas petroleras y minerales (Nueva Sociedad, 2021).
Otro de los intereses marcados por la extracción de la minería en el AMO fue la de realizar la extracción del oro y su comercialización de manera internacional, puesto que no se encuentra ligado al narcotráfico. Por lo tanto, aprovechando que el dinero se convierte en legal desde su primera venta, y las agencias antidrogas internacionales no realizan operaciones contra el tráfico ilegal de oro o piedras preciosas, la persecución de las autoridades de los Estados Unidos como elemento de tipo persuasivo no tiene ningún alcance real frente a las organizaciones narcotraficantes, dejando así que esta actividad genere una mayor rentabilidad para las estructuras de crimen organizado y el movimiento de dineros sea más expedito.
Evidentemente, el sector minero se consolidó como el principal salvavidas financiero de Venezuela. A través del decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco (AMO)” en el año 2016. El gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido a una serie de maniobras legales e ilegales para asegurar su control. La revista Insight Crime, en su análisis del año 2016, describe que dentro del ramillete de medidas ilegales se relaciona la entrega de territorio a estructuras del grupo armado organizado del ELN, con el ánimo de continuar ejerciendo control ilegal del territorio[22].
Las relaciones que los actores armados cultivan entre sí son muy versátiles, y los sindicatos parecen rivalizar regularmente con el ELN, sin embargo, se habla de un poder disuasivo en cabeza de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, materializado en los comandantes de las REDIS[23] y ZODIS, debido a que representa un elemento de poder cuasi legal que ha determinado la distribución de estructuras criminales, el pago por concepto de corrupción y el ajuste de cuentas entre estas estructuras criminales.
Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) expresa que desde 2018 estructuras del ELN han ubicado gran parte de sus actividades criminales en Venezuela. Estudios de ICG y Human Rights Watch sugieren similarmente que el ELN sostiene presencia e injerencia sobre la frontera colombo-venezolana, especialmente en el estado Amazonas, donde controlan corredores estratégicos no solamente para el comercio de minerales preciosos, sino con el fin de controlar las pistas clandestinas que hacen parte de las diferentes rutas del narcotráfico.
Las estructuras criminales han diseñado un modus operandi que busca controlar todos los recursos mineros, principalmente, basándose en la explotación ilícita del AMO. Según los grupos locales, las guerrillas subcontratan a grupos armados para vigilar a los mineros de manera permanente. Estos delinquen a través del control directo de las minas del arco, la explotación laboral de los mineros y la extorsión sistemática de las actividades relacionadas con la minería en los pueblos mineros. El informe de Crisis Group sobre América Latina N° 73 del 28 de febrero de 2019 narra cómo “numerosos testigos del negocio minero testifican que el ELN ahora controla un corredor de oriente a occidente a través de las principales regiones minerales del sur de Venezuela, lo que consolida su autoridad en algunas zonas mineras mientras busca extenderse hacia otras” (Crisis Group, 2019)[24].
Adicionalmente, los actores armados se encargan de la seguridad en las minas, por ejemplo, controlan las entradas y salidas, y recurren frecuentemente al uso de la fuerza para hacer respetar sus reglas. Los sindicatos venezolanos basan su estrategia en la intimidación y sumisión de los habitantes, practicando castigos corporales, palizas, asesinatos selectivos y masacres[25]. Como consecuencia de los enfrentamientos, tanto entre grupos armados como con las Fuerzas Armadas venezolanas, el estado de Bolívar registró niveles de inseguridad crecientes desde 2016. En 2018, dos de sus municipios, El Callao y Sifontes, fueron los más violentos del país con tasas de 620 y 448 asesinatos por cada cien mil habitantes.
Discusión y Hallazgos
La situación en la zona del AMO permanece incierta, y los grupos armados ejercen una dominación sobre los asentamientos mineros. Lo que conlleva a que se regule la vida diaria en los pueblos que proporcionan materias primas (que proceden muchas veces del contrabando) y mantienen el comercio gracias a la introducción del oro en la economía local. La evidencia sugiere que ofrecen servicios de protección a las comunidades locales contra los grupos rivales, y reclutan jóvenes en las comunidades remotas. Sin embargo, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado en los pueblos mineros el crecimiento de actividades de prostitución y explotación sexual de las mujeres.
Venezuela presenta complejos escenarios como resultado de las debilidades para emprender una efectiva diversificación productiva[26]. Lo que está ocurriendo es, entonces, la diversificación del extractivismo, sostenido por el paraestado, mientras se reconfiguran nuevos regímenes biopolíticos sobre los territorios. Las derivas del modelo rentista sostenido en la industria petrolera venezolana se agudizan y se expresan en territorios en los que se ha expandido la minería ilegal. En el marco de una profunda crisis económica nacional, del modelo rentista y de la configuración del Estado que lo sostiene, surgen proyectos intensivos y extensivos de explotación de minerales. Venezuela no ha abandonado su papel en el concierto económico mundial como proveedor de materias primas. Es más, el peso de los rubros con escaso o nulo procesamiento se ha profundizado en las últimas décadas.
En estos últimos diez años, al no consolidar su autonomía ni bases sólidas para el desarrollo de un nuevo modelo económico, el proyecto bolivariano quedó a merced de los impactos de la crisis mundial del capital, la escandalosa fuga de capitales, el endeudamiento creciente, la corrupción, las presiones y los bloqueos internacionales de muy reciente data, la dinámica clientelismo/cooptación y la caída de los precios del petróleo (principal fuente de ingreso de divisas). Un ejemplo claro de lo anterior es la incapacidad real y efectiva de la capacidad de producción para cubrir las necesidades básicas de la población en materia agroalimentaria.
El Estado venezolano ha sido incapaz de resolver la problemática relacionada con el pranato minero en Guayana, el cual, según los testimonios obtenidos en entrevistas a habitantes de la región y diversas fuentes documentales y hemerográficas, se intensificó de forma exponencial desde 2006. A partir de estos esquemas de control de territorios en Guayana, casi la totalidad de los mineros están sometidos y obligados a pagar a organizaciones delictivas «vacunas» que no bajan de 50% de la ganancia total por el material extraído.
Estas bandas armadas, por sus orígenes, fines y vínculos, se hacen llamar «sindicatos». Pero la realidad es que se trata de un modo de organización nutrido de las tramas que se han impuesto en las instituciones carcelarias bajo la figura del «PRAN». Es decir, un recluso con el máximo poder en los centros penitenciarios y jefe de una estructura vertical de dominio que opera bajo patrones de operación, normas de organización y acciones con incidencia más allá de las cárceles. El control territorial de estas bandas armadas excede el espacio de la mina; despliegan su poder de coacción y lógicas organizativas en todo el entramado socioeconómico de la región, incluso en las grandes urbes del Estado como Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix, así como poblados indígenas presentes en todo el territorio.
Este entramado socioeconómico alrededor de la minería se evidencia en la proliferación de bares, prostíbulos y casas de juego, así como en el incremento del tráfico de minerales, de maquinaria para la extracción y en los altos índices de violencia. Así pues, se mantiene una íntima relación con el tráfico de drogas, de combustible, de alimentos producidos y regulados por el Estado (muy escasos en el resto del país, pero abundantes en los pueblos mineros del sur del estado Bolívar). Incluso, la economía minera supedita oficios y servicios ajenos a la minería (comunicaciones, construcción, comercio) e influye de forma determinante en la gestión público-institucional local y regional, a tal punto que la disputa por el botín criminal que yace sobre la región del sur del río Orinoco está encabezada por una alianza operativa entre facciones del Gobierno venezolano y las organizaciones criminales. Desde que el sector minero se consolidó como el principal salvavidas financiero de Venezuela, a través del decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco (AMO)” en el 2016, el gobierno de Maduro ha recurrido a una serie de maniobras legales e ilegales para asegurar su control. Entre ellas, se identifica lo dicho por Américo de Grazia en conversación con InSight Crime:
El gobierno de Maduro tiene la intención de limpiar las zonas mineras de Bolívar con la ayuda del ELN. Sabe que la mejor forma de no ensuciarse las manos y asegurar el control territorial de esta región es por medio de la colaboración clandestina de esta organización guerrillera. (InSight Crime, 2017)
La extracción ilegal minera en Venezuela también se encuentra relacionada con grupos ex - FARC mafia, como lo documentó la ONG SOS Orinoco en noviembre de 2019, puesto que en varios corredores fluviales ubicados en los estados Bolívar y Amazonas estarían controlando y sometiendo a las comunidades locales a sus reglas. Los pueblos indígenas Yekwana, Sanemá y Hoti que habitan sobre la cuenca del río Caura han venido padeciendo este flagelo desde hace más de 10 años. Lo que empezó siendo un plan para ordenar la actividad minera ilegal en la zona en 2008, conocido como el Plan Caura, terminó siendo una movida estratégica del Gobierno venezolano para apropiarse de los yacimientos que hay en esta zona.
En el informe más reciente, publicado el pasado 15 de julio por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se resalta que la expansión de la actividad minera en el AMO ha ido en contra de los derechos de autonomía y autodeterminación de estos grupos indígenas. Se han otorgado concesiones y creado empresas mixtas con emporios mineros extranjeros, algunos de los cuales ya fueron expropiados en el pasado; y, como consecuencia, presentaron querellas financieras contra el Estado venezolano, que al ganarlas han generado nuevos endeudamientos al país. No se han dado a conocer las modalidades de pago para resarcir los daños o si en las nuevas negociaciones se establece el reingreso al país de los grupos expropiados.
La megaminería a cielo abierto, asumida por el Estado venezolano, es una de las modalidades extractivas que, junto a la minería ilegal, se constituyen como las más destructivas del medio ambiente natural. Ambas se emplean para generar ganancias a un elevado costo social y colocan en condición de amenaza a la biodiversidad, rompiendo el equilibrio de los ecosistemas (PROVEA, 2016).
Conclusiones
Los sindicatos criminales de Venezuela y los grupos armados organizados, como por ejemplo el ELN, han generado nuevas amenazas criminales en el sur de Venezuela, principalmente en el estado de Bolívar donde se centra la principal riqueza minera del AMO. Esto surge por una competencia del control de los lucrativos recursos minerales de la región. Las tensiones y la violencia se han incrementado en los últimos meses, hasta llegar a escenarios de confrontación entre grupos armados organizados y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
De este modo, actores armados, estatales y no estatales, dentro de los cuales se resalta el grupo armado organizado del ELN, han realizado una expansión criminal en esta región. El rápido declive en la producción de petróleo en territorio venezolano ha convertido a la minería de oro en una fuente vital de ingresos, puesto que ayuda a mantener o financiar escenarios de confrontación no solamente en el país o la frontera colombo-venezolana, sino que trascienden al ámbito regional, por lo que se considera un tema geopolítico.
Las lucrativas operaciones mineras no son el único atractivo para los grupos criminales que buscan ganar dinero en el sur de Venezuela. El reclutamiento forzado en comunidades indígenas remotas y pobres, la consolidación de corredores de movilidad para el tráfico de drogas y el control por las pistas ilegales hacia los mercados del Caribe, América del Norte y Europa, hacen de esta región un área geográfica de importancia que debe estar dentro del radar de las agencias de inteligencia de nivel global, en tanto que sus impactos y efectos logran esparcirse sobre diferentes actores gubernamentales o privados, inmersos en estas lógicas de explotación criminal del AMO.
Para terminar, evidentemente continuará el creciente flujo de actores criminales y políticos interesados en esta región venezolana, en especial, por sus riquezas naturales, minerales y la flexibilización de sus normativas; elementos llamativos para cualquier actor. Así como también seguirá el interés ante su amplia capacidad financiera y de sostenimiento para aparatos de crimen organizado, dando con ello músculo para la desestabilización estatal y política en la región.
Referencias
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