Crisis migratoria venezolana: una amenaza a la territorialidad y seguridad del Estado colombiano[1]
Venezuelan migration crisis: a threat to the territoriality and security of the Colombian State
Revista PERSPECTIVAS
EN INTELIGENCIA
Fernando Chavarro Miranda1, Nathalya Albarracín2 y Vladimir Osorio Isaza3*
(1) Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima – Perú, fernando.chavarro@yahoo.es
(2) Universidad del Rosario, Bogotá – Colombia, nathalya132525@gmail.com
(3) Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, Bogotá – Colombia, vsaza35@gmail.com
* Autor a quien se dirige la correspondencia
Volumen 11, Número 20, Enero - Diciembre 2019, pp. 217-235
ISSN 2145-194X (impreso), 2745-1690 (en línea)
Bogotá D.C., Colombia
http://doi.org/10.47961/2145194X.26
Fecha de recepción: 19/02/2019 | Fecha de aprobación: 04/09/2019
Resumen
Durante los últimos cuatro años, la migración venezolana ha generado problemas en la calidad de vida de aquellos venezolanos que llegan al país en condición de vulnerabilidad, y en busca de mejores condiciones económicas, sociales, laborales y sanitarias. Sin embargo, la migración representa un desafío no solo humanitario, sino una amenaza a la territorialidad soberana del Estado colombiano.
Así mismo, la migración está ligada a los factores de inestabilidad, dado que existe una instrumentalización de los migrantes por parte de los grupos al margen de la ley que afectan la seguridad del Estado. Por lo anterior, se entiende la migración como una amenaza no tradicional bajo el enfoque de la seguridad multidimensional. Por ello, para el Estado es fundamental entender este fenómeno de manera integral, es decir, generar una estrategia de manera transversal a todas las entidades del Estado que permitan minimizar los riesgos sociales y de seguridad.
Clasificación JEL: F51, F52, R23.
Palabras Clave: Venezuela; territorio; migrantes; Estado colombiano; seguridad.
Abstract
During the last four years, Venezuelan migration has generated problems in the quality of life of those Venezuelans who arrive in the country in a vulnerable condition, and in search of better economic, social, labor and health conditions. However, migration represents a challenge not only humanitarian, but also a threat to the sovereign territoriality of the Colombian State.
Likewise, groups outside the law that affect the security of the State link migration to factors of instability given that there is an instrumentation of migrants. For the above, understanding migration as a non-traditional threat under the multidimensional security approach. For this reason, it is fundamental for the State to understand this phenomenon in an integral manner, that is, to generate a strategy that is transversal to all State entities that minimize social and security risks.
Keywords: Venezuela; territory; migrants; Colombian state; security.
Introducción.
La zona de frontera entre Colombia y Venezuela, se ha caracterizado por su actividad y margen de intercambio cultural. La frontera entre Colombia y Venezuela es la más extensa que comparte Colombia con 2.216 kilómetros (Rodríguez, 2009, p.2). De este modo, esta frontera constituye como un punto álgido para las migraciones constantes y también por la gran cantidad de actividades ilícitas que allí se presentan. Además, esta frontera presenta manifestaciones de sub-regionalismo o identidades alternas a los Estados, lo cual hace que la población se desligue de manera particular a lo que pasa en el resto del país; de este modo, los habitantes de la frontera, especialmente los ejes Guajira-Cesar-Zulia, Norte de Santander-Táchira y Arauca-Apure han de generar principios y normas compartidos (Bustamante, 2004). Lo anterior, se basa en su pasado común lo cual une de manera especial a los pobladores de esta zona de frontera.
Ahora bien, la política exterior de Colombia y Venezuela se ha esforzado por crear un marco más amplio de acción en sus relaciones bilaterales, dado las numerosas dificultades que presenta. Sus decisiones políticas, sobre todo desde 1960 hasta finales del siglo XX, han estado influenciadas por el realismo clásico (Ramírez, 1999), en tanto la ejecución de sus políticas se ha enfocado en “la correspondencia entre medios y fines, la distinción entre formulación y ejecución de políticas, la evaluación del costo o beneficio de algunos riesgos asumidos en cada uno de sus periodos gubernamentales” (Ramírez, 1999, p.117). En este sentido, su política exterior se ha enfocado en un análisis racional, aunque esto presenta una limitante a la hora de observar las dinámicas reales en las zonas de frontera.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante precisar los problemas que trae la centralidad de las decisiones políticas a la hora de considerar los problemas que comparte la zona, con actividades ilícitas tales como el lavado de dinero, el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas, sumadas a la presencia de grupos al margen de la ley. Esto último, se enmarca en las decisiones centralizadas que dispone cada Estado en materia de política exterior, puesto que el actuar gubernamental se ha dado sin tomar en cuenta el desarrollo del comercio, el cambio de divisas y el intercambio agrícola. Lo anterior se plantea con base en que los proyectos de integración de políticas se han visto truncados por una relación conflictiva entre Colombia y Venezuela, que se ha visto acrecentada por los procesos migratorios de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano, específicamente con la tercera ola de migrantes.
La ‘primera ola’ ocurrió entre 2000 y 2005, con un pequeño número de industriales y de políticos que se sintieron amenazados por el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. En este mismo periodo alrededor de 100.000 colombianos que huían del conflicto armado o que buscaban mejores oportunidades económicas migraron a Venezuela y muchos de ellos fueron nacionalizados por Chávez. Cuando el gobierno de Chávez despidió a 18.000 empleados de la petrolera oficial PDVSA en el 2005 y tomó su control revivió esta ola migración que encontró en el auge petrolero de Colombia, oportunidades para trabajar o crear empresas en este sector.
La ‘segunda ola’ estuvo permeada por el éxodo de empresarios y profesionales de clases media y alta, que huyeron de las medidas cada vez más radicales de Chávez entre 2008-2010 y encuentra su final con la muerte de este presidente en 2013 y la llegada al gobierno de Maduro. La creciente crisis económica y la persecución a los colombianos ilegales motivó el regreso de miles de compatriotas y el comienzo del gran éxodo de venezolanos. De acuerdo con las cifras oficiales, el 65 por ciento de los migrantes eran colombianos con nacionalidad del país vecino o sus hijos; de esta oleada hacen parte los más de 18.000 colombianos que regresaron al país, tras el cierre de la frontera decretado por Maduro el 19 de agosto del 2015 y que produjeron la primera crisis migratoria.
La ‘tercera ola’ encuentra sus inicios en las reformas políticas y económicas de Maduro que conllevaron a la crisis económica venezolana en el 2013 y que generó el aumento del éxodo de venezolanos en el 2016, de manera exponencial, con la reapertura de la frontera. Mientras que en 2015 ingresaron de manera legal al país alrededor de 330.000 personas, esta cifra ascendió a 796.000 en 2017. Aunque la mayoría regresó a Venezuela cuando se les venció el tiempo de residencia, 144.000 se quedaron en Colombia.
Por consiguiente, el presente trabajo se enfocará en analizar lo que se ha denominado la ‘tercera ola de la migración venezolana’, debido a que esta población migrante difiere considerablemente de las anteriores por las condiciones de vulnerabilidad en las que llega dicha población a territorio colombiano. Además, al hacer la caracterización de las distintas olas migratorias venezolanas, se observa que la tercera no trae consigo la misma cantidad de población venezolana altamente calificada como las anteriores olas, ya que se distingue por ser una población migrante no calificada.
Desarrollo
La seguridad fronteriza entra como un tema central en la relación de estos dos Estados, en tanto se considera una situación atípica, entendiendo la crisis migratoria como humanitaria, pero sobre todo como un riesgo a la seguridad territorial del Estado colombiano. En tanto, se da la presencia de Grupos Delincuenciales (GDO), Grupos Armados Organizados (GAO) y el Sistema de Amenaza Permanente (SAP-ELN), este contexto genera procesos diferenciales, dado su influencia sobre el territorio y la población. Además, las decisiones de los gobernantes se han centrado en la amenaza que plantea la presencia de estos actores en zonas de frontera (Ramírez, 1999), descuidando el desarrollo del comercio, el cambio de divisas, el intercambio agrícola y la atención al migrante de manera integral. Lo anterior, sumado a la situación coyuntural que atraviesa Venezuela, genera un espacio propicio para la participación de migrantes en actividades ilícitas en cada lado de la frontera.
Siguiendo lo anterior, la pregunta que orientará el siguiente trabajo es: ¿Cuáles son las amenazas a la territorialidad y a la seguridad del Estado por parte de la migración masiva de venezolanos en el periodo 2014-2018? Se sostiene que la amenaza de la migración venezolana a la territorialidad se enmarca en desafiar la integridad territorial, marítima y de recursos naturales en zonas de frontera con Venezuela. Además, dentro de las dinámicas migratorias se presenta otro reto para el Estado colombiano, debido a que algunos ciudadanos venezolanos están siendo cooptados por grupos armados ilegales colombianos, para involucrarlos en actividades ilícitas dentro del proceso operacional de estos grupos.
Migración irregular: un problema compartido, una solución dividida
El problema de la migración irregular representa otro reto para el Estado colombiano, en tanto este punto de la frontera se ha vuelto paso obligado para la migración irregular de venezolanos a Colombia. Al mismo tiempo, la región fronteriza es un corredor estratégico para los traficantes de migrantes.
En primer lugar, es pertinente abordar el concepto de migración como “el movimiento de personas de un lugar a otro” (Martin y Zürcher, 2008), el cual se da a través de las fronteras nacionales. Se entiende que el tránsito de personas se da por razones sociales, económicas o políticas (Robayo, 2013).
Si bien la compleja situación política que atraviesa Venezuela ha influido en la ola migratoria, la razón fundamental es económica, debido a la creciente inflación, los altos índices de desempleo y la escasez de alimentos. Lo anterior ha obligado a que personas, en su mayoría altamente calificadas, migren en busca de nuevas oportunidades (Robayo, 2013). Si bien esto se puede ver como una ventaja para Colombia, también se debe tener mucho cuidado, en tanto, la ola de migración representa un reto político para los dos países (ver Figura 1).
TABLA 1. Crecimiento de migración venezolana (2012-2016).
|
Año |
Entradas |
Salidas |
Total |
Variación entradas |
|
2012 |
251.475 |
238.084 |
489.559 |
-- |
|
2013 |
261.343 |
248.921 |
510.264 |
4% |
|
2014 |
291.539 |
274.739 |
566.278 |
12% |
|
2015 |
329.478 |
314.666 |
644.144 |
13% |
|
2016 |
378.965 |
311.252 |
690.217 |
15% |
|
Total |
1.512.800 |
1.387.662 |
2.900.462 |
-- |
Fuente: Migración Colombia (2017).
Dicho reto se entiende, en tanto las entradas de venezolanos a Colombia se han incrementado durante los últimos años. Así mismo, la cantidad de venezolanos que ingresan al país difiere de la que sale, puesto que muchos de ellos han llegado a Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y especialmente a Cúcuta, en aras de buscar una mejor oportunidad (Noticias Caracol, 2017). Igualmente, el crecimiento exponencial de los últimos años (Figura 1) se debe a condiciones políticas y económicas desfavorables, en tanto no existe una política integral fronteriza que se enfoque en las necesidades de la población.
FIGURA 1. Crecimiento de migración venezolana (2012-2016).
Fuente: Migración Colombia (2017).
No obstante, es claro que esta oleada de migrantes no es la primera ya que, en el 2005 y luego del despido de 18.000 trabajadores de la empresa de Petróleos de Venezuela (PDVSA) (Semana, 2016), muchos trabajadores altamente calificados llegaron a Colombia a insertarse con gran éxito en numerosos sectores productivos.
Así mismo, durante 2010, muchos venezolanos huyeron en aras de salvar su capital de las expropiaciones lideradas por el entonces mandatario Hugo Chávez (Semana, 2016). En ese momento, esto trajo gran inversión, además de que muchos venezolanos llegaron a crear compañías, en tanto suponen la similitud cultural y de consumo de los dos países. Todo ello ha de verse como una ventaja a la hora de la recepción de venezolanos en Colombia.
Se debe agregar que, para ese momento, el precio del barril del petróleo bordeaba los 100 dólares, razón por la cual no constituía una preocupación fundamental para el gobierno venezolano. Sin embargo, con la disminución del precio del petróleo, los recursos en Venezuela se están agotando y ha empezado a generarse una gran crisis social, reflejada en la gran cantidad de marchas, protestas y presión por parte de la población (Noticias Caracol, 2017).
Entendiendo lo anterior, se considera que la migración de venezolanos es un reto para el gobierno vecino, en tanto gran parte de los empresarios están saliendo o salieron del país, generando así una gran crisis social. En este punto es cuando el gobierno de Colombia debe tomar una posición de apoyo, ya que ese emprendimiento y personal calificado se ha ido insertando lenta pero exitosamente en el mercado laboral, lo cual trae grandes beneficios para la economía.
Ahora bien, la crisis venezolana también ha sido aprovechada por traficantes de migrantes, los cuales usan corredores por la frontera para traer extranjeros de manera irregular (Figura 3). De este modo, el fenómeno de migración irregular implica –además de una motivación primariamente económica– mejorar el nivel educativo, el conocer otras culturas, algunas causas étnico-religiosas o por conflictos.
La afirmación anterior engloba las razones más comunes que estimulan la búsqueda de un mejor futuro para la población venezolana en donde, adicionalmente, la cercanía cultural es una ayuda para el migrante que llega a adaptarse a Colombia. Adicionalmente, se presenta migración de cubanos, asiáticos y sirios quienes pretenden llegar a Estados Unidos o, en algunos casos, establecerse en Colombia, la mayoría de ellos huyendo de la situación política de sus respectivos estados.
Por lo tanto, el tráfico de migrantes es otro de los puntos que afectan la territorialidad del Estado colombiano, en tanto constituye un problema social, económico el cual muchas veces es afrontado por las entidades regionales o locales, las cuales no cuentan con los recursos necesarios. Así pues, complejiza aún más la zona, ya que la situación actual de la frontera es el reflejo de la falta de una política integral que afronte, de manera tácita, los problemas ilícitos que afectan la seguridad en el ámbito multidimensional, aunado a la instrumentalización de los migrantes para la realización de actividades ilegales que benefician a los grupos armados ilegales colombianos.
FIGURA 2. Ruta tráfico de migrantes irregulares.
Fuente: Ejército Nacional, Batallón de Contrainteligencia N° 5 (2016).
Disputas territoriales
Los hitos limítrofes entre Colombia y Venezuela llevan más de dos siglos en definición. Desde el año 1777, cuando la realeza española determinó resolver estas disputas mediante la expedición de una “Real cédula” –que consistía en una orden consignada por el rey de España que resolvía algún conflicto de relevancia jurídica, entre los siglos XV y XIX– y hasta 1941 –que se elaboró el Tratado López de Mesa-Gil Borges que define las fronteras terrestres y los ríos comunes entre Colombia y Venezuela–, después de casi 60 años de negociación (1881-1938), se han visto numerosos intentos por definir los 2.219 km de frontera entre estas dos naciones sudamericanas. A pesar de estas negociaciones y tratados, aún existen reclamaciones territoriales, en su mayoría marítimas, sobre los límites definidos anteriormente.
Venezuela apunta a sostener que su frontera está delimitada por la propuesta conocida como la “hipótesis de Caraballeda” en la cual la delimitación marítima corresponde a “la prolongación de la línea de la frontera terrestre sobre el Golfo, y el establecimiento de una línea media entre la península de la Guajira y el archipiélago de los monjes” y adicionalmente sustentada en la tesis de “costa seca” que confiere plena administración de las actividades económicas en aguas del Golfo de Maracaibo a Venezuela.
El problema fundamental con respecto a la amenaza territorial parte de un diferendo limítrofe histórico, el cual se ve acrecentado con la llegada de la migración venezolana. Por un lado, la ausencia del Estado en zona de frontera, entendiéndolo como la falta de control efectivo del territorio. De este modo, la migración representa una amenaza a la integridad territorial reflejada en la disputa histórica del Golfo de Coquibacoa y a los territorios que formaban parte de la antigua Capitanía General de Venezuela bajo el precepto del artículo 10 de la Constitución Venezolana.
Por otro lado, la llegada masiva de venezolanos que se asientan en territorio de frontera en donde además de las disputas existen recursos naturales estratégicos, es un riesgo territorial para el Estado colombiano. De igual forma, bajo el principio uti possidetis de facto como una forma originaria de adquirir el territorio, en el cual el Estado colombiano no ha logrado ejercer plena efectividad soberana, constituye un problema territorial sobre el cual Venezuela ha de enfocar su política exterior.
Así mismo, las altas tasas de migración en la frontera colombo venezolana ha sido una constante en los últimos 40 años, principalmente derivadas de los problemas coyunturales que han afrontado estos dos países. A finales del siglo pasado la balanza migratoria mostraba a Colombia como el principal generador de migrantes regulares e irregulares, debido al conflicto armado que este país afrontó por más de 50 años; pero, desde el inicio del presente siglo, la balanza ha ido cambiando con las denominadas “tres grandes olas migratorias” venezolanas.
Desde el año 2016 podemos entender este fenómeno como una crisis migratoria que, de acuerdo con el más reciente informe de la Oficina Internacional de Migraciones, organismo de la ONU (febrero, 2018), el volumen de venezolanos que viven fuera de su país es aproximadamente de 1 millón 622 mil 109 personas. Esto no incluye a los que tienen condición de refugiado o han solicitado asilo. Los datos son hasta diciembre de 2017.
Este fenómeno de migración masiva genera determinadas condiciones políticas, sociales y económicas adversas que representan, o pueden representar en un futuro, problemas de gobernabilidad, ataques a la seguridad y defensa de Colombia, y amenazas a la soberanía nacional. Por esta razón, la migración es una amenaza a la territorialidad colombiana sumado a la presencia de grupos armados ilegales colombianos que ha de cooptar a los migrantes venezolanos en condición de vulnerabilidad.
Inmersión de ciudadanos venezolanos en SAP-GAO y procesos ilícitos en Colombia
La amenaza que implica la cooptación de venezolanos en estado de vulnerabilidad que llegan al Estado colombiano es aprovechada por grupos armados que los incorporan dentro de sus procesos operacionales. Lo anterior, puede ser visto a través de algunos ejemplos de la participación de aquellos ciudadanos en el Sistema de Amenaza Permanente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Grupos Armados Ilegales como el Clan del Golfo y en las actividades ilícitas del narcotráfico. La participación de los venezolanos en los distintos grupos se da en diferentes acciones ilegales que se llevan a cabo dentro de sistema operacional de cada uno de ellos.
En primer lugar, el Ejército de Liberación Nacional ha realizado varios ataques a la infraestructura estratégica del Estado, dejando víctimas mortales y heridos tanto militares como civiles. Sin embargo, otra de las actividades ilegales que está realizando el ELN es el reclutamiento de migrantes venezolanos en estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, en Norte de Santander el 11 de febrero de 2018 dos ciudadanos venezolanos intentaron ubicar 60 kilos de explosivos debajo del puente que comunica a Pamplona con Cúcuta (Noticias Caracol, 2018).
FIGURA 3. Áreas de injerencia generales SAP-ELN.
Fuente: Ejército Nacional, Batallón de Contrainteligencia N.° 5 (2016).
En segundo lugar, la participación de migrantes venezolanos en actividades ilegales que contribuyen a los procesos dentro de los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo puede evidenciarse en la denuncia que hace la Gobernación de Antioquia al advertir que los venezolanos están llegando al municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca, para cometer delitos como el hurto de motocicletas para el transporte de material bélico (armas de fuego), que beneficia al mencionado grupo armado ilegal. El transporte de este material transporte se está realizando por parte de ciudadanos venezolanos y contribuye a agudizar la crisis en esta región por causa de los combates entre el Clan del Golfo y el ELN (Noticias RCN, 2018).
FIGURA 4. Áreas de injerencia generales GAO.
Fuente: Ejército Nacional, Batallón de Contrainteligencia N.° 5 (2016).
Por último, la cooptación llevada a cabo por parte de grupos armados ilegales de ciudadanos venezolanos para la realización de actividades ilícitas en la que puede evidenciarse la condición de vulnerabilidad en la que llegan al país, es relatada por Insight Crime, al advertir que el incremento de los cultivos de coca en el país, después de 2015, fue debido, entre otras variables, a la promoción de la siembra por parte de las FARC antes de la firma del Acuerdo, para así lograr el fortalecimiento de su posición negociadora antes y después de que pudieran consolidarse como un partido político. Una de las regiones en las que más incrementó el cultivo de coca fue Norte de Santander, donde algunos “venezolanos están dispuestos a cultivar coca y a hacer prácticamente cualquier otro trabajo, a cambio de un plato de comida” (Insight Crime, 2018).
De igual manera, se conoció una entrevista realizada por un medio de comunicación a un venezolano que llegó a Colombia en busca de mejores condiciones económicas. Actualmente está trabajando en la cosecha de la hoja de coca en el departamento de Nariño. Este ciudadano advierte que “han llegado muchos venezolanos y ‘se regalan’ por menos del ingreso diario. Así que los explotan peor que si fueran esclavos” (Zapata, 2018).
FIGURA 5. Áreas de injerencia generales por parte de disidencias de las FARC.
Fuente: Ejército Nacional, Batallón de Contrainteligencia N.° 5 (2016).
Por todo lo anterior, los ciudadanos venezolanos están siendo cooptados por actores armados ilegales colombianos que aprovechan su condición de vulnerabilidad. Dicha condición está relacionada con la seguridad del Estado, debido a que, en el contexto global, la crisis migratoria es una amenaza no tradicional, teniendo en cuenta el concepto de Seguridad Multidimensional en el cual se reconoce las distintas naturalezas de las amenazas de los estados.
La seguridad humana: una visión constructivista e integral del fenómeno migratorio
La relación entre Colombia y Venezuela ha estado marcada por diferencias tanto políticas como territoriales, entendiendo la dificultad en la delimitación del territorial en el Golfo de Coquibacoa. Así mismo, el diferendo limítrofe que parte del laudo arbitral de la regente María Cristina, sumado a la poca presencia del Estado colombiano, denota un riesgo claro a la pérdida de soberanía. Además, la presencia de venezolanos en grupos al margen de la ley se ve como una amenaza directa al Estado.
Adicionalmente, el distanciamiento histórico entre los centros de poder y el Estado, ha de marcar un distanciamiento en las políticas y las acciones que contrarreste cualquier tipo de amenaza. De este modo, el carácter propio de la región fronteriza se desliga de las acciones tomadas por los centros de poder desde Bogotá, por ello es pertinente abordar la migración no sólo como un tema de seguridad, desde lo militar; o con un enfoque humanitario. De hecho, el actuar debe darse de manera transversal y con un enfoque multidimensional, en aras de atacar el fenómeno en todos sus ámbitos.
Ahora bien, la relación entre Colombia y Venezuela se basa en preceptos históricos comunes, una comunicación constante a través de los diferentes puentes internacionales, los pasos formales e informales; así pues, es pertinente entender la migración como un fenómeno de seguridad que se da de manera transversal a diferentes temas que pueden verse como factores de desestabilización.
Por lo anterior, es pertinente abordar el concepto de la seguridad humana como un concepto central, en tanto entiende que la respuesta a las amenazas no solo parte del carácter físico de la amenaza; por el contrario, la seguridad evoluciona y se centra en el individuo y no en el Estado. De ahí que exista un tipo de seguridad multidimensional, la cual permea la migración en su conjunto, entendiendo este como un problema que implica a todo el aparato estatal y es por ello que la política en zona de frontera debe ser integral y percibir que en ella se comparten sentimientos históricos. Igualmente, se requiere comprender la seguridad a partir de la amenaza territorial, ante una posible pérdida de soberanía territorial o afectaciones a la estabilidad estatal, dada la presencia de algunos migrantes en grupos al margen de la ley. De modo que, la respuesta de la seguridad humana, puede englobar de manera especial tanto el contexto de la frontera como el mismo flujo migratorio.
En consecuencia, el enfoque constructivista aporta elementos para la concepción integral de las políticas migratorias que debe adoptar el Estado colombiano y la manera de entender un nuevo enfoque que abarque las actividades que se desarrollan en esta zona de frontera, en aras de mantener la estabilidad y evitar cualquier afectación directa al Estado.
Por lo anterior, se plantea el constructivismo de Onuf como una perspectiva sociológica que explique los fenómenos internacionales, ya que involucra la idea de que los seres humanos viven en un mundo que construyen, en donde son individuos los que van interactuando en sociedad, y así se van convirtiendo en los actores principales o, como son catalogados por los constructivistas, los “agentes”.
Esto implica que las Relaciones Internacionales consisten en pensamientos e ideas y no en fuerzas o condiciones materiales. Además, las ideas, conceptos y suposiciones comunes constituyen un aparato ideológico central, que configuran la forma en cómo los estados conciben sus relaciones.
Igualmente, los fenómenos que estudia la disciplina de las relaciones internacionales no solo han de ser explicados desde las teorías tradicionales; así, el constructivismo sirve como enfoque para comprender los fenómenos sociales dentro de la disciplina. En este sentido, se ve cómo la relación entre el Estado y el fenómeno migratorio debe analizarse desde una óptica diferente, donde tanto los migrantes como los actores armados han de tratarse desde una perspectiva sociológica de carácter integral, a partir de las prácticas sociales y el comportamiento de los agentes. De esta manera le da una visión más amplia al estudio del tema migratorio dentro del Estado colombiano.
Así mismo, el enfoque constructivista plantea un método de investigación diferente en cada caso, ya que este se crea en virtud del fenómeno que analiza. De este modo, permite abordar temáticas específicas y analizarlas desde una perspectiva amplia, la cual dentro de la teoría tradicional no es posible.
En este sentido, las relaciones migratorias colombo-venezolanas se ven como un fenómeno diferencial, dada la coyuntura específica de estas. En sí, se entiende que las dinámicas de la frontera necesitan un estudio según el desarrollo de su propio escenario; así pues, entra de manera pertinente el enfoque constructivista, en tanto analiza el proceso de construcción única de una estructura particular en la frontera con el vecino país.
Si bien no existe una verdad absoluta, según la concepción del enfoque constructivista, el fenómeno analizado debe verse desde el proceso social que determinan el comportamiento de los agentes. De esta manera, la construcción de una estructura fronteriza que amenace al Estado, depende de la misma interacción entre los agentes. Así pues, la identidad que comparten los migrantes sirve como un punto central para establecer el surgimiento de dinámicas esenciales, además de las prácticas institucionalizadas que comparten a pesar de las diferencias existentes
La construcción de esa estructura social migrante que amenaza la seguridad del Estado debe abordarse desde el proceso social de su interacción, así como las dinámicas que allí existen. De este modo, la existencia de actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la presencia de venezolanos en los grupos armados al margen de la ley y los riesgos territoriales deben entenderse y solucionarse como problemáticas sociales que permean a todo el Estado.
Conclusiones
En suma, el abandono estatal, sumado a la falta de una política de seguridad integral y humana, ha permitido que los agentes presentes en esta estructura, la vean como escenario propicio para la cooptación de venezolanos. De igual manera, la ausencia de políticas entrevé un riesgo a la integridad soberana del territorio. Lo anterior, se presenta en la medida que no existe un control efectivo del territorio.
Además, la falta de oportunidades, el desempleo y las prácticas de ciertos agentes como el ELN, influencian el comportamiento de la población civil, en especial la de los migrantes, lo cual los lleva a militar en grupos o a cultivar coca, ejercer labores de contrabando de tabaco, gasolina u otros elementos para poder subsistir.
En sí, se aprecia que este escenario es un fenómeno único, el cual se estudia entendiendo su contexto espacial, en tanto se han planteado estrategias humanitarias, aunque no han funcionado. Así pues, el escenario de una política de seguridad integral se mantiene y la estructura que comprende esta frontera se liga a ciertos riesgos para el Estado.
Finalmente, la crisis migratoria venezolana representa una amenaza no tradicional para el Estado colombiano y, en consecuencia, se debería tener presente el enfoque multidimensional de la seguridad y, dentro de este, la seguridad humana, de cara a contrarrestar los efectos negativos de dicha migración, mediante la estructuración de políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los ciudadanos venezolanos que llegan a Colombia, por el colapso del régimen en su país de origen.
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