La violencia de origen criminal, articulación con la violencia política como factores de inestabilidad en el Catatumbo (2010-2018)[1]
Violence of criminal origin, articulation with political violence as instability factors in Catatumbo (2010-2018)
Revista PERSPECTIVAS
EN INTELIGENCIA
Fredy Gonzalo Otálora Rodríguez1
(1) Universidad Militar Nueva Granada - UMNG, Bogotá – Colombia, fgor83@hotmail.com
Volumen 11, Número 20, Enero - Diciembre 2019, pp. 51-69
ISSN 2145-194X (impreso), 2745-1690 (en línea)
Bogotá D.C., Colombia
http://doi.org/10.47961/2145194X.32
Fecha de recepción: 19/12/2018 | Fecha de aprobación: 23/07/2019
Resumen
El propósito de este trabajo es caracterizar la problemática de inestabilidad en la región del Catatumbo en el lapso 2010-2018, usando como marco los conceptos de violencia de origen criminal y violencia política. Actualmente, pese a la salida de una parte de las estructuras armadas de las FARC, al desarrollo de negociaciones entre el ELN y el gobierno, y a los compromisos que este último ha adquirido con los habitantes, el escenario continúa siendo complejo: hay evidencias del incremento de cultivos ilícitos en la zona; proliferación y fortalecimiento de actores armados ilegales; enfrentamiento por el control del narcotráfico y coerción. Estas problemáticas revisten complejidad debido a los bajos niveles de desarrollo y a las condiciones de pobreza que afectan a la población, constituyéndose en un objeto de estudio relevante por las consecuencias políticas y sociales que se derivan para Colombia y la región. Debido a esto, cabe preguntarse: ¿cómo se caracteriza la situación de inestabilidad en el Catatumbo, vista desde los conceptos de violencia de origen criminal y violencia política?
Clasificación JEL: L78, L88, Q58, R50.
Palabras clave: violencia; Estado; política; región
Abstract
The aim of this paper is to characterize the period between 2010-2018 about the instability trouble in the Catatumbo region, using as a general framework the concepts regarding criminal violence and political violence. At present, despite the withdrawal of the FARC’s armed structures, the advance of negotiations between the ELN and the Government, and the commitments that the latter has acquired with the residents of the region, the scenario continues to be complex: there is evidence of increase in unlawful harvests in the area, the spread and strengthening of illegal armed actors, the confrontation for the control of drug trafficking and the coercion. This problem becomes complex due to the low levels of development and the poverty conditions that affect the population, becoming an relevant object of study for the political and social consequences derived for Colombia and the region. Due of this, is appropriate to ask: ¿how is the situation of instability in the Catatumbo characterized, seen from the concepts of violence of criminal origin and political violence?
Keywords: violence; State; politics; region
Introducción
Algunos de los rasgos que hoy definen el escenario de confrontación de la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, coinciden con la descripción que Johan Galtung hace de los espacios afectados por formas de violencia directa, definida como aquella que compromete la supervivencia a través de la muerte o la mutilación o compromete las necesidades de libertad a través de la represión, la detención o la expulsión (Galtung, 2016, p.151). Atendiendo este marco, entendiendo la necesidad de una revisión profunda de las dinámicas de violencia presentes en el Catatumbo, y a la luz de la compleja interacción de los factores que generan la inestabilidad, en el presente artículo se realiza una caracterización desde dos ópticas:
1) Violencia de origen criminal, expresión clara de la violencia directa planteada por Galtung; el marco se apoya en las ideas de Cordini, quien la define como la violencia ejercida por “un sistema social en el que las relaciones entre elementos, básicamente personas, se encuentran funcionalmente organizadas para obtener fines delictivos” (2017, p.339), y
2) Violencia política, provista de varios de los componentes planteados por Galtung al definir la violencia cultural, principalmente por señalarla como elemento legitimador de la violencia directa (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016, p.13). El concepto marco es complementado con las ideas desarrolladas por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que define la violencia política como un “medio de lucha político-social ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado” (Ortiz, 2012, p.137).
Así, la caracterización de la situación de inestabilidad, desde estas ópticas, no pretende una descripción en el que se disocien las dos formas de violencia, sino que, por el contrario, se procura la identificación de sus relaciones funcionales en esta zona inestable del país. El Catatumbo es una región que toma su nombre del río que la atraviesa y está integrada por los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú, San Calixto, Hacarí, La Playa y Sardinata (Molina y Ramírez, 2017, p.10), en donde residen 151.906 habitantes, que corresponden al 11,2% de la población departamental (PNUD, ANH, MinInterior y MinMinas, 2015).
Esta población ha tenido un proceso particular de asentamiento, el cual ha sido explicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en tres momentos: la primera ola colonizadora del Catatumbo (2016, p.16), que corresponde al periodo colonial y los primeros años de la república independiente, cuando la llegada de colonos a la región respondió a la necesidad de ampliar la frontera agrícola. Posteriormente, con el inicio del proceso de extracción y procesamiento de petróleo en 1931 –realizado por las empresas Colombian Petroleum Company, Colpet y la South American Gulf Oil Company, ambas filiales de la Gulf Oil Company (Burgos, 2006, p.400)–, se da una segunda ola de poblamiento del Catatumbo (CINEP, 2016), durante la cual los individuos que no encontraron trabajo en las empresas se instalaron en los terrenos baldíos, ocasionando la “ocupación de tierras y la explotación de los recursos naturales de la región” (Ramírez, Zamora, Centeno y Solís, 2017, p.13).
Finalmente, en la década de 1980 (CINEP, 2016) se da la última de las olas colonizadoras en el Catatumbo, en esta oportunidad motivada por una dinámica ilegal: el cultivo de hoja de coca y la consecuente producción de cocaína. En este periodo se da también la llegada de diversos actores armados como el ELN, el EPL y las FARC (Centro de Memoria Histórica, 2017). Una vez más se da un proceso de poblamiento sin el control del Estado y, peor aún, con el propósito de evadir la acción del mismo, convirtiendo al Catatumbo en una región productora de cocaína. De esta forma la ilegalidad, aprovechando la falta de presencia estatal, la ubicación geográfica de la región y la utilización de los parajes inhóspitos que la integran, han hecho del Catatumbo una de las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos del país (UNODC, 2018, p.54).
La existencia de esta economía ilegal ha facilitado la llegada de diversos actores violentos, algunos de carácter local como las citadas guerrillas y algunos grupos armados organizados, que tienen por propósito fundamental el lucro a través del desarrollo de actividades de narcotráfico. Esta proliferación de actores género entre mediados de la década de los noventa –por ejemplo, integrantes de las autodefensas ilegales– ocuparon esta zona y sostuvieron una cruenta confrontación con miembros de las guerrillas, afectando de manera determinante a la población con actos de violencia que incluyeron la ejecución reiterada de masacres y una tensión permanente, hasta que finalmente se firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en 2006, que permitió la salida de los grupos de autodefensas de la zona. Más recientemente, la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno generó nuevos cambios en el escenario del Catatumbo, al igual que los paros armados y los ceses a fuego declarados por el ELN en pleno proceso de negociación con el Estado.
Pese a estas transformaciones, hoy en día El Catatumbo es una de las regiones con mayor inestabilidad en el país, con presencia de diversos grupos armados, epicentro de múltiples delitos, muchos con efectos más allá de nuestras fronteras, impactando en los ámbitos social, político e internacional. Los factores que generan esta inestabilidad son susceptibles de caracterizarse usando como referencia los conceptos de Johan Galtung, apoyando el marco con las ideas desarrolladas por Cordini y el CINEP, para que sus estudios desde las ópticas de la violencia política y la violencia de origen criminal se constituyan en un esfuerzo por develar la complejidad de la problemática y brindar una visión profunda, aprovechando, además de la bibliografía existente, la experiencia de los militares que han desarrollado actividades de inteligencia en esa región.
Metodología
La investigación corresponde a un estudio de caso sobre la región del Catatumbo, cuya problemática de inestabilidad generada por la violencia constituye un objeto de estudio válido en la medida que su revisión aporta información de interés para comprender la problemática allí existente, la cual se replica, con algunas diferencias, en otras regiones del país. El estudio se realiza a partir de un marco conceptual definido en el amplio espectro por las ideas que Johan Galtung ha desarrollado en su “Teoría de Resolución de Conflictos sobre la violencia estructural” y, de manera particular, por los estudios que Daniel La Parra y José Tortosa (2003) han realizado al respecto.
El objetivo del proceso es lograr una caracterización de las condiciones de violencia que originan, generan o facilitan la situación de inestabilidad existente en el Catatumbo a partir de una revisión de diversas fuentes, incluida bibliografía especializada, informes oficiales y entrevistas. Esta caracterización se encamina desde el estudio de las características de la violencia que se presentan en la región, originadas en la falta de presencia estatal y las condiciones de vulnerabilidad social a la que se encuentran expuestas las comunidades, sobre la hipótesis de que existen dinámicas complejas que motivan la permanente situación de alteración del orden público y agitación social, las cuales no han sido debidamente documentadas, con lo que se comprometen la posibilidades de solución del problema.
La recolección de información se realiza enfocando, de una parte, la revisión bibliográfica de textos de carácter académico, informes realizados por institutos de investigación dedicados al estudio del conflicto e informes realizados por instituciones oficiales. También se incluyen algunas fuentes de orden periodístico que, pese a que carecen de rigor académico, en ocasiones son los únicos registros disponibles de hechos cuya inclusión resulta de vital trascendencia para la caracterización que se procura.
De otra parte, se realizaron un total de 10 entrevistas, de tipo semiestructurado en profundidad, a agentes y analistas de inteligencia con experiencia laboral en el Catatumbo. Estas fueron realizadas bajo la premisa de que su conocimiento del área, su interacción con la sociedad residente allí y su contacto con los actores ilegales, dado en el desarrollo de tareas de inteligencia encubierta, se constituyen como experiencias relevantes para el desarrollo de la caracterización.
Las entrevistas fueron documentadas previo compromiso de mantener la reserva de los funcionarios, varios de los cuales aún se dedican a este tipo de actividades, razón por la cual los nombres que se utilizan para hacer referencia a ellos han sido cambiados. Debe resaltarse que la visión de los entrevistados tiene una connotación particular por reunir las perspectivas de miembro de la Fuerza Pública, ser agente o analista de inteligencia, sujeto social por haberse desarrollado como tal y de manera directa en el contexto del Catatumbo y como actor con acceso a las dinámicas de violencia, por haber tenido contacto con las dinámicas y componentes que las ejecutan explícitamente en esa zona del país.
Acto seguido, la información recolectada tanto de las fuentes bibliográficas como de entrevistas fue transformada a un lenguaje común, actividad que incluyó la transcripción de los registros de audio en los que consta la recolección de información entre los agentes y analistas de inteligencia; de esta forma se logró la consolidación de un bloque de información útil para el subsiguiente proceso.
Luego, mediante el uso del software Atlas TI, se realizó la codificación de la información teniendo en cuenta los tres macro-conceptos establecidos durante la formulación del marco teórico. Este ejercicio permitió la identificación de las categorías de análisis, además de la valoración de su densidad y grado de fundamentación que sugieren su nivel de relevancia. Posteriormente, se realizó un proceso de análisis de relación, determinando el tipo de vinculación existente entre conceptos. Finalmente se procuró la interpretación de la información y su estructuración en un informe de investigación, en este caso, a través del presente artículo.
Desarrollo del tema
Hoy, de los grupos armados ilegales que delinquen en Colombia, “en el Catatumbo confluyen prácticamente todos. […] Tenemos el frente de guerra nororiental del ELN y tenemos al EPL, hoy conocido como GAO [Grupo Armado Organizado] Pelusos con el frente Libardo Mora Toro (Ferrer, 2018). De igual forma, «hay disidencias de FARC» (Márquez, 2018), denominadas Grupos Armados Organizados Residuales o GAOR[2]. También, existe presencia del llamado frente Carlos Vásquez del Clan del Golfo, confirmada en 2017, cuando alias Inglaterra, segundo cabecilla de esa organización, fue neutralizado en una operación que hizo la Policía en Chinácota, a media hora de Cúcuta. Además, existiría presencia de otros grupos post desmovilización de las autodefensas como los Botalones” (UNODC y MinJusticia, 2016, p.16).
La llegada de varios de estos grupos data de la década de los ochentas cuando, en parte aprovechando las condiciones de aislamiento de la región, ubicaron una facción de sus hombres y, en el caso del ELN, al propio Comando Central de la Organización (Bautista, 2018). La llegada de estos grupos coincidió con la inoculación de los cultivos ilícitos utilizados para el narcotráfico; paulatinamente los grupos subversivos se fueron vinculando a esta actividad, en mayor o menor medida, según se tratara de una u otra organización. El grado de vinculación va desde el cobro de un impuesto a la compraventa de insumos y alcaloides, pasando por la recolección, concentración y transporte de la pasta base de coca hacia la zona fronteriza, hasta llegar al procesamiento de la base para la producción de cocaína de alta pureza y su comercialización con integrantes de grupos de crimen transnacional.
Además, debe tenerse en cuenta que las actividades de narcotráfico han sido posibilitadas por la acción de las comunidades que cultivan y recolectan la hoja de coca, la cual venden o procesan para la obtención de la pasta base. La existencia de una amplia oferta de mano de obra, la inexistencia de fuentes de empleo, la tolerancia social que tiene el cultivo de coca, la presión de los grupos ilegales y el peso económico que tiene esta actividad, sustentan esta dinámica: la región del Catatumbo tiene una producción estimada de base de cocaína de 249 toneladas métricas anuales (UNODC, 2018, p.91); en la región cada kilo de esta pasta base se puede vender en aproximadamente 2’279.300 pesos por kilo (UNODC, 2018, p.100), lo que representa flujo comercial de cerca de 567’545.700.000 de pesos anuales. En una zona en la que la inexistencia de factorías industriales y la inviabilidad económica de las actividades agrícolas limitan la posibilidad de empleo, la comunidad ve como una alternativa válida de subsistencia el cultivo de coca y la producción de pasta base de cocaína.
Es así como “desde mediados de la década de los 90, [cuando] los cultivos ilícitos empezaron a tener un significativo incremento” (Ramírez, Zamora, Centeno y Solís, 2017, p.25), al punto que hoy en día se ubican 28.244 hectáreas de coca en Norte de Santander, que representan cerca del 16% del total nacional (UNODC, 2018), las cuales se encuentran localizadas principalmente en el Catatumbo y mayoritariamente en los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra, que tienen el 8, el 3 y el 2% del total nacional de cultivos respectivamente, concentrando a su vez el 76% de la coca ubicada en el departamento (UNODC, 2018, p.27; UNODC y MinJusticia, 2016, p.15). Es de tener en cuenta también que el 7% del territorio departamental se encuentra catalogado como afectado permanentemente por cultivos de coca en los últimos 10 años y un 14% como afectado en los últimos tres años, lo que denota un crecimiento acelerado de los cultivos (UNODC; MinJusticia, 2016, p.43), expansión se ha dado principalmente hacia los municipios de El Carmen, Convención, San Calixto y Hacarí (UNODC y MinJusticia, 2016, p.15).
Una vez recolectada la pasta base, producida en su mayoría por los cultivadores de hoja (UNODC, 2018, p.85) en pequeños laboratorios, los miembros de las organizaciones armadas ilegales la llevan a sus factorías, denominados cristalizaderos, “más grandes, con hornos microondas y con proceso de secado [los cuales son] manejados por el EPL, el ELN y las FARC” (Calvino, 2018). En los cristalizaderos manipulan químicamente la pasta base para obtener clorhidrato de cocaína. Entre los años 2011 y 2014, en el Catatumbo fueron destruidas 106 instalaciones de este tipo (UNODC y MinJusticia, 2016); sin embargo, “muchos de estos cristalizaderos se encuentran fuera del territorio colombiano” (Valencia, 2018) gracias a que los grupos ilegales tienen bajo su control “una franja importante en Venezuela” (Mayorga, 2018) a donde llevan los alcaloides, muchas veces de manera coordinada entre las distintas estructuras, para ser enviada a distintas regiones del mundo.
Además, hay otros factores que alimentan la coordinación entre estructuras. Existen algunos grupos –como las FARC y el ELN–, cuyos miembros son idóneos en el manejo de procesos tendientes a la producción de pasta base y cocaína, y hay otros –principalmente el EPL y el Clan del Golfo–, expertos en exportarla y manejar redes de distribución, razón por la cual se complementan de manera efectiva (Botache, 2018). Las utilidades que se derivan de esta cadena de actividades definen al Catatumbo como un pulmón financiero para la ilegalidad y plantea una paradoja importante: aunque desaparezcan las FARC, el ELN o el EPL, si no se da solución a los problemas estructurales que dan continuidad al narcotráfico, la situación de inestabilidad no va a desaparecer (Bautista, 2018); el narcotráfico, es un negocio tan rentable que, si un actor sale, otro lo va a reemplazar rápidamente (Calvino, 2018).
En efecto, en el momento en que se desmovilizaron las FARC, quedaron algunos grupos, algunas disidencias en el área y otras zonas fueron copadas por el ELN o el EPL (Calvino, 2018). La salida de las FARC generó un reacomodamiento de las estructuras armadas para copar esos territorios pero, sobre todo, para dar continuidad a las actividades ilegales que desarrollaba (Bautista, 2018). Por ejemplo, luego de la salida de las FARC, la lógica del EPL “fue controlar la frontera y generar un corredor de movilidad entre las áreas de producción y Venezuela [lo que] generó su expansión desde Hacarí, San Calixto y El Tarra hasta Tibú” (Ferrer, 2018).
Este comportamiento, dinamizado por el alto flujo de dinero, la superposición de estructuras criminales y los intereses de las mismas, ocasionalmente, da al traste con la sinergia delictiva. Pese a que los cabecillas procuran evitar las contradicciones entre los grupos, hoy en día existe una confrontación “entre el ELN y el EPL, por el control de […] las rutas para el narcotráfico” (Calvino, 2018). El enfrentamiento entre estructuras criminales tiene unas consecuencias sociales graves, ya que afecta a la población de manera directa: los campesinos quedan atrapados entre la posición de los diversos actores armados en disputa, pues mientras integrantes del ELN y el EPL los amenazan con quemar sus casas si no se van, las disidencias de las FARC los instan a permanecer en la zona y seguir con sus actividades cotidianas (Revista Semana, 2018). Esta tensión “termina por generar desplazamiento” (Guerrero, 2018), que se calcula en aproximadamente 9.362 personas desde que empezó la disputa entre estos grupos (Revista Semana, 2018).
Pese a los enfrentamientos, las conexiones criminales –incluso de orden transnacional–, son fundamentales para el desarrollo de las actividades de narcotráfico en el Catatumbo, mecánica que surge en gran medida de la situación existente en Venezuela (Mayorga, 2018); del otro lado de la frontera no hay autoridad y la corrupción de las instituciones ha contribuido al tráfico de armas y al narcotráfico (Bautista, 2018). Con la intención de exportar la cocaína, los actores ilegales “promueven la corrupción entre los funcionarios de la guardia nacional, del ejército, del SEBIN[3], del CICPC[4] y de todos los estamentos del gobierno” (Ferrer, 2018). Además, aparte de los eventos individuales de corrupción, en Venezuela se encuentra aún activo el llamado Cartel de los Soles, dedicado al tráfico internacional de cocaína, el cual es liderado por funcionarios del gobierno (Ayuso y Gratius, 2016, p.4; Ellis, 2018, pp. 32-33) y articulado por los militares, quienes estarían detrás del flujo de gran parte del estupefaciente producido en Colombia a través de ese país (Ferrer, 2018; Ellis, 2018, p.32).
Más allá del contacto con actores venezolanos, la frontera facilita a las organizaciones armadas colombianas la conexión con otros grupos criminales transnacionales como “el cartel de Sinaloa o los Zetas” (Aguilar, 2018), organizaciones que pagan los alcaloides con dinero o armas (Valencia, 2018), fortaleciendo a los grupos armados locales. La relación de los carteles mexicanos con integrantes de grupos armados ilegales ubicados en el Catatumbo ha quedado en evidencia en distintas oportunidades. Por ejemplo, en el mes de diciembre de 2017 se dio la captura de alias "El Gordo" o "Guille", quien se encontraba con un ciudadano mexicano señalado de pertenecer al Cartel de Sinaloa (El Espectador, 2017). El Gordo o Guille es un reconocido narcotraficante acusado de ser el contacto entre los carteles mexicanos y el EPL:
Esa investigación lo llevaba la DEA con el SIU, Unidad de Investigaciones Sensibles […] El blanco era el narcotraficante con el que Megateo y Caracho sacaban la droga del Catatumbo hacia México. […] Cuando cogimos al Gordo estaba con 12, uno de esos 12 era mexicano. Ya nos lo había mencionado la Fiscalía y la DEA, que él traficaba con mexicanos. (Ferrer, 2018).
FIGURA 1. Corredores de tráfico de drogas.
Fuente: tomado de UNODC y MinJusticia, 2016, p. 60.
En este mismo sentido, los propósitos de este entramado de contactos tienen viabilidad por la condición de la frontera (Bautista, 2018). El Ministerio de Justicia y la ONU, en su informe Caracterización Regional de la Problemática Asociada a las Drogas Ilícitas en el Departamento de Norte de Santander, en el apartado de Rutas de Tráfico de Drogas contabiliza “73 pasos informales a lo largo de la frontera, [cuyo] número puede ascender hasta cerca de 200” (2016, p.59). Además, la posición de las áreas de producción permite el uso de diversas vías del departamento para transportar la cocaína hacia Cúcuta o hacia “la autopista del sol que fluye hacia Bogotá o hacia el norte a lugares como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena desde donde se puede exportar la cocaína hacia el exterior” (Márquez, 2018).
De igual manera, el narcotráfico genera otra serie de delitos que se desarrollan en la región: paradójicamente, una de las principales obras de infraestructura petrolera del país, el oleoducto Caño Limón-Coveñas, facilita de manera sustancial la producción de pasta base de coca en el Catatumbo. Los grupos ilegales instalan en el tubo válvulas a través de las cuales extraen el crudo (Mayorga, 2018) y realizan un proceso de refinamiento artesanal del que obtienen el pate grillo, sustancia que reemplazó a la gasolina como insumo principal para el procesamiento de hoja de coca en esta zona. Parte de las técnicas y herramientas usadas para este proceso han sido facilitadas al ELN por integrantes de la empresa de Petróleos de Venezuela PDVSA (Revista Semana, 2018). Estas “refinerías son grandes, son piscinas de petróleo [hasta] de 50 metros de largo por 20 de ancho, llenas de crudo; son instalaciones grandísimas. Cuando necesitan almacenar el pate grillo requieren de 500, 1000 canecas de 50 galones” (Ferrer, 2018). Así, gracias al oleoducto, los productores de pasta base tienen a la mano uno de los principales los insumos (Mayorga, 2018).
Además, los insumos petroquímicos que no son producidos en la región pueden ser traídos desde Venezuela aprovechando la frontera, lo que configura una problemática de tráfico de gasolina desde Venezuela, tan rentable que tiene participación el mencionado Cartel de los Soles.
El combustible aquí [en Colombia] es muy costoso y los mismos oficiales generales y superiores de la guardia nacional y del ejército bolivariano compran carro tanques para mover por la trocha combustible. Como ellos mismos patrocinan el delito, las unidades militares que están a lo largo de la frontera no van a ejercer ningún control sobre ese tráfico. (Ferrer, 2018)
A nivel interior, el tráfico del combustible es articulado por integrantes de los grupos armados colombianos. Finalmente, el proceso se descentraliza reticularmente dando cabida a la gestión particular de “los conductores de los carros, […] los que venden los insumos en los cascos urbanos, y los que los compran en los caseríos o en las veredas” (Guerrero, 2018). “La gasolina que viene de Venezuela no es transportada por uno, ni dos, ni tres carro tanques, son millones de galones de combustible ya refinados, listos para vender” (Ferrer, 2018).
Además, en esta región existen otras dinámicas delictivas mucho menos públicas que el narcotráfico, la acción criminal contra la infraestructura petrolera o el tráfico de combustible que también impactan sobre los individuos, no solo locales, sino también foráneos, y que se pueden señalar como evidencia de la acción criminal que utiliza el Catatumbo para materializar sus actos. Por ejemplo, el tráfico de personas: ante la dificultad de hacerlo por el Caribe, desde “Venezuela ingresa gente tanto de Cuba como de islas de Centroamérica, Trinidad y Tobago, con el fin de atravesar Colombia […] hacia el Pacífico salir hacia Panamá y desde allí hacia los Estados Unidos” (Guerrero, 2018); este tipo de dinámicas criminales no se perciben en el Catatumbo debido a la falta de control sobre la frontera y a la ausencia absoluta de controles migratorios.
También, a través de la frontera colombo-venezolana, se materializan delitos como el contrabando de minerales –específicamente de oro– que, en palabras de Romero (2018), se da de la siguiente forma:
En Venezuela existen múltiples minas de oro […] El Estado tiene el monopolio de la explotación. Es decir, el Estado explota el oro y lo centraliza […] pero, hay personas dedicadas a robar el oro. Entonces, y entendiendo que en Venezuela hace muchos años el Bolívar ha estado por debajo del peso y obviamente del dólar, es más rentable sacar el oro de Venezuela hacia Colombia o hacia otros países y venderlo allí; [también hay] transacciones del narcotráfico que se pagan en oro. Ese oro entra desde Venezuela a Colombia.
Es así que, en materia financiera, la existencia de estos múltiples delitos y el control que la ilegalidad ha logrado sobre la frontera, deriva en beneficios económicos más allá de las utilidades del narcotráfico, las extorsiones, el secuestro y el contrabando (Luna, 2018, p.149). Adicionalmente, la condición fronteriza fortalece la presencia de los grupos ilegales en el Catatumbo, en perjuicio de las condiciones de seguridad, debido a que principalmente para las guerrillas, “Venezuela ha sido uno de sus ejes de retaguardia en donde tienen zonas de descanso, donde se recupera la gente herida y los enfermos” (Mayorga, 2018; Luna, 2018, p.149) lo que les posibilita resistir los esfuerzos militares realizados en territorio colombiano. Las organizaciones criminales conocen muy bien en dónde está la frontera, al llegar allá se sienten seguros, están muy tranquilos, saben que hay permisividad de las autoridades venezolanas y que las autoridades colombianas no pueden llegar (Calvino, 2018).
De igual forma, la crisis económica y humanitaria existente en Venezuela ha facilitado la incorporación de ciudadanos de ese estado por parte de los grupos ilegales colombianos (Diario El País, 2018). Los distintos actores violentos “han reclutado venezolanos quienes por la falta de empleo han encontrado en estas organizaciones una forma de subsistir” (Aguilar, 2018), de tal forma que “hoy encontramos en las filas gran número de venezolanos [algunos de los cuales] están comenzando a tener mando” (Valencia, 2018). Es posible que “en un futuro no muy lejano el mayor incremento del pie de fuerza” (Valencia, 2018) de los grupos ilegales colombianos se dé gracias al flujo de jóvenes de esa nacionalidad, obligados a incorporarse a estas organizaciones para sostenerse y sostener a sus familias, aprovechando que grupos como los Pelusos pagan entre 1.700.000 y 1.800.000 pesos mensuales por hacer parte de sus estructuras, controlar sus áreas y custodiar las rutas de narcotráfico (Aguilar, 2018).
La dinámica violenta desarrollada por los grupos ilegales tiene diversas consecuencias sobre las comunidades del Catatumbo, incluso en ámbitos poco documentados como es el de la violencia política. La incapacidad estatal para realizar el control efectivo del territorio y confrontar de manera eficaz a los grupos armados, posibilita la interacción prolongada de los grupos armados ilegales con las comunidades. Actualmente, en las áreas rurales, “la mayoría de los habitantes de esta zona [han tenido o tienen contacto frecuente con integrantes de] esas organizaciones” (Mayorga, 2018); este rasgo implica que, con el paso de los años, los miembros de los grupos irregulares, inicialmente foráneos, hayan sido reemplazados por jóvenes oriundos de la zona. Hoy, “quienes están liderando las organizaciones son de la región, los guerrilleros son familiares de [los habitantes], son su misma gente, su misma familia” (Guerrero, 2018), lo que afecta de manera sustancial el comportamiento de algunos sectores de la población frente al Estado y frente a la actividad ilegal.
Además, con el paso de los años estos grupos han ido sofisticando su accionar, hasta llegar a controlar algunas dinámicas institucionales, influyendo sobre la vida política y social. Por ejemplo, en el ámbito electoral, los ciudadanos que no tengan algún tipo de vínculo con los grupos armados ilegales y deseen participar en un proceso electoral “deben tener permisos de los cabecillas de las organizaciones” (Guerrero, 2018), con lo que estos últimos logran “una injerencia muy alta sobre los candidatos” (Ferrer, 2018). Por años, “ha habido una incidencia altísima de las guerrillas, en los procesos de elección de mandatarios locales” (Bautista, 2018) y fácilmente pueden controlar un punto de votación, […] pueden sentar a alguien afecto a su grupo en una mesa, mantener el control y decir cuál es el candidato que debe ganar (Valencia, 2018), cubriendo siempre sus acciones con una falsa legitimidad, como lo hacen en otras regiones del país (Las 2 orillas, 2018).
Encontramos municipios como Hacarí o San Calixto cuyos aspirantes [a los cargos de elección pública] han tenido que someter sus programas de gobierno a las guerrillas; estos dos [municipios] han sido altamente influenciados por el EPL; [en] el Tarra y Tibú, [los candidatos también] han tenido todo tipo de coacciones (Bautista, 2018).
En consecuencia, varias administraciones locales han sido lideradas por funcionarios “manipulados por estas organizaciones” (Mayorga, 2018), lo que facilita que estas agrupaciones “manejen los recursos a su conveniencia” (Márquez, 2018). En este mismo sentido, cuando un ciudadano desligado de los grupos ilegales dirige los destinos, por ejemplo, de una municipalidad, “el actor armado dificulta muchísimo la aplicación de políticas públicas” (Ferrer, 2018). Por ejemplo, en palabras de Ferrer, en el evento de que “un Alcalde que a través de la Gobernación consiga los recursos para mejorar una vía, puede tener [diversos] problemas [al momento de la ejecución]. Los trabajadores que van a ejecutar esa obra deben ser puestos por los actores armados, los ingenieros que van a trabajar ahí, la planta de personal profesional que va a participar en la obra debe tener el aval de la organización ilegal. [Además,] la organización ilegal cobra una extorsión, muchas veces por encima del 10 o 15% sobre las obras públicas que se hacen en los municipios o en las áreas rurales”.
Asimismo, en algunas zonas del Catatumbo en donde consolidaron su influencia, estos actores “han logrado colocar militancia de las guerrillas al interior de algunos procesos políticos” (Bautista, 2018). “Este es el caso de las elecciones de gobiernos locales y parlamentarios donde miembros de […] los grupos irregulares (FARC, ELN) se presentaron como candidatos y, en algunos casos ganaron” (Carrión, 2017, pág. 13); de esta forma “estas organizaciones [han logrado] liderar la parte política y tienen pleno control sobre ella, […] tienen alcaldías, y también están presentes en los Concejos Municipales, juntas de acción comunal y organizaciones no gubernamentales” (Mayorga, 2018), de manera directa a través de “Concejales y Alcaldes identificados como miembros de estos agentes generadores de violencia” (Agudelo, 2018).
A propósito de esta dinámica, debe mencionarse que el ELN es una de las agrupaciones con mayor eficacia al momento de infiltrar la institucionalidad, debido a que, además de la coacción y del clientelismo desarrollado con recursos del narcotráfico, se han esforzado en “formar cuadros políticos en las llamadas escuelas de oficiales y suboficiales del ELN [para luego tratar] de que esos cuadros no se vinculen a la vida armada, sino que [se conviertan] en líderes sociales y posteriormente sean electos en los Consejos o en las Alcaldías” (Guerrero, 2018), en donde inician una carrera política que, en algunos casos, les ha permitido acceder a cargos de representación nacional. De esta forma el ELN se ha ido convirtiendo en gobierno en la zona, es un poder que está dirigido a superar el poder del Estado a través de un proyecto que tiene por fin arrebatarle la soberanía (Botache, 2018).
Así, una vez en las estructuras de gobierno, “esas personas que [los grupos armados ilegales] colocaron allí deben hacer […] lo que ellos necesiten” (Marquez, 2018). En varios municipios del “Catatumbo hay corrupción, manipulación de las organizaciones armadas que generan terror y coacción a la acción política” (Mayorga, 2018). Este tipo de acciones también son generadas por los integrantes de algunos grupos ilegales que tienen una marcada naturaleza criminal, desligada del discurso político que pregonan las guerrillas, como los llamados grupos armados organizados o bandas criminales. Estos últimos realizan injerencia sobre las administraciones públicas “para que los favorezcan en contratos, [nombramiento] de los mandatos regionales o locales de la policía o [haciendo] inteligencia delictiva” (Agudelo, 2018), lo que afecta la legitimidad de la institucionalidad y condiciona el cumplimiento de funciones en procura del bienestar de los ciudadanos.
De forma paralela a la obtención del poder político, las organizaciones al margen de la ley afectan de manera sustancial la dinámica social, utilizando hábilmente las contradicciones y el inconformismo de la población, en un esfuerzo por apropiarse del control del movimiento social. Los actores armados “copan el vacío del Estado [y] través de sus planes y sus procesos organizativos aprovechan las necesidades y la ausencia del Estado” (Guerrero, 2018), manipulando el movimiento social, estimulando la protesta y transformándola en un evento violento debido a la infiltración de miembros de los grupos armados en las mismas (Fundación Ideas para la Paz, 2015, p.22). Estas acciones hacen parte de un esfuerzo que procura la “la manipulación de las personas para ponerlas en contra el Estado” (Botache, 2018), tratando de lograr avances en sus propósitos antagónicos a la institucionalidad.
En este mismo sentido, otro plano en el que se percibe la violencia política en la región se encuentra relacionada con la manipulación del desarrollo cotidiano de actividades de la comunidad; de acuerdo a un informe en el que Fundación Ideas para la Paz, en el que cita a la Defensoría del Pueblo (2015), los grupos armados han impuesto normas de conducta y comportamiento social. Estas normas que son de obligatorio cumplimiento, evidencian la capacidad de la ilegalidad para fungir como autoridades en sus áreas de injerencia, llegando a erigirse incluso como administradores de justicia, decidiendo respecto a los problemas que se presentan al interior de las comunidades y sancionando a quienes sean identificados como perpetradores de las conductas que estos códigos determinen como faltas (Bautista, 2018). Este tipo de esquemas permiten al ELN justificar delitos como el secuestro, argumentado estar velando por el cumplimiento de las normas de convivencia (ELN, 2017), es decir, que procuran justificar sus actos de violencia directa.
Es así que la débil presencia del sistema judicial en esta región y la violencia que caracteriza las acciones de los grupos al margen de la ley, hacen de estos últimos una alternativa válida para discernir conflictos y regular las dinámicas de convivencia cotidiana, lo que es percibido por los habitantes del Catatumbo, quienes terminan por atribuirle a los miembros de los grupos criminales el papel de fiscales y jueces; debe mencionarse, para ser objetivos, que la administración de justicia ejercida por estos grupos puede llegar a prevenir algunas conductas determinadas como punibles por el Estado, específicamente las que son castigadas por los grupos al margen de la ley “como los hurtos, las violaciones, el microtráfico o el consumo de estupefacientes” (Guerrero, 2018), pero también debe hacerse énfasis en la ilegitimidad de estas acciones y en el aprovechamiento que el ELN hace de las mismas para legitimar su violencia.
Además, la autoridad asumida por los grupos ilegales, afecta derechos fundamentales de los ciudadanos, cómo el de circular libremente por el territorio nacional, consagrado en el artículo 24 de la Carta Magna (Gómez, 1991), el cual es condicionado debido a que, en varios sectores de la zona rural, los residentes “tienen que pedir permiso para ir […] al pueblo, [y respecto al personal foráneo,] tanto el ingreso como la salida es controlada por ellos” (Mayorga, 2018). Además, los miembros de los grupos armados pueden decretar un toque de queda; cuando esto ocurre, la gente lo acata como si fuera ley (Agudelo, 2018); los miembros de los grupos armados incluso restringen la entrada de vehículos a ciertas horas (Mayorga, 2018), y durante periodos de semanas o meses han decretado el llamado paro armado, el cual a comienzos de este año ocasionó la pérdida de 1.200 toneladas de cebolla y 72 de tomate, agravando aún más la situación económica de los habitantes de la región (Revista Semana, 2018) generando consecuencias realmente negativas para los residentes, desde las dinámicas criminales y la presión política de los grupos armados.
En síntesis, la simbiosis entre la violencia de origen criminal y la violencia política en el Catatumbo, tiene relación directa y parte de su origen en las condiciones de pobreza existente en la región y conduce a una serie de dinámicas criminales entre las que se destacan el narcotráfico, el tráfico de insumos, el secuestro, el contrabando que generan un alto volumen de recursos económicos para los integrantes de estas agrupaciones; además, con el fin de predominar en estos procesos delictivos, los ilegales desarrollan actividades de intimidación, desplazamiento y enfrentamiento armado directo que afecta la tranquilidad de los pobladores; además, los grupos armados, principalmente los que manejan un discurso subversivo, con el fin de “desarrollar un proyecto de construcción de poder popular, construcción de un poder paralelo al del Estado” (Botache, 2018), han desarrollado un proceso paulatino que busca cooptar las organizaciones cívicas y de la sociedad en general (Fundación Ideas para la Paz, 2015, p.21), con el fin de dar continuidad a sus actividades criminales en un ambiente de tensión, ausencia de institucionalidad e inestabilidad, conveniente para el desarrollo de sus actividades delictivas que tienen por fin último el lucro.
Conclusiones
Las comunidades del Catatumbo son afectadas por la interacción de dinámicas de violencia política y violencia derivada de actividades criminales, las cuales generan consecuencias como la incorporación de las comunidades a actividades ilícitas, la coerción, el desplazamiento y el daño físico directo. Las condiciones de abandono de la región, la ausencia de institucionalidad y la condición fronteriza, han facilitado la inoculación y desarrollo de actividades ilícitas que condicionan la vida económica, política y social en la región del Catatumbo.
El narcotráfico tiene tal grado de importancia en la dinámica de inestabilidad regional, que puede ser señalado como una de las razones por las cuales lo grupos ilegales locales y agrupaciones criminales transnacionales se ubican en la misma, generando los consecuentes efectos violentos que afectan a las comunidades.
En procura de fortalecer su posición en la región, los grupos armados, principalmente los que exponen un discurso revolucionario, han venido cooptando las dinámicas políticas y sociales, afectando la legitimidad de los gobiernos locales, incrementando el antagonismo respecto al poder central y convirtiendo en violentos los procesos de movilización social y protesta.
Referencias
Agudelo, F. (26 de mayo de 2018). Entrevista 3. (F. Otálora, Entrevistador).
Aguilar, E. (24 de mayo de 2018). Entrevista 1. (F. Otálora, Entrevistador).
Ayuso, A., & Gratius, S. (2016). Venezuela 2016: Nuevo escenario político. Notes internacionals CIDOB, 1-6.
Bautista, S. (06 de junio de 2018). Entrevista 8. (F. Otálora, Entrevistador).
Botache, S. (30 de mayo de 2018). Entrevista 7. (F. Otálora, Entrevistador).
Burgos, A. (2006). Petróleo e indígenas en Colombia: Una mirada desde la seguridad humana. Desafíos, 389-418.
Calvino, A. (26 de mayo de 2018). Entrevista 4. (F. Otálora, Entrevistador).
Carrión, F. (2017). La política en la violencia y lo político de la seguridad. Quito: FLACSO.
Centro de Investigación y Educación Popular. (2016). Ambiente, minería y posconflicto en Colombia. Bogotá.
Centro de Memoria Histórica. (2017). Memorias de Vida y Dignidad. Obtenido de Memorias de Vida y Dolor: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/catatumbo/violencia.html.
Cordini, N. (2017). El "crimen organizado" y el problema de la doble vía de punición. Revista de derecho (Valdivia), 333-349. https://doi.org/10.4067/S0718-09502017000100014
Diario El Espectador. (1 de diciembre de 2017). Diario El Espectador. Obtenido de Capturan hombre de confianza de alias Megateo en Cartagena: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/capturan-hombre-de-confianza-de-alias-megateo-en-cartagena-articulo-728056.
Diario El País. (18 de febrero de 2018). Diario El País. Obtenido de La guerrilla colombiana se nutre de venezolanos: https://www.elpais.com.uy/mundo/guerrilla-colombiana-nutre-venezolanos.html.
Ellis, E. (2018). El colapso de Venezuela y su impacto para la región. Military Review, 30-42.
ELN. (3 de julio de 2017). Voces ELN. Obtenido de Titulan "secuestro", pero es cumplimiento de normas de convivencia: http://eln-voces.com/titulan-secuestro-pero-es-cumplimiento-de-normas-de-convivencia/.
Ferrer, J. (10 de junio de 2018). Entrevista 10. (F. Otálora, Entrevistador).
Fundación Ideas para la Paz. (2015). Las FARC hoy en el Catatumbo. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. Cuadernos de estrategia, 147-168.
Gómez, F. (1991). Constitución Política. Leyer.
Guerrero, J. (28 de mayo de 2018). Entrevista 6. (F. Otálora, Entrevistador).
Instituto Español de Estudios Estratégicos. (2016). Política y Violencia: comprensión teórica y desarrollo en la acción colectiva. Cuadernos de Estrategia 183.
La Parra, D. y Tortosa, J. (2003). Violencia estructural: una ilustración del concepto. Documentación social, 131:57-72. Recuperado de: https://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf.
Las 2 orillas. (15 de junio de 2018). Las 2 orillas. Obtenido de El comandante del ELN que quiere vigilar las elecciones en el Chocó: https://www.las2orillas.co/video-el-comandantedel-eln-que-quiere-vigilar-las-elecciones-en-el-choco/.
Luna, M. (2018). Estrategia de Internacionalización del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Seguridad Fronteriza. Opera, 139-162. https://doi.org/10.18601/16578651.n23.09
Marquez, H. (26 de mayo de 2018). Entrevista 5. (F. Otálora, Entrevistador).
Mayorga, C. (25 de mayo de 2018). Entrevista 2. (F. Otálora, Entrevistador).
Molina, C., & Ramírez, J. (2017). Consecuencias del conflicto armado, los cultivos ilícitos y la agricultura extensiva en la zona del Catatumbo entre 1990 y 2016. Bogotá: Universidad de la Salle.
Ortiz, W. (2012). Violencia política en Colombia. Paradojas e institucionalización de una disfunción. Civilizar, 129-141.
PNUD; ANH; MININTERIOR; MINMINAS. (2015). Diagnóstico socioeconómico del departamento de Norte de Santander. PNUD.
Ramírez, J., Zamora, V., Centeno, D., & Solís, C. (2017). El Conflicto Armado en las Regiones, Capítulo Especial: Catatumbo. Bogotá: Universidad del Rosario.
Revista Semana. (29 de abril de 2018). Revista Semana. Obtenido de Después del acuerdo de paz, la guerra no descansa: https://www.semana.com/nacion/articulo/catatumbo-enfrentamientos-entre-eln-y-epl/565229.
UNDOC. (2018). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017.
UNODC; MINJUSTICIA. (2016). Caracterización regional de las problemáticas asociadas a las drogas ilícitas en el departamento de Norte de Santander. Bogotá: UNODC.
Valencia, D. (08 de junio de 2018). Entrevista 9. (F. Otálora, Entrevistador).