Acercamiento a la ley de víctimas basado en el modelo multidimensional de paz
Approach to the victims' law based on the multidimensional model of peace
Revista PERSPECTIVAS
EN INTELIGENCIA
Myriam Carmenza Sierra Puentes1, Pedro José Gómez Prieto2*, Danny Lorena González Díaz3, Laura Jazmín Gacheta Rojas4 y Carol Vanessa Torres Urrea5
(1) Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, D. C. – Colombia, myriamc.sierrap@konradlorenz.edu.co
(2) Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, D. C. – Colombia, pedroj.gomezp@konradlorenz.edu.co
(3) Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, D. C. – Colombia, dannyl.gonzalezd@konradlorenz.edu.co
(4) Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, D. C. – Colombia, lauraj.gachetar@konradlorenz.edu.co
(5) Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, D. C. – Colombia, carolv.torresu@konradlorenz.edu.co
* Autor a quien se dirige la correspondencia
Volumen 14, Número 23, Enero - Diciembre 2022, pp. 203-220
ISSN 2145-194X (impreso), 2745-1690 (en línea)
Bogotá D.C., Colombia
http://doi.org/10.47961/2145194X.338
Fecha de recepción: 16/11/2021 | Fecha de aprobación: 26/10/2022
Resumen
Con la implementación de la Ley de Víctimas en el año 2011 se pretendía la construcción de una paz estable y duradera, a través del reconocimiento y la definición de dinámicas sociales, económicas, políticas e institucionales que permitieran el goce efectivo de derechos como la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición. Con este panorama, el objetivo que se planteó en este estudio fue realizar un análisis crítico del discurso de la Ley de Víctimas, basado en el Modelo Multidimensional de Paz. El estudio está enmarcado en una metodología cualitativa, por medio del método Hermenéutico; el análisis se desarrolló a través de la Teoría Fundamentada a partir de codificación abierta, axial y selectiva con el software NVivo12; donde se definieron siete ejes de indagación, correspondientes a las dimensiones: biopsicosocial, socioeconómica, sociopolítica, sociojurídica, sociocultural, socioambiental y seguridad. Dentro de los resultados más relevantes se encontró que el Estado propende una mejora para las víctimas, pero este no asume su responsabilidad frente a lo sucedido. Con relación al presupuesto designado para el cumplimento de esta Ley, se observa que ha variado de forma significativa en el tiempo con una implementación deficiente. Los resultados demuestran que las dimensiones del Modelo son abordadas tangencialmente, mas no de forma horizontal (algunas de ellas representan una mayor extensión en comparación con otras). Se concluye que la Ley de Víctimas se ha consolidado bajo una estructura de Paz Negativa.
Clasificación JEL: D74, D78, K38
Palabras clave: Conflicto Armado; Ley de Víctimas; Modelo Multidimensional de Paz; Paz; Persona Desplazada; Desigualdad.
Abstract
With the implementation of the Victims Law in 2011, the aim was to build a stable and lasting peace through the recognition and definition of social, economic, political and institutional dynamics that would allow the effective enjoyment of rights such as truth, justice and reparation with guarantees of non-repetition. Against this background, the objective of this study was to carry out a critical analysis of the discourse of the Victims Law, based on the Multidimensional Peace Model. The study is framed in a qualitative methodology, through the Hermeneutic method; the analysis was developed through the Grounded Theory from open, axial and selective coding with NVivo12 software; where 7 axes of inquiry were defined, corresponding to the dimensions: biopsychosocial, socioeconomic, socio-political, socio-legal, socio-cultural, socio-environmental, and security. Among the most relevant results, it was found that the State is seeking an improvement for the victims, but it does not assume its responsibility for what happened; in relation to the budget designated for the fulfillment of this Law, it is observed that it has varied significantly over time with a deficient implementation. The results show that the dimensions of the Model are addressed tangentially, but not horizontally (some of them represent a greater extension compared to others). It is concluded that the Victims Law has been consolidated under a Negative Peace structure.
Keywords: Armed Conflict; Victims Law; Multidimensional Model of Peace; Peace; Displaced Person; Inequality.
Introducción
El 24 de noviembre de 2016 se dio paso a la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), lo que suponía el fin del conflicto armado entre estos actores. No obstante, dicho Acuerdo no representaba de ninguna manera el fin del conflicto definitivo, toda vez que las FARC-EP tan solo eran uno de los diferentes actores que han marcado este episodio de la historia del país.
Se ha considerado que la firma del Acuerdo de Paz llevó al país a una era de postconflicto, entendido este como aquel paso siguiente a la terminación del conflicto armado y donde se debían lograr las condiciones para que la paz en Colombia fuera duradera y que la guerra no tuviera lugar nuevamente (Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, s.f.). No obstante, y de acuerdo con cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (2021), el conflicto armado sigue latente, y existen al menos cinco conflictos armados no internacionales, en los que destacan actores como el Estado colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las extintas FARC-EP.
Autores como Pulido (2015) y Carrillo & Arias (2018) enmarcan sus discusiones en torno a la noción de posconflicto propuesta por el Gobierno nacional y reparan en la necesidad de adaptar el aparato estatal hacia nuevas amenazas para la seguridad nacional, como si el conflicto armado interno hubiese terminado de facto.
Por el contrario, también hay quienes no se enmarcan en dicha visión, sino que hablan de un postacuerdo, entendido como aquel período posterior a la firma del Acuerdo de Paz y que efectivamente trae consigo una serie de retos a los que debe adaptarse la sociedad (Ramos & Cortés, 2018). Y dentro de esa visión de que aún no se ha dado un fin del conflicto, se enmarca el necesario reconocimiento de la diversidad de actores que han influido, como sostiene Forero (2019).
Más de medio siglo de guerra interna significó el deterioro de las condiciones de vida tanto de las víctimas del desplazamiento forzado, como de las comunidades receptoras (Sierra-Puentes y Bejarano, 2019). De acuerdo con el informe del Internal Displacement Monotoring Center and Norwegian Refugee Council (IDMC & NRC, 2017), para el año 2015 Colombia presentaba un aproximado de 6’270.000 personas afectadas por desplazamiento forzado, ocupando el segundo puesto a nivel mundial, y el primero en el continente americano. En 2016 esta cifra superaba los 7’246.000 desplazados, convirtiéndose en el país con mayor población víctima del desplazamiento en el mundo por conflicto armado interno (ICDM & NRC, 2017).
Estas condiciones de desplazamiento por violencia han llevado a la población víctima a vivir fenómenos como pérdidas económicas, descomposición del núcleo familiar, deserción escolar, asentamiento en condiciones precarias e insatisfacción de necesidades básicas a nivel alimentario y de salud (Sierra-Puentes y Bejarano, 2019). Asimismo, se identifican situaciones de desnutrición y obesidad por desorden alimenticio, las cuales sobrevienen principalmente por la falta de acceso a productos nutritivos, malos hábitos alimenticios, así como cambios drásticos en las prácticas y costumbres asociadas a la alimentación (Sierra-Puentes y Bejarano, 2019).
Adicionalmente, se han comprobado fenómenos asociados al género; de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), la desaparición forzada y el homicidio son hechos victimizantes que afectan más a los hombres; mientras que las amenazas y el desplazamiento forzado lo vivencian principalmente las mujeres. Los datos del Registro Único de Víctimas (2017) indican que las mujeres experimentan situaciones de despojo forzado de tierras, delitos contra la libertad e integridad sexual, amenazas y desplazamiento; y los hombres son expuestos a homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura y minas antipersonales.
En este contexto, y previamente a la firma del Acuerdo de Paz, en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el Estado había incursionado en acciones para reconocer a las personas afectadas producto del conflicto armado interno. Una de ellas es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011, cuya finalidad está centrada en disponer de “medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, para los afectados a partir del 1 de enero de 1985” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020).
Asimismo, durante los gobiernos que precedieron al presidente Santos, también se dieron acercamientos, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo, a través de regulaciones que reconocieran la condición de víctimas por el conflicto armado. Es el caso de la Ley 387 de 1997, sancionada durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, cuyo objetivo era la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado, así como la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por la violencia. De igual manera, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, se reglamentó esta Ley a través del Decreto 2569 del 12 de diciembre de 2000; para el año 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se expidió el Decreto 250, mediante el cual se consolidaba el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.
Si bien se dieron acercamientos loables en cuanto al reconocimiento y regulación de estas condiciones, es importante resaltar que en el año 2004, a través de la Sentencia T-025, la Corte Constitucional hizo un llamado al Gobierno nacional con el fin de direccionar la política pública en beneficio de la población que se encontraba en situación de desplazamiento forzado (Organización Panamericana de la Salud, 2009). Por medio de dicha Sentencia, la Corte Constitucional declaró:
La existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado. (Sentencia T-025/04, p.91).
Finalmente, lo que buscaba la Corte Constitucional con este fallo era instar al Gobierno a: 1) garantizar la seguridad ciudadana; 2) dar solución al problema del desplazamiento, a través de la protección y garantía de los derechos humanos; y, 3) generar una política de promoción de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad por medio del empleo y la equidad (Organización Panamericana de la Salud, 2009).
De acuerdo con las cifras de desplazamiento presentadas por la OCHA (2020), entre los años 2017 y 2020, 574.845 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado por parte del conflicto armado, de las cuales 530.046 se encuentran en condición de no superación de la situación de vulnerabilidad. Estas cifras corroboran un incremento constante de afectados por el conflicto armado interno: para el año 2017 se registraron 126.395 personas, donde 110.902 se encontraban en situación de vulnerabilidad. En el año 2018 se registraron 157.776 de los cuales 140.362 se encontraban en no superación de la situación de vulnerabilidad. Asimismo, para 2019, la población registrada era de 139.065, siendo 133.365 personas que demostraban la no superación de la situación de vulnerabilidad. Para finalizar, en 2020 las cifras ascendieron a 151.609, con un registro de 145.417 que no superaban la situación de vulnerabilidad (OCHA, 2020).
Con el ánimo de reparar a las personas sometidas por el conflicto, entre 2002 y 2021 se han destinado $150,5 billones con miras a la atención en desplazamiento forzado. Para esto, se destinaron $117,2 billones en un período de diez años, contado a partir de la aprobación de la Ley de Víctimas en el año 2011, lo que equivale al 77,9 % de recursos totales desde 2002. De igual manera, los recursos destinados para el cuidado de esta población aumentaron de $ 1,2 billones en 2002 a $ 13,9 billones en 2021, representando un aumento real de 1070,8%, con una tasa de crecimiento anual promedio de 14.4% (Departamento Nacional de Planeación, 2021).
Con estos precedentes, habiéndose cumplido el plazo inicial de diez años fijado por la Ley de Víctimas, con el atenuante de solicitud de prórroga presentado por Emilio José Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, y Ramón Rodríguez, director general de la Unidad de Víctimas, ante el Gobierno Nacional, luego de la indemnización de tan solo 290.696 personas perjudicadas (teniendo en cuenta que en el Registro Único de Víctimas aparecen inscritas más de nueve millones) (Murcia, 2021); y, finalmente, con la sanción presidencial de la Ley 2078 de 2021, por medio de la cual se dio prórroga a la Ley de Víctimas, hasta el año 2031, se abre la oportunidad de mirar la Ley a partir de un enfoque diferente.
Es por ello que en la presente investigación se planteó analizar la Ley de Víctimas desde el abordaje del concepto de Paz, basado en el Modelo Multidimensional, y a través de un Análisis Crítico del Discurso. Esto permitió identificar las Dimensiones del Modelo de Paz propuesto por López-López et al., (2021), así como identificar el tipo de Paz que se abordó en la Ley de Víctimas, de tal forma que se pudiera establecer la efectividad de esta en tanto estrategia de no revictimización.
Marco Teórico-Conceptual
Víctimas
Para la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) se entiende como víctima de desplazamiento forzado aquella persona que “se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia, sus actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas” (2011, p. 41). Para la Oficina de Naciones Unidas, y la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en su Informe del año 2020, define como víctima de desplazamiento forzado a:
Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (OCHA, 2020; p.11).
Concepto de paz
De acuerdo con Galtung (1969), la paz puede ser entendida desde dos perspectivas: la Paz Negativa, la cual se centra en la ausencia de guerra y violencia; y la Paz Positiva, cimentada en inversiones sostenibles tanto para el desarrollo económico, como de instituciones, al igual que inversión en las actitudes sociales que, finalmente, fomenten la paz que es más duradera en el tiempo (Vision of Humantity, s/f.).
A partir de la Paz Positiva se plantea el Modelo Multidimensional de Paz, propuesto por López-López (2016, 2017, 2020), el cual define una serie de dimensiones que, en conjunto, permiten una consolidación de la paz. Cada una de estas dimensiones se centra en los esfuerzos del aparato estatal y de la sociedad en general, para poder formar relaciones pacíficas entre antiguos rivales. Las dimensiones están orientadas a identificar y apoyar estructuras que fortalezcan y consoliden la paz para prevenir el resurgimiento del conflicto. Estas dimensiones son:
· Dimensión Socioeconómica: surge de la relación entre altos niveles de injusticia distributiva y diversas manifestaciones de violencia; va encaminada a generar acciones que reduzcan la desigualdad en la distribución de la riqueza, como ingresos, propiedades, alquiler, comida, seguridad, justicia, educación, información y relaciones sociales (Collier, 2011; Staub, 2006; como se citó en López- López et al., 2021).
· Dimensión Sociopolítica: está vinculada con el fortalecimiento de la democracia como requisito en escenarios de reconciliación social; va enfocada a reducir la exclusión política de grupos minoritarios e implementar mecanismos de gestión basados en el diálogo y el consenso que contribuyan a la construcción de la paz (Cousens et al., 2000; Jeong, 2005; como se citó en López- López et al., 2021).
· Dimensión Sociojurídica: pretende evitar la impunidad y hacer cumplir los derechos humanos, independientemente de las condiciones materiales de las víctimas o sus identidades. La construcción de paz en esta dimensión demanda acciones restaurativas que lleven al restablecimiento de la justica (Guzmán, 2009; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016a; Uprimny & Saffon, 2009; como se citó en López- López et al., 2021).
· Dimensión Sociocultural: tiene como principal objetivo la inclusión social para el rechazo de la violencia; incluye acciones que favorecen la tolerancia, igualdad de género, y pautas para la buena crianza de los hijos (Alonso & Valencia, 2008; Cárdenas, 2006; como se citó en López- López et al., 2021).
· Dimensión Socioambiental: aborda las asociaciones entre crisis ambientales, falta de recursos, y violencia. La construcción de paz en esta dimensión incluye políticas económicas basadas en la sostenibilidad y el cambio en los métodos de extracción de recursos (Brauch et al., 2016; Collier, 2011; como se citó en López- López et al., 2021).
· Dimensión de Seguridad: se basa en respetar la vida de todos los miembros de la sociedad, independientemente de sus creencias o posición social; incluye acciones y mecanismos para la protección de la integridad, la privacidad y la intimidad; estas acciones deben estar sujetas al control civil y al respeto de los derechos humanos (Oswald et al., 2014; como se citó en López- López et al., 2021).
· Dimensión Biopsicosocial: se centra en la comprensión de las interacciones entre dinámicas sociales, individuales, relacionales e intergrupales. Esta multidimensionalidad se considera el factor principal en las acciones encaminadas a transformar tales interacciones, como, por ejemplo, resaltando las asimetrías en los procesos de comunicación y deslegitimando los discursos (Borja et al., 2009; Borja-Orozco et al., 2008; López-López et al, 2014; Sabucedo et al., 2004; como se citó en López- López et al., 2021).
Análisis del discurso
El análisis crítico del discurso (ACD), según Van Dijk (1999), se entiende como un tipo de investigación analítica que estudia el discurso y cómo el dominio, desigualdad y abuso de poder son reproducidos por medio de textos y el habla en un determinado contexto social y político. Fairclough y Wodak (1994) resumen los principios básicos del ACD en ocho puntos: 1) el ACD trata de problemas sociales; 2) las relaciones de poder son discursivas; 3) el discurso constituye la sociedad y la cultura; 4) el discurso hace un trabajo ideológico; 5) el discurso es histórico; 6) el enlace entre el texto y la sociedad es mediato; 7) el análisis del discurso es interpretativo y explicativo; y, finalmente, 8) el discurso es una forma de acción social. Desde esta perspectiva el ACD se inscribe como un método de análisis para entender de qué manera un discurso dominante es aprehendido por la sociedad, con el fin de ser reproducido y convertirse en social. En última instancia, este es el objeto del ACD al evocar aquellos discursos que no surgen de manera espontánea en la sociedad, sino que son inducidos por quienes se ubican en el “núcleo de la reproducción del poder y la base de la definición de la hegemonía” (Van Dijk, 1999; p. 31).
Método
Pregunta de Investigación
¿Cuál es el abordaje que se hace del concepto de Paz en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), basado en el Modelo Multidimensional de Paz de López-López?
Objetivo General
Identificar el abordaje que se hace del concepto de Paz en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) basado en el Modelo Multidimensional de Paz, y a través de un Análisis Crítico del Discurso.
Objetivos Específicos
· Identificar las Dimensiones del Modelo Multidimensional que se desarrollan en la Ley de Víctimas.
· Determinar el tipo de Paz que se desarrolla en la Ley de Víctimas.
· Identificar la efectividad de la Ley en tanto estrategia de no revictimización.
Tipo de Estudio
La investigación se estructuró bajo una metodología cualitativa por medio del método hermenéutico, el cual pretende comprender el significado del lenguaje (Hernández et al., 2014). Se analizó el texto de la Ley de Víctimas, basándose en los parámetros de la Teoría Fundamentada, entendida por Strauss y Corbin (1998) como una teoría derivada de datos recopilados y que se basa en la recolección de datos y en un proceso de codificación abierta, axial y selectiva. Adicionalmente, la presente investigación se abordó a partir del Análisis Crítico del Discurso como método, desde la perspectiva de Teun Van Dijk (1999).
Categorías Orientadoras y Ejes de Indagación
En esta investigación la categoría orientadora es: el Modelo Multidimensional de Paz, el cual define una serie de dimensiones que, en conjunto, permiten una consolidación de la paz. Asimismo, los ejes de indagación corresponden a las dimensiones del Modelo: Socioeconómica (generar acciones que reduzcan la desigualdad en la distribución de la riqueza), Sociopolítica (vinculada con el fortalecimiento de la democracia); Sociojurídica (acciones restaurativas que lleven al restablecimiento de la justica); Sociocultural (inclusión social para el rechazo de la violencia); Socioambiental (políticas económicas basadas en la sostenibilidad y el cambio en los métodos de extracción; Seguridad (acciones y mecanismos para la protección de la integridad, la privacidad y la intimidad); y Biopsicosocial (comprensión de las interacciones entre dinámicas sociales, individuales, relacionales e intergrupales).
Resultados
Al analizar el texto de la Ley de Víctimas por medio de codificación abierta, axial y selectiva, se encuentra lo siguiente:
En la FIGURA 1 se identifica la forma en que se organiza la Ley de Víctimas a la luz del Modelo Multidimensional de Paz. En este mapa jerárquico cada dimensión (representada por diferentes cajones) tiene un tamaño y una composición dispareja en comparación con las demás, siendo la dimensión sociojurídica la que mayor representación tiene dentro del corpus de la Ley de Víctimas. Y dimensiones tales como la sociocultural, la sociopolítica y la socioambiental, son muy poco visibles, lo que representa una baja representación dentro del corpus discursivo de la Ley.
FIGURA 1. Mapa Jerárquico Ley de Víctimas
Fuente: Elaboración propia.
Nota: El gráfico muestra la disposición de cada una de las dimensiones, de acuerdo con las diferentes temáticas que se abordan en la Ley de Víctimas.
Es importante tener presente que el análisis de conglomerados representa la distancia existente entre los términos fundamentales dentro de un discurso dado. Esta distancia no es otra cosa que la similitud semántica y discursiva de los términos en el contexto que se presentan. En lo que a esta dimensión refiere, en la FIGURA 2 se identifica que la Ley propende por el reconocimiento de la condición de víctima a partir de procesos de reparación, satisfacción y no repetición. Estos procesos de reconocimiento vienen sustentados en acciones de atención y asistencia. Por otro lado, especial atención debe prestarse al reconocimiento diferencial que hace la Ley de niñas, niños y adolescentes, quienes también son reconocidos como sujetos de derechos de verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición, dada su victimización y daño cometidos por grupos armados.
FIGURA 2. Análisis de conglomerados dimensión sociojurídica
Fuente: Elaboración propia.
Nota: El gráfico representa la cercanía de términos que tienen relación entre sí, respecto a la dimensión sociojurídica.
En cuanto a la dimensión socioeconómica, la FIGURA 3 describe cómo sobre esta dimensión se cimienta el corpus discursivo de la restitución de tierras, a la vez que se estructura a partir del reconocimiento del despojo forzado y el abandono, así como el derecho de propiedad sobre los bienes que entren en consideración. Adicionalmente, se identifica la distinción que hace la Ley al acceso a programas de restitución para mujeres víctimas del conflicto; a la par, se propone un proceso de acompañamiento institucional en atención, salud y seguridad a las víctimas.
FIGURA 3. Análisis de conglomerados dimensión socioeconómica
Fuente: Elaboración propia.
Nota: El gráfico representa la cercanía de términos que tienen relación entre sí, respecto a la dimensión socioeconómica.
Respecto a esta dimensión, en la FIGURA 4 se identifica que hay un interés por brindar soluciones inmediatas basadas en procesos integrales de reparación y atención humanitaria. Adicionalmente, se identifica la creación de sistemas de registro que ayuden a identificar a las personas en situaciones de desplazamiento. Por otro lado, se reconocen dos actores que facilitan este tipo de procesos: las autoridades, quienes brindarán asistencia; y las víctimas, a quienes se debe garantizar espacios de participación en torno al reconocimiento de sus derechos.
FIGURA 4. Análisis de conglomerados dimensión seguridad
Fuente: Elaboración propia.
Nota: El gráfico representa la cercanía de términos que tienen relación entre sí, respecto a la dimensión seguridad.
Finalmente, en lo que respecta a lo biopsicosocial, como se identifica en la FIGURA 5, se encuentra la atención psicosocial, entendida como el acompañamiento que promueve la recuperación de la salud mental y la reconstrucción de las bases de sus relaciones sociales. Esta esfera biopsicosocial empieza en un nivel individual; no obstante, debe ser acompañada desde el reconocimiento de libertades colectivas que permitan, una vez más, la reconstrucción de ese tejido social y colectivo.
FIGURA 5. Análisis de conglomerados dimensión biopsicosocial
Fuente: Elaboración propia.
Nota: El gráfico representa la cercanía de términos que tienen relación entre sí, respecto a la dimensión biopsicosocial.
Discusión
El objetivo general de este estudio se centró en identificar el abordaje que se hace del concepto de Paz en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, basado en el Modelo Multidimensional de Paz, a través de un Análisis Crítico del Discurso. Los hallazgos dan cuenta de que las dimensiones abordadas por el modelo propuesto por López-López et al. (2021) se abordan de manera desproporcionada y que no existe un equilibro entre estas, sino que unas tienen mayor relevancia que otras.
Dentro del abordaje de la Dimensión Sociojurídica se mencionó como objetivo hacer cumplir los derechos, las acciones restaurativas y la reparación a víctimas; sin embargo, se evidencia que ninguna de estas condiciones se efectúa realmente. Según el Departamento Nacional de Planeación (2021), entre los años 2002 y 2021 aumentó la tasa de desplazamiento forzado, lo que llevó a un incremento del presupuesto para el cubrimiento de las necesidades de las víctimas, resultando en una estrategia poco efectiva para la superación de la condición de víctima.
También existe una tendencia a desarrollar unas dimensiones más que otras, por lo que se encontró que el abordaje más insuficiente fue para la Dimensión Socioambiental, debido a que no se plantean estrategias reales y puntuales para que las víctimas puedan acceder a recursos y medios de producción sostenibles. Esta dimensión requiere un debate de fondo, dadas las tendencias de desarrollo sostenible que se están dando no solo en el país, sino a nivel mundial, con el fin de replantear su desarrollo dentro de la Ley de Víctimas y así aportar en la construcción de una paz duradera y sostenible.
Los resultados de la presente investigación también dan cuenta de que, aunque los procesos que se han estructurado para la construcción de la paz se pudiesen enmarcar teóricamente en la denominada Paz Positiva, se concluye que dichos procesos han derivado más hacia una Paz Negativa (ausencia de violencia sistemática, organizada y directa). Sin embargo, a pesar de ello, aún no es visible un escenario real de ausencia de guerra, a la par con procesos de integración y cooperación de la sociedad para la construcción de la misma.
Sumado a lo anterior, Bobbio (citado en Sanz, 2019) afirma que un acuerdo de paz desde la idea de Paz Positiva se da cuando se instaura una estabilidad gracias a la regulación jurídica donde existe tregua entre Estados o actores de la guerra, en este caso, FARC-EP y Estado colombiano. No obstante, Santillán (citado en Sanz, 2019) menciona que la Paz Positiva solo se consigue conforme haya un avance de justicia, la eliminación de desigualdades y un profundo cambio social, lo cual confirma que los procesos realizados para la estructuración de la paz en Colombia no están anclados hacia la Paz Positiva.
Si bien el reconocimiento de las víctimas es importante dentro del documento de la Ley de Víctimas, este no es suficiente para el cubrimiento de sus necesidades ni para la superación de su condición. En esta medida, el no abordaje y el incumplimiento de las dimensiones del Modelo Multidimensional de Paz dan cuenta de una ausencia de paz en Colombia, así como de un proceso de revictimización aún no superable.
Conclusiones
Históricamente hablando, la Ley de Víctimas ha venido aportando elementos que, como se ha constatado, se suman a una lista previa de gobiernos antecesores que han buscado visibilizar a las víctimas del conflicto armado a través del reconocimiento de sus derechos, como la verdad, la justica y la reparación, con garantías de no repetición. Este tipo de estrategias busca finalmente dar las herramientas necesarias para fortalecer el aparato estatal, tanto en lo jurídico, como en lo administrativo, y de esta forma generar las condiciones necesarias para alcanzar una paz duradera y sostenible.
El Modelo Multidimensional sostiene que para hablar de paz es necesario que el aparato estatal reconozca cada una de las dimensiones propuestas y que, además, se den las condiciones para desarrollarlas. Si bien cada una de estas dimensiones se identifica en el corpus discursivo de la Ley de Víctimas, la realidad es que existe una representación desproporcionada de algunas, así como una práctica invisibilización de otras.
Se logra entrever que la Ley de Víctimas parte de un discurso oficialista con miras a alcanzar una paz específica, que no es más que la noción de paz de un gobierno específico. Esta idea de paz se basa en los esfuerzos por parte del Estado colombiano para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y reparación a las víctimas. No obstante, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación, en este tipo de paz prevalecen lo jurídico y lo económico por encima de lo político, cultural o ambiental.
Así pues, y partiendo de la perspectiva crítica propuesta por Van Dijk (1999), es posible ver que el discurso de gobierno y la simbología sobre la que se sostiene, van encaminados a reproducir una idea coyuntural de paz con el objetivo de convertirlo en un producto social. La idea de paz adoptada en la Ley de Víctimas es el resultado de un discurso dominante (la crea y la promueve un gobierno), que se da dentro de un contexto social y político (conflicto armado interno), y se reproduce por medio de textos y el habla.
Si este concepto de paz se extrapola del contexto en el que surge y se reproduce, resultaría una idea vacía, sin bases y desestructurada. Es por ello por lo que se hace imperioso entender que, si bien se ha venido allanando un camino considerable hacia una verdadera paz, la realidad es que aún no existe paz y aún tampoco se ha dado un fin del conflicto armado. Por un lado, se deben equilibrar las cargas en cada una de las dimensiones propuestas; y, por otro, entender que, para alcanzar una paz real, no basta con la ausencia de conflicto armado, sino que tienen que darse las condiciones jurídicas, políticas, sociales, económicas, culturales, ambientales y de seguridad, de manera estructural y con carácter duradero.
Referencias
Carrillo, A. & Arias, J. (2018). Nuevas amenazas para la seguridad nacional y sus desafíos para el posconflicto en Colombia. Perspectivas en Inteligencia, 10(19), 25-34. https://doi.org/10.47961/2145194X.48
Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Basta Ya: Colombia, memorias de guerra y dignidad. Informe general del grupo de memoria histórica. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ informes2013/bastaYa/basta-ya-colombiamemorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf
Centro Nacional de Memoria Histórica (2020). Ley de víctimas, nueve años de retos y aprendizajes. https://centrodememoriahistorica.gov.co/ley-de-victimas-nueve-anos-de-retos-y-aprendizajes/
Comité Internacional de la Cruz Roja (17 de marzo de 2021). El conflicto armado en Colombia; un dolor de cabeza que no se va. https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-dih-balance-humanitario
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. (s.f.). ¿Qué es el posconflicto? https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/227/que-es-el-posconflicto/
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. (22 de enero de 2004). Sentencia T-025. [MP Manuel José Cepeda Espinosa]
Decreto 2569 de 2000. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones. 12 de diciembre de 2000. D.O. No. 44.263
Decreto 250 de 2005. Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones. 7 de febrero de 2005. D.O. No. 45.816
Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Hacienda (2021). Informe Presupuestal de la Política Pública Dirigida a la Población Víctima del Desplazamiento Forzado 2021-201. Orden 5ta del Auto 219 de 2011. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Informe%20Presupuestal%20de%20la%20Poli%CC%81tica%20de%20Vi%CC%81ctimas%202020-2021.pdf
Fairclough, N.L. (1995), Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, Harlow: Longman. — y Wodak, R. (1997), «Critical discourse analysis», en T.A. van Dijk (ed.), Discourse Studies. A multidisciplinary introduction. Vol. 2, Discourse as social interaction, Londres: Sage, 258-284
Forero, C. (2019). La Ley 1448 de 2011: un punto de quiebre de la violencia en Colombia. Perspectivas en Inteligencia, 11(20), 265-271. https://doi.org/10.47961/2145194X.29
Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Peace Research. International Peace Research Institute, Oslo. 167-191. https://doi.org/10.1177/002234336900600301
Hernández, Fernández & Baptista. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. Mc Graw Hill Education. México, D. F.
Internal Displacement Monotoring Center & Norwegian Refugee Council (2017). Global report of internal displacement. http://www.internal-displacement.org/ global-report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf
Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en Colombia. 18 de julio de 1997. D.O. No. 43.091
Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictaminan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D.O. No. 48.096
Ley 2078 de 2021. Por medio de la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por diez años su vigencia. 8 de enero de 2021. D.O. No. 51.551
López-López, W., Pineda-Marín, C., Correa-Chica, A., Rincón-Unigarro, C., & Silva, L. M. (2021). Psychology of peace: Findings and challenges for the multidimensional transformation of violent social practices. https://doi.org/10.1037/0000230-007
Murcia, J. D. (12 de octubre de 2021). Solicitan al Gobierno Nacional prorrogar por diez años la Ley de Víctimas y restitución de tierras. https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/solicitan-al-gobierno-nacional-prorrogar-diez-anos-la-ley-de-victimas-y-restitucion-de-tierras-3245641
Organización Panamericana de la Salud. (2009). Atención integral en salud para la población en situación de desplazamiento. Mirada integral para la construcción de la ruta nacional de acceso a los servicios de salud para la población en situación de desplazamiento de Colombia - PSD.
https://www.paho.org/col/dmdocuments/Mirada_Integral_Ruta_NalPSD.pdf
Pulido, J. (2015). Nuevos retos para la comunidad de inteligencia colombiana en un futuro posconflicto en un contexto de amenazas híbridas globales. Perspectivas en Inteligencia, 7(14), 41-55.
Ramos, M., y Cortés, M. (2018). La importancia del abordaje académico de la actividad minera durante el período de postacuerdo. Perspectivas en Inteligencia. 10(19), 113-124. https://doi.org/10.47961/2145194X.55
Registro Único de Víctimas (2017). Reporte de Víctimas del conflicto armado. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
Sanz, C. (2019). La concepción de la guerra de Norberto Bobbio. (Tesis de pregrado). Universidad de Valladolid, Valladolid, España.
Sierra-Puentes, M., y Bejarano, A. (2019). Prácticas de consumo alimentario de familias desplazadas por el conflicto armado, asentadas en Bosa, Bogotá. Diversitas. Perspectivas en Psicología, 16(1), pp. 143-155. https://doi.org/10.15332/22563067.5547
Strauss, A., y Corbin, J. (1998). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colección Contus. Sage Publications, Inc. Estados Unidos, Londres, Nueva Delhi
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2020) Resultados HNO2020.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Resultados%20HNO%202020.pdf
Van Dijk, Teun (1999). El análisis crítico del discurso. Anthropos. 186. 23-36
Visionofhumanity.org (s.f.). Introducing the concept of peace. https://www.visionofhumanity.org/introducing-the-concept-of-peace/