Fondo para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural sostenible en zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia[1]
Fund for environmental sustainability and sustainable rural development in areas affected by the armed conflict in Colombia
Revista PERSPECTIVAS
EN INTELIGENCIA
Paula Andrea Caballero Melo1* y Mónica Alejandra Rodríguez Moreno2
(1) Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá – Colombia, u0902305@unimilitar.edu.co
(2) Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá – Colombia, u0902257@unimilitar.edu.co
* Autor a quien se dirige la correspondencia
Volumen 11, Número 20, Enero - Diciembre 2019, pp. 255-263
ISSN 2145-194X (impreso), 2745-1690 (en línea)
Bogotá D.C., Colombia
http://doi.org/10.47961/2145194X.28
Fecha de recepción: 16/05/2019 | Fecha de aprobación: 03/10/2019
Resumen
Durante más de cinco décadas el conflicto armado en Colombia ha generado desigualdades en diversos territorios del país. Esto ha potenciado la división regional entre el campo y la ciudad, siendo principalmente los municipios rurales los más afectados históricamente por el conflicto y la ausencia del Estado, generando consigo unas condiciones económicas y sociales deplorables para la población civil, junto con un alto porcentaje de pobreza rural y economías ilícitas. Además, el intenso conflicto, la ilegalidad, los vacíos de gobernanza y la incapacidad de gestión territorial han aumentado los procesos de degradación ambiental y social poniendo en riesgos los servicios ecosistémicos, principalmente el agua, los suelos y la biodiversidad, así como la sustentabilidad económica de la población rural.
Clasificación JEL: R51, R52, Q10, Q15.
Palabras clave: posconflicto; cultivos ilícitos; cooperación internacional; desarrollo rural; sostenibilidad ambiental.
Abstract
For more than five decades, the armed conflict in Colombia has generated inequalities in various territories of the country. This has boosted the regional division between the countryside and the city, mainly the rural municipalities being the most historically affected by the conflict and the absence of the State, generating deplorable economic and social conditions for the civilian population, together with a high percentage of rural poverty and illicit economies. In addition, the intense conflict, illegality, governance gaps and the incapacity of territorial management have increased the processes of environmental and social degradation, putting at risk ecosystem services, mainly water, soils and biodiversity, as well as the economic sustainability of the rural population.
Keywords: Post-conflict; illicit crops; international cooperation; rural development; environmental sustainability.
Introducción
Tras la firma de los acuerdos de paz en el país, se crea un marco institucional para el posconflicto, el cual busca desarrollar mecanismos y garantías de transparencia para consolidar una Colombia en paz. Para la ejecución de lo anterior, en los años 2016 a 2017, la República de Colombia junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acuerdan el desarrollo del Fondo Colombia Sostenible, programa que pretende mejorar los ingresos de los productores rurales, elevar su nivel de calidad de vida y promover diversas actividades encaminadas al desarrollo rural sostenible, disminuyendo así las desigualdades sociales y económicas latentes en el país.
Desde esta perspectiva el Gobierno de Colombia (GdC), en compañía de diversas organizaciones internacionales y agencias no gubernamentales, reconoce que el país se enfrenta a grandes retos para lograr lo anterior y, por tal razón, su objetivo más importante será promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en zonas de posconflicto, a través de tres enfoques:
1. Prevenir que el crecimiento económico que se busca tenga efectos negativos sobre el capital natural (riesgo de deforestación adicional o destrucción de humedales resultantes en una nueva expansión de la frontera agrícola) y revertir procesos nocivos generados por el conflicto (ocupación de territorios dentro de áreas protegidas, deforestación y degradación de bosques y humedales);
2. Lograr la reinserción económica de la población afectada, promoviendo el retorno a cultivos que mejoren la seguridad alimentaria a través de sistemas agropecuarios sostenibles, pero a la vez la incursión en actividades no agrícolas basadas en la biodiversidad y servicios ecosistémicos, capaces de dinamizar las economías locales a la vez que valorizar el capital natural;
3. Fortalecer las capacidades locales y regionales para la estructuración de proyectos a través de procesos de acompañamiento técnico y de provisión de apoyo financiero para el diseño de iniciativas de desarrollo que surjan del territorio. (Programa Colombia Sostenible, 2017).
Para lograr estos objetivos, el fondo será apoyado por distintos instrumentos de financiación, entre ellos el de “Facilidad Colombia Sostenible” –creado por el BID–, mecanismo financiero donde se recibirán recursos de agentes privados, organismos multilaterales y países comprometidos con la cooperación internacional, entre ellos Noruega, Alemania y Reino Unido los cuales, bajo una declaración conjunta, se comprometieron a dar un valor de USD $ 200.000.000, aunados a Suecia y Suiza, que acordaron aportar USD $ 6.000.000 y USD $5.000.000 respectivamente, sumando así un total de USD $ 211.000.000.
Estos recursos actuarán como apoyo a procesos prioritarios en el país como son la pobreza rural, las limitaciones del desarrollo territorial, la deforestación, la pérdida de capital natural, los efectos del cambio climático, la baja capacidad institucional y la falta de coordinación, todo un conjunto de debilidades que requiere un mayor esfuerzo para lograr la integración y valoración del capital natural, ya sea a mediano o largo plazo.
Sobre la base de las consideraciones anteriores Colombia –junto con otros siete países del mundo, como Ecuador, Australia, China, Malasia, México y Estados Unidos–, detentan la responsabilidad de destrucción de la biodiversidad en la tierra, en gran parte de su hábitat y amplia aniquilación de fauna silvestre. En el caso de Colombia, la situación anterior es más evidente tras las cinco décadas de conflicto armado, donde el 50% del territorio y las diversas situación de violencia han dejado al menos siete departamentos –entre ellos Arauca, Meta, Nariño, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander– y 187 municipios en condiciones económicas y sociales deplorables, zonas principalmente rurales donde actualmente reside cerca del 15% de la población del país, incluyéndose resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, donde los índices de pobreza son los más altos.
El Registro Único de Víctimas (RUV) señala que aproximadamente 7,4 millones personas fueron desplazadas por el conflicto y las que aún residen en los territorios afectados viven una situación de pobreza rural al haber perdido sus tierras, además de enfrentarse a una creciente pérdida de sus recursos naturales y servicios ecosistémicos de los cuales dependen directamente sus actividades productivas (BID, 2017).
Ciertamente la incidencia del conflicto armado en el territorio y su estrecha relación con la degradación ambiental han generado el aumento de problemas en los municipios, de los cuales se derivan dinámicas como el desplazamiento forzado, el despojo y el consiguiente uso improductivo de las tierras. Según un análisis de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible del Departamento de Nacional de Planeación (DNP):
De 1990 a 2013 se deforestaron en el país cerca de 5,2 millones de hectáreas, de las cuales el 58% (3 millones de hectáreas) está en municipios con incidencia alta y muy alta de conflicto... Se estima que entre 1990, año en el que se inicia el monitoreo regular de la superficie del bosque en Colombia, y 2000, el 59% de la deforestación ocurría en municipios con una alta incidencia de conflictos, mientras que al 2013 esta cifra alcanzaba el 75%. Los departamentos que presentaron mayor deforestación durante el periodo 1990-2013 fueron Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Nariño, los cuales representan el 69% de la deforestación del país. (DNP, 2015)
Esta situación de deforestación ha causado la pérdida aproximada de 3 millones de hectáreas en municipios hoy conocido como “regiones de posconflicto”. Otros factores importantes que se encuentran directamente relacionados sobre el medio ambiente y el conflicto armado son la expansión de cultivos ilícitos de coca, amapola, y marihuana, y la explotación ilícita de minerales (oro, carbón, columbita, tantalita “coltán” y esmeraldas), actividades económicas ilegales que se han presentado en diferentes departamentos como el Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba y Nariño, regiones donde se ha visto la influencia y el daño directo a la sostenibilidad ambiental y social:
De 2010 a 2014, se encontró que cerca de la mitad de los municipios del país habían sido afectados por esta problemática, comprometiendo aproximadamente dos mil fuentes hídricas. Guaviare, Caquetá, Arauca, Putumayo y Meta son los departamentos con mayor porcentaje de municipios con presencia de minería ilegal. (DNP, 2015)
Según el último informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en lo que respecta a la cifra de cultivos ilícitos de coca en Colombia, se detecta un crecimiento acelerado, al pasar de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 hectáreas en 2015, algo así como el 39% más, de un año al otro (UNODC, 2016). Esto indica, de alguna manera, que los cultivos de coca siguen siendo una amenaza para la diversidad biológica y cultural de Colombia particularmente. Un ejemplo de ello es que la coca cultivada en resguardos indígenas se incrementó en un 52%, al pasar de 7.799 hectáreas en 2014 a 11.837 en 2015 (DNP-SDAS, 2015c).
Adicionalmente, según el informe del Ministerio de Minas (2016), la extracción ilícita de minerales causa efectos nefastos no sólo para el medio ambiento sino para la sociedad, la seguridad y la economía del país, ya que: “No paga impuestos, regalías, ni las contraprestaciones legales; emplea menores de edad; financia grupos criminales; contamina el medio ambiente y destruye ecosistemas al no cumplir las normas ambientales; y explota anti-técnicamente los yacimientos, esterilizando recursos mineros”.
Junto a lo anterior, el 60% de las operaciones armadas relacionadas con el conflicto se llevaron a cabo en departamentos fronterizos como Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, Cauca y Antioquia en los últimos tres años, donde se observa una gran relación geográfica entre las zonas con mayores déficits de justicia y aquellas de mayor concentración de acciones armadas, cultivos ilícitos, minería ilegal, entre otros factores generadores de violencia.
FIGURA 1. Densidad de cultivos ilícitos de coca en Colombia (2015).
Fuente: UNODC (2016).
Debido a esto, es posible afirmar que el conflicto alrededor del uso del suelo ha generado impactos ambientales y sociales que exacerban el conflicto armado (Cárdenas y Rodríguez, 2004). En general, el conflicto armado ha dejado consigo grandes impactos ambientales en diferentes zonas predominantemente rurales, que tienen difícil acceso a bienes y servicios básicos. Esta situación se evidencia si se considera que cerca del 26% de la población rural aún se encuentra en una gran exclusión social y productiva, frente a un 8% urbano. A pesar de los avances, la inclusión social ha sido mayor que la productividad, siendo característico que el 80% de la población rural sean pequeños productores (DNP, 2015). Esto sucede mayormente con las comunidades que residen en los territorios afectados por el conflicto, estas además de enfrentarse a una pérdida creciente de los recursos naturales y servicios ecosistémicos de los cuales dependen sus actividades productivas y económicas.
Ahora bien, todo lo anterior describe de manera breve una serie de problemáticas que reflejan en gran medida las consecuencias del conflicto armado en Colombia y la ausencia del Estado, por tal motivo desde el Fondo Colombia Sostenible se espera un desarrollo rural sostenible, donde se disminuyan las desigualdades sociales y económicas, se generen ingresos para las comunidades rurales (indígenas, afrocolombianas, negros, raizales, palenqueros), se reviertan los daños ambientales, se ordene adecuadamente el territorio y así mismo se fortalezcan las capacidades locales para administrar los recursos naturales.
Hallazgos
A pesar del poco tiempo que lleva en ejecución el Programa Colombia Sostenible, se puede evidenciar al revisar el último informe semanal del Fondo Colombia en Paz, con fecha del 8 al 12 de octubre del 2018, cómo el Fondo Colombia Sostenible está llevando a cabo proyectos para la estructuración de regiones como Nariño, Cauca, Putumayo, Bajo Cauca, Catatumbo, Choco y Urabá que, en su conjunto, han ejecutado un 82% de los recursos, representados en $ 2.498 millones de pesos. Por parte de la cooperación internacional se registran, a la fecha, USD $ 18.575.437 millones de dólares entregados y un valor de USD $ 192.424.533 millones de dólares comprometidos (Fondo Colombia en Paz, 2018).
Conclusiones
Finalmente, las oportunidades que ofrece el desarrollo sostenible para la construcción de la paz implican repensar l Fuente: UNODC (2016). o rural más allá de lo agropecuario.
Esto incluye el patrimonio natural, la innovación en el aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios ambientales, camino largo para poder diversificar la producción rural, generar oportunidades e ingresos, y dinamizar la economía, además de brindar apoyo a las poblaciones vulnerables y lograr un desarrollo equilibrado. Sin embargo, lo anterior implica tener capacidades institucionales para ser partícipes activos del desarrollo y dejar, a la vez, aquellas debilidades en la atención y prestación de bienes y servicios, en aras de solventar y atender conjuntamente a las necesidades de la población y generar capacidades en ellas.
Colombia es un país con un enorme capital natural a nivel mundial y esto permite que programas como el Fondo Colombia Sostenible puedan canalizar un amplio respaldo de cooperación internacional en temas medioambientales, donde organizaciones pertenecientes a los países donantes como Global Environmental Facility (GEF), el Foro Global de Crecimiento Verde (3GF) y The World Resources Institute (WRI), tomen la decisión de contribuir a la restauración, rehabilitación y recuperación del medio ambiente en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2018). Reglamento operativo del Programa COLOMBIA SOSTENIBLE 4424/OC-CO. Recuperado de: https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/rop_4424_-_19unio2018_aprobado_cdp.pdf.
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Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Secretaría Distrital de Ambiente (SDAS) (2015). Dividendos Ambientales de la Paz (documento inédito). Bogotá: DNP - SDAS.
Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2015). Misión para la Transformación del Campo. Diagnóstico económico del campo colombiano. Bogotá: Equipo Técnico de la Misión para la Transformación del Campo - Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, DNP. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/Diagn%C3%B3stico%20Econ%C3%B3mico%20del%20Campo%20Colombiano.pdf.
Gobierno de Colombia (2018). Informe semanal Fondo Colombia en Paz. 27, 08 al 12 de octubre de 2018. Recuperado de: http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/InformesSemanalesFCP/Informe-FCP-08-12-octubre-2018.pdf.
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2016). Colombia, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015. Colombia: UNODC - Gobierno de Colombia. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Monitoreo_Cultivos_ilicitos_2015.pdf.