Biopolítica, jóvenes y ejército en países suramericanos: un análisis de la conscripción como institución a partir de la filosofía política

Biopolitics, youth and the military in south American countries: an analysis of conscription as an institution from the perspective of political philosophy

Revista PERSPECTIVAS

EN INTELIGENCIA

Pablo Iregui Acosta¹

(1) Pontificia Universidad Javeriana - PUJ, Bogotá, D. C. – Colombia, iregui96@hotmail.com

Volumen 14, Número 23, Enero - Diciembre 2022, pp. 255-280

ISSN 2145-194X (impreso), 2745-1690 (en línea)

Bogotá D.C., Colombia

http://doi.org/10.47961/2145194X.341

Fecha de recepción: 14/02/2022 | Fecha de aprobación: 17/10/2022

Resumen

Los países de la región latinoamericana difieren en sus posturas sobre el servicio militar obligatorio. Mientras algunos no lo imponen, otros lo consideran necesario. Cuando lo último ocurre, el descontento y el rechazo por la medida puede verse manifiesto, incluso en marchas y amotinamientos. El presente artículo se propuso analizar la conscripción como una institución vigente dentro del aparato militar, a partir de una revisión de la literatura académica concerniente al tema, así como de fuentes secundarias para, de manera abierta, lograr identificar categorías que serían codificadas axialmente, permitiendo relacionar lo hallado. Se encontró que en la región latinoamericana existe una tendencia hacia el voluntarismo en contraposición a la imposición del servicio obligatorio. El autor entiende que mantener el servicio militar obligatorio responde a dinámicas del ejercicio del poder sobre la población.

Clasificación JEL: D78, H56, J18

Palabras clave: Biopoder; biopolítica; conscripción; dominación; disciplina.

Abstract

The countries of the Latin American region differ in their positions on compulsory military service. While some do not impose it, others on the contrary consider it necessary. In some of the latter, discontent and rejection of the measure might even be manifested in marches and riots. The purpose of this article is to analyze conscription as an institution by reviewing the academic literature and secondary sources concerning the topic, to openly identify the categories that later were axially coded to relate what was found. This is that there´s a tendency to voluntarism in contraposition to the compulsory military service. The author understands that maintaining the mandatory military service responds to dynamics of the exercise of power over the population.

Keywords: Biopower; biopolitics; conscription; domination; discipline.

Introducción

El servicio militar, como institución, debe ser estudiado y comprendido en un intento por descifrar cómo se dan las relaciones de poder al interior de los Estados. Las investigaciones encaminadas hacia este tema varían en su enfoque. Desde la academia no se ahonda en el estudio del fenómeno en una postura netamente filosófica, razón por la cual la propuesta analítica del presente artículo es innovadora. Los autores y la literatura que sirvieron como base teórica variaron de acuerdo con el objetivo principal, que es el de realizar un análisis coyuntural que permita un abordaje profundo del tema de investigación a partir de la filosofía política. Dicho análisis se dio a la luz de los postulados filosóficos de Michel Foucault, en diálogo con otros autores, vigentes en concordancia con la disposición y construcción de las instituciones que componen el entramado social actual.

Los conceptos de biopolítica y biopoder, así como el de disciplina y dominación que desarrolla Foucault en varias de sus obras, guiaron el desarrollo de la presente investigación. Los alcances y limitaciones de esta yacen en la precariedad de la literatura académica referente al tema de la conscripción, que se limita a ejercicios meramente descriptivos y concernientes al número de efectivos que conforman los ejércitos del mundo o a las leyes que regulan el servicio militar. La utilidad del trabajo que aquí se presenta radica en comprender el fenómeno a partir del estudio de los hechos y acontecimientos actuales- nacionales e internacionales- sometiéndolos a un análisis filosófico que permite entender el porqué del servicio militar obligatorio en primer lugar.

Poder soberano, biopolítica y biopoder: entendiendo la conscripción a la luz de los conceptos de la filosofía política

Se comprende la conscripción como una institución de las Fuerzas Armadas, cuya finalidad es someter y llevar a funcionar a un individuo dentro de un esquema preestablecido de dominio sobre los cuerpos. Alcanzar este objetivo implica lograr que este se incorpore a una sola masa organizada bajo normas preexistentes y colectivas. Quienes se encuentran recluidos dentro de los espacios previamente establecidos para la disposición, la organización, la supervisión y la vigilancia durante el proceso formativo, aprehenden la norma mediante su imposición. Bajo esta perspectiva adelanta Foucault su estudio de las técnicas disciplinares del poder, extrapoladas a espacios de sujeción no convencionales donde la política de la vida y la muerte es la protagonista (Foucault, 2000; Foucault, 2002; Foucault, 2006).

Abordar el reclutamiento y la conscripción requiere entender las técnicas -disciplinares- de las que se valen las instituciones militares para incorporar y formar a quienes terminan conformando sus filas. Foucault explicó dichas técnicas a partir del proceso de fabricación del soldado en los siglos XVII y XVIII, a la par que acudió a otros ejemplos que aquí no se desarrollarán. Llegó a explicar también el ejercicio del poder no solo sobre los cuerpos individuales, sino sobre la masa denominada población. Ahora, para comprender esto en el presente artículo, se presentará a continuación una breve, pero sustancial explicación del poder soberano, de las tecnologías del poder disciplinar y regulador, la conjunción de las dos anteriores en la biopolítica y la reincorporación del antiguo poder de hacer morir y dejar vivir (soberano) al del ya conformado poder de hacer vivir y dejar morir, consolidado en el siglo XIX bajo el rótulo del biopoder.

Era menester del soberano, desde la Edad Media y hasta principios del siglo XVII, el disponer de la vida de sus súbditos a voluntad, según lo demandara la necesidad de preservar un territorio. Esto se traduce en el derecho de vida y muerte, o lo que es lo mismo, en el derecho de hacer morir y dejar vivir. Este implica que la vida y la muerte dejan de ser “fenómenos naturales, inmediatos, en cierto modo originarios o radicales, que están fuera del campo del poder político” (Foucault, 2000, pág. 218). Desde el Medioevo el soberano adquirió gran capacidad de dar muerte a sus súbditos como la de permitirles seguir existiendo, por lo que el derecho a la vida se hizo enajenable, perteneciendo únicamente a quien estaba en capacidad de concederlo y garantizarlo. En ese sentido el siervo no estaba vivo, tampoco muerto, su estado lo definía la voluntad de su señor (Foucault, 2000).

Partiendo del derecho sobre la muerte que detentaba el soberano, ya desde finales del siglo XVII, y durante la primera mitad del siglo XVIII, se desarrolló una nueva tecnología dirigida al ejercicio del poder por medio de unas técnicas denominadas disciplinares. Estas tienen como objetivo “la distribución espacial de los cuerpos individuales (su separación, su alineamiento, su puesta en serie y bajo vigilancia) y la organización, a su alrededor, de todo un campo de visibilidad” (Foucault, 2000, pág. 219). Su implementación también tiene por objeto incrementar la fuerza útil de quienes son sujetos del poder por medio del ejercicio físico y el adiestramiento. La tecnología que engloba las técnicas disciplinares se enmarca en una política enfocada en la intervención del hombre/cuerpo, misma que recibe el nombre de anatomopolítica (Foucault, 2000).

Desde la segunda mitad del siglo XVIII aparece una nueva tecnología del poder, no disciplinar, pues ya no se enfoca en el hombre/cuerpo, sino reguladora, cuyo objeto es el hombre/especie. Esta tecnología no excluyó a la disciplinar, la integró, se implantó en ella y la modificó parcialmente incrustándose así en la política. El funcionamiento en conjunto de ambas tecnologías lo explica Foucault (2000) de la siguiente manera:

“la disciplina trata de regir la multiplicidad de los hombres en la medida en que esa multiplicidad puede y debe resolverse en cuerpos individuales que hay que vigilar, adiestrar, utilizar y, eventualmente, castigar. […] la nueva tecnología introducida está destinada a la multiplicidad de los hombres, pero no en cuanto se resumen en cuerpos sino en la medida en que forma, al contrario, una masa global, afectada por procesos de conjunto que son propios de la vida, como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etcétera. Por lo tanto, tras un primer ejercicio del poder sobre el cuerpo que se produce en el modo de la individualización, tenemos un segundo ejercicio que no es individualizador sino masificador, por decirlo así, que no se dirige al hombre/cuerpo sino al hombre-especie” (p. 220).

Fue la conjunción de las tecnologías disciplinares y reguladoras del poder lo que dio origen a la biopolítica. Esta ya no solo dispone espacialmente de unos cuerpos individuales, organizándolos y adiestrándolos para que se ciñan a una norma establecida, sino que los mantiene vigilados en caso de que se hagan acreedores del castigo que implica violarla. No, a la biopolítica le interesa también asegurar la vida, garantizarla si se quiere. Le compete su cuidado y para ello interviene no solo al individuo sino a la totalidad de individuos que conforman un Estado como población. Desarrollar y regular la sanidad, por ejemplo, fue un proceso que tuvo lugar a partir de la biopolítica. Asegurar la salud de los sectores productivos de una sociedad se tornó indispensable desde que salvaguardar la vida se hizo el fin último y fundamental. Esta lógica representa no solo una inversión del antiguo poder soberano de hacer morir y dejar vivir por uno del hacer vivir y dejar morir, sino también una revaloración de la muerte, ya no como el lugar desde el cual el soberano ejerce su poder, sino como un estadio privado al que se retira quien busca escapar del mismo (Foucault, 2000).

La reinversión del antiguo derecho de muerte no implicó en todo caso su desaparición. En las sociedades en las que se quiso disciplinar la conducta individual y regular la comunal, la introducción del elemento normativo ratificó su prevalencia. La norma establece los parámetros aceptables de comportamiento y define al mismo tiempo los que no se quieren tolerar. En ese sentido, la recuperación del antiguo poder de muerte resultó útil, pues permitió que los Estados modernos definieran a partir de la normalización y la introducción de prácticas, como el racismo de Estado, qué vidas debían preservarse y cuáles por el contrario debían desaparecer. El proceso de erradicación conllevaría a la violencia, sí, pero no siempre al tipo que se ejerce con los fusiles y las porras. Es violencia de Estado también aquella que se ejerce por medio de la negligencia y la omisión de acción; aquella que empuja a los indeseables a una vida de exclusión, de abandono y privación de sus derechos fundamentales. Existen varios ejemplos de esto en la historia, como lo son los totalitarismos del siglo XX (Foucault, 2000; Foucault, 2006).

Las sociedades que integran el elemento normativo se denominan sociedades de normalización. En estas se cruzan la norma disciplinaria con la norma reguladora. Decir que en estas el poder tomó posesión de la vida, es lo mismo que decir que cubrió “toda la superficie que se extiende desde lo orgánico hasta lo biológico, desde el cuerpo hasta la población, gracias al doble juego de las tecnologías de disciplina, por una parte, y las tecnologías de regulación, por la otra” (Foucault, 2000, pág. 229). Esto es el biopoder, ejercido desde el siglo XIX y enfrentado desde entonces al problema de articular las tecnologías disciplinares y reguladoras con el antiguo poder soberano y su derecho de hacer morir y dejar vivir. La manera de hacerlo vino con la introducción, como ya se mencionó antes, de prácticas como el racismo de Estado. Este no implica un sesgo inmediato hacia un grupo étnico, religioso o racial específico, sino la demarcación de determinados individuos como una amenaza a la pureza y normalidad (Foucault, 2000).

La razón por la cual un mecanismo como el racismo puede operar en las sociedades de normalización en las que funciona el biopoder, es porque los enemigos a los que se quiere erradicar no son adversarios políticos o no se entienden de esta manera, son en cambio aquellos que representan un peligro biológico a la población, un riesgo a la vida misma. Eliminarlos no significa únicamente la mitigación o eliminación de la amenaza, es una manera de fortalecer la propia raza o especie al deshacerse de los degenerados y anormales. Fue la aparición de la Teoría de la Evolución en el siglo XIX, no limitada a Darwin, pero complementada a partir del conjunto de trabajos y desarrollos sobre la misma, lo que permitió definir el racismo bajo la dinámica de la confrontación por la supervivencia. Esta teoría no solo posibilitó arropar el discurso político bajo un manto de cientificidad, sino que propició una reconsideración de la colonización, de la guerra, el crimen y las enfermedades mentales bajo la mirada del evolucionismo (Foucault, 2000).

El sometimiento y asesinato de pueblos y civilizaciones se legitima apelando a los preceptos biológicos evolucionistas de la supervivencia y la selección natural. De la misma manera se justifica la guerra, validándola no solo como la noble tarea de batirse en combate en defensa de la raza, sino como un ejercicio purificador de la raza misma. Hace falta que mueran muchos para que esta se purifique. Espósito (2006) retoma esta idea de Foucault y la desarrolla de la siguiente manera:

Es cierto que las guerras y destrucciones masivas ya no se efectúan en nombre de una política de poderío, sino -al menos en las intenciones que declara quien las lleva a cabo- en nombre de la supervivencia misma de los pueblos implicados. Pero justamente esto refuerza la trágica aporía de una muerte necesaria para conservar la vida, de una vida que se nutre de la muerte ajena […] (pág. 65).

Trágica paradoja, sin duda, que en aras de defender la vida haya que sacrificarla. Y es bajo esta misma lectura que nace del estudio de la conscripción, una vez reconocida la intención de disponer de la vida del soldado para este fin. En lo concerniente a la consolidación y preservación del Estado se ha establecido que cuando se pretende integrar por distintas vías las poblaciones que hacen parte de un territorio, y desde el momento en que se empieza a intervenir la vida de sus habitantes y a concentrar los distintos recursos de la coacción física -siguiendo la idea del monopolio de la violencia, de Max Weber- es posible, como dice Bolívar (2010), que se identifique a un “actor violento” dentro de las relaciones sociales.

Será el conscripto, que posteriormente se convertirá en soldado, aquel que haga frente a la amenaza del actor violento, del indeseable. Instruirlo para esta tarea requiere nada menos que del empleo de las técnicas del poder disciplinar ampliamente desarrolladas en las instituciones castrenses. Es en gran parte a esos reclutas, a esos cuerpos dóciles, que Foucault (2002) dedica el capítulo tercero de las disciplinas en Vigilar y castigar. En este describe los parámetros de selección y formación de las tropas, según tenían lugar a comienzos de siglo XVII y hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Cabe aclarar que desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII, el soldado no era lo que Foucault considera la representación de un cuerpo dócil, el ser soldado era una vocación, se nacía para ello.

El soldado es por principio de cuentas alguien a quien se reconoce de lejos. Lleva en sí unos signos: los signos naturales de su vigor y de su valentía, las marcas también de su altivez; su cuerpo es el blasón de su fuerza y de su ánimo; y si bien es cierto que debe aprender poco a poco el oficio de las armas -esencialmente batiéndose-, habilidades como la marcha, actitudes como la posición de la cabeza, dependen en buena parte de una retórica corporal del honor (Foucault, 2002, p. 139).

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII ya no se encontraban soldados natos, y ante el deseo de engrosar las filas de los ejércitos prestos a responder al llamado de la guerra, la conscripción como una institución militar tomó fuerza, y así mismo la necesidad de nuevos conscriptos.

[…] el soldado se ha convertido en algo que se fabrica; de una pasta informe, de un cuerpo inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba; se han corregido poco a poco las posturas; lentamente, una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible, y se prolonga, en silencio, en el automatismo de los hábitos; en suma, se ha "expulsado al campesino" y se le ha dado “aire al soldado” (Foucault, 2002, pág. 139).

Foucault (2002) añade que para que la fabricación tuviera lugar, tuvo que haber primero “en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder” (pág. 140). El elemento que se tornó clave desde ese momento para la construcción de los nuevos soldados, que lejos de poseer las características innatas del guerrero de antaño, debían someterse a un proceso radical de transformación, fue la disciplina. El soldado ya no existe por sí solo, por ende, es necesario adiestrar al individuo que entra a formar parte de la milicia en todo lo que comprende su movimiento y acción corpórea. De este proceso deriva tanto su capacidad para acatar las órdenes emitidas por sus oficiales, como su compromiso hacia los principios y valores que rigen el servicio militar. Lograr esto libra a la milicia de someterse a los designios de la naturaleza en lo que respecta a la producción de hombres idóneos para el combate y la vida militar.

La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos "dóciles". La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una "aptitud", una "capacidad" que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta (Foucault, 2002, pág. 142).

La disciplina se forja o “procede”, en términos de Foucault (2002), a partir de la distribución de los individuos en el espacio, a partir de la clausura. Esto implica que en aras de impartir disciplina se deba disponer de los individuos en un espacio controlado, uno donde las aglomeraciones no se den, donde el individuo comparta con otros, pero también tenga su lugar; donde cada uno cumpla una función, un espacio donde sea posible analizar el comportamiento colectivo e individual. En este sentido lo que debe primar es el orden, y para alcanzarlo se debe disciplinar a las tropas. Pero no solo a las tropas, para Foucault el adoctrinamiento se manifiesta en múltiples espacios en los que la disciplina toma lugar. El arte de las distribuciones, como lo denomina el filósofo, hace alusión no solo a los cuarteles sino también a los colegios, a los conventos y a las fábricas, que son espacios donde se ejerce el poder sobre los cuerpos.

Para Solodkow (2015), desde “el momento en que la vida se transforma en el objeto de atención del poder, los cuerpos de la población civil comienzan a ser intervenidos por un numeroso conjunto de saberes, técnicas y discursos” (págs. 29-30). En el caso específico de los cuarteles, Foucault (2002) comprende que la construcción de estos espacios se hizo necesaria en un principio para “asentar al ejército, esa masa vagabunda; impedir el saqueo y las violencias; aplacar a los habitantes que soportan mal la presencia de las tropas de paso; evitar los conflictos con las autoridades civiles; detener las deserciones; controlar los gastos” (pág. 145).

Percepciones sobre el servicio militar a lo largo de la región latinoamericana

La máxima de muchos países latinoamericanos es la de no imponer a las juventudes de sus naciones la obligación de formar parte de instituciones con las cuales no se sienten identificadas, o bien, a las que no respetan. Esta última condición pareciera desesperanzadora o contradictoria en la medida en que las fuerzas armadas de una nación fungen en pro del bienestar común de los ciudadanos a quienes protegen. No obstante, episodios oscuros de la historia militar de algunas naciones de esta región justificarían estas posturas.

Los países de América Latina en los que aún existe el servicio militar son: Perú, donde se hace un sorteo para elegir a cierta cantidad de conscriptos; Chile, donde se puede cumplir con el servicio de otras maneras, como por ejemplo, prestando servicios profesionales por 180 días; Brasil, donde el servicio es obligatorio para los varones mayores de 18 años, y sin embargo la mayoría de los enlistados son dados de baja, pues el Gobierno no requiere a quienes estén planeando inscribirse a un programa de educación superior o que ya tengan un trabajo permanente; Paraguay, donde es obligatorio, y sin embargo existe la posibilidad de ampararse bajo la figura de la objeción de conciencia para no prestarlo; en Argentina, donde es voluntario y quienes se enlistan reciben una remuneración mensual; Bolivia, donde el servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes mayores de 18 años y que no estén impedidos por alguna condición clínica o de ley; Venezuela, desde que el expresidente Hugo Chávez instauró la ley del servicio obligatorio y creó las milicias bolivarianas (Altstein & Simon, 2008; ¿Vuelve el servicio militar? Estos son los países donde aún existe, 2018).

Venezuela es un caso particular en donde el servicio militar hace las veces de mecanismo legitimador del régimen chavista. Para explicar mejor esta situación es válido hacer un recuento histórico de los hechos que la propiciaron. Luego de la “transición democrática de 1958, los gobiernos civiles diseñaron una serie de políticas orientadas a asegurar el control civil sobre el estamento militar” (Restrepo M. L., 2019, pág. 113). Las políticas de control civil impuestas a los militares derivaron en la gesta de un “orgullo militar herido”, precursor de prácticas reprochables, como la de ligar los ascensos militares a la adhesión partidista. Esto derivó a su vez en diversas formas de corrupción dentro la institución. La imposición civil sobre las Fuerzas Militares, sumado a la crisis económica por la deuda externa y las medidas que se tomaron para contrarrestarla, propiciaron un malestar generalizado entre los militares que vieron vulnerado su estatus como actores políticamente influyentes (Restrepo M. L., 2019).

El resentimiento probó ser útil en la construcción de un discurso de nación cuyo punto nodal era la reivindicación del orgullo militar. La manera en la que el régimen chavista se legitimó a partir de este discurso fue por medio del vínculo entre Estado, Ejército y población. La trinidad de Clausewitz se incorporó dentro de una fórmula amañada con fines políticos que establecía que el sometimiento de las Fuerzas Armadas y, por lo mismo, del pueblo bolivariano, era la raíz de todos los problemas que asolaban al país. El régimen argumentó que para dar fin a esta situación la población debía recurrir al Ejército como única entidad capaz de luchar y representarla. El discurso no solo caló, sino que permitió la creación de las milicias bolivarianas cuya lucha llevó a la reivindicación del orgullo militar, consolidando así el “proyecto político de Bolívar” (Restrepo M. L., 2019).

En Bolivia, guardadas las proporciones, se maneja un discurso similar al venezolano referente a la conscripción. Este no tiene como punto nodal la reivindicación del pueblo, del ejército o la lucha de clases, sino el patriotismo. A ese mismo discurso apeló el expresidente Evo Morales, previo a su salida del poder en 2019. Durante la campaña presidencial de ese año la oposición manifestó su intención de acabar con el servicio militar obligatorio en el país. Para Morales era una estrategia electoral que obedecía a posturas antipatrióticas que iban en contravía del beneficio y desarrollo integral de la nación, aseverando además que el deber de los jóvenes con su nación era irrevocable. El exmandatario argumentaba que la instrucción militar los formaba en la comprensión de su espacio vital y la importancia de preservar su territorio en beneficio de la sociedad boliviana (Evo advierte que pretenden suprimir el servicio militar, 2019).

Las leyes de reclutamiento y conscripción varían en términos de los requisitos que deben cumplir los jóvenes que pasarán a formar parte de las filas de las Fuerzas Armadas. Hay países que comparten una misma postura respecto al servicio militar. Es el caso de Ecuador, Venezuela y Perú, donde el servicio militar actualmente es voluntario. Al interior de estos, sin embargo, existen posturas contradictorias que entienden el voluntarismo como una transgresión al deber constitucional de defender la nación. Es el caso del congresista Rubén Ramos Zapana, del UPP o partido Unión por el Perú, quien en mayo de 2020 presentó un proyecto de ley que buscaba modificar la Ley 29248 para acabar con el servicio militar voluntario y reestablecer el servicio militar obligatorio (AFP, 2010; Universo, 2020; Defensa, 2018; Congreso: Proponen proyecto de ley para restablecer el servicio militar obligatorio, 2020).

En Argentina el servicio militar es voluntario, una decisión que se tomó con base en los antecedentes de la Guerra de las Malvinas de 1982. Dentro de las acciones que tuvieron lugar durante este periodo se cuentan, entre otras cosas, las torturas que sufrió un número indefinido de soldados a manos de sus oficiales durante el transcurso de las operaciones militares. En conocimiento de estos sucesos, y luego de casi cien años en los que rigió el servicio militar obligatorio, en 1994 se decidió que el servicio sería voluntario. Previo a la Guerra de las Malvinas, en Argentina el servicio militar obligatorio tenía como “objeto instruir a los ciudadanos en la defensa de la nación y conformar una reserva activa para las Fuerzas Armadas” (DiRenzo & Mosiewicki, 2019, pág. 152). Los jóvenes que pasaban por los cuarteles eran instruidos en un proyecto nacional mancomunado entre Estado e institución castrense, el mismo que sería corrompido por la introducción de ideales nacionalistas que cobrarían relevancia como consecuencia de los devenires de la política nacional e internacional. En el transcurso del siglo XX estos jóvenes desempeñaron sus funciones muchas veces sin compartir los valores ni principios militares. Esto no impidió que justificaran su actuar acudiendo a razones personales por las cuales “defender la patria” (DiRenzo & Mosiewicki, 2019; Se abrió la inscripción para ser Soldado Voluntario, 2020; A 36 años de la guerra revelan los nombres de los militares acusados de torturar a soldados en Malvinas, 2018; El Gobierno creó el "Servicio Cívico Voluntario en Valores" dirigido a jóvenes de 16 a 20 años, 2019).

Desde finales del siglo XX el aparato estatal argentino se dio a la tarea de difundir entre la población una comprensión propia de Nación con la intención de que fuese adoptada por una buena parte de esta. El éxito de esta campaña sin embargo fue parcial, pues si bien sí propició la conformación de una identidad nacional, la misma no fue homogénea. Lo último implicó que cada individuo se adueñara de un concepto propio de Nación, de deber e identidad nacional. Los efectos de este fenómeno se hacen evidentes a la hora de involucrar jóvenes conscriptos al servicio. Así lo consideran Di Renzo y Mosiewicki (2019):

El Servicio Militar Obligatorio, como el espacio donde se produce la instrucción del patriotismo ciudadano, es el entorno donde se puede manifestar, en forma cotidiana, la relación entre los ideales nacionalistas propios de los cuerpos de oficiales y las diversas formas en que las bases pudieron incorporar y dotar de nuevos significados el «defender a la patria»” (págs. 153-154).

Argentina, por su recorrido histórico, difiere considerablemente de un país como Uruguay, donde, al igual que en Perú, existen colectivos y parlamentarios que apoyan una posible reevaluación de la ley de reclutamiento para hacer del servicio militar algo obligatorio. Así lo manifiesta Gabriela Fulco, presidenta del INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), quien plantea la conscripción como una opción viable para la inclusión social de jóvenes en estado de vulnerabilidad. La medida se pensó con miras a ser implementada en un futuro, dado que en la actualidad el país no cuenta con los recursos para materializarla. Sus detractores, entre esos algunos parlamentarios, respetan la idea de Fulco, pero consideran que difiere del modelo de sociedad pensado para Uruguay (presidenta de INISA propuso servicio militar obligatorio para jóvenes y despertó críticas, 2019).

En Chile, a diferencia de países como Uruguay o Argentina, el servicio militar sigue siendo obligatorio. En un contexto de actualidad, a las protestas de 2019 motivadas por el rechazo de las políticas económicas y sociales del expresidente Sebastián Piñera, hay que considerarlas un factor de estudio para entender la postura de la población civil respecto a la conscripción y el servicio militar. A esas movilizaciones se suman las acciones de protesta de los jóvenes que se presentaron a los cantones de reclutamiento en los últimos meses de ese año, siendo esto un reflejo de la percepción que se tienen de las Fuerzas Militares. Para los manifestantes la institución castrense representa todavía un cuerpo represivo como el que en su momento sirvió a la dictadura de Augusto Pinochet, indicando que el estigma sobre las Fuerzas Armadas chilenas no desapareció con el dictador (EFE, "¡No queremos ser milicos, clamor juvenil contra el servicio militar en Chile!", 2019).

La imagen de las Fuerzas Armadas chilenas recibió otro golpe luego de que se hicieran públicos los testimonios de unos cien mil antiguos conscriptos que sirvieron durante los años de la dictadura de Pinochet, y que desde 2013 se movilizaron para dar cuenta de los crímenes de lesa humanidad que perpetraron, de los cuales fueron testigos o, en algunos casos, víctimas. La razón de testificar luego de tanto tiempo, afirmaron los propios conscriptos, fue un “pacto de silencio” sustentado más que nada en el miedo. Entre los altos mandos, sin embargo, este se basó en ideales institucionales de lealtad, honor y beneficio mutuo del silencio. Durante la dictadura, e incluso luego de que Pinochet fuera depuesto, las fuerzas militares detentaban aún un poder casi total sobre la sociedad y la población. La baja para los conscriptos no garantizaba su seguridad en caso de querer hacer públicas sus denuncias, y la amenaza constante de muerte de algún familiar o propia era incentivo suficiente para guardar silencio (Passmore, 2015).

Paraguay, como se mencionó anteriormente, es al igual que Chile uno de los países donde el servicio militar sigue siendo obligatorio. Así lo ha sido desde su promulgación en 1975 durante la dictadura de Alfredo Stroessner. En 2019, considerando la objeción de consciencia como un mecanismo válido y suficiente para ser exento del servicio militar, el Gobierno paraguayo buscaba formular un proyecto de ley que permitiese derogar la tasa económica que se aplica a quienes se acogen a esta figura. La razón de esta medida era, de acuerdo con el entonces ministro de Defensa, el general Bernardino Soto, que el ingreso o aporte recibido del pago por no prestar el servicio militar no representa mayor beneficio a las Fuerzas Armadas. En el país no existe una ley que obligue a los jóvenes a presentarse al reclutamiento aun cuando sea obligatorio, y tampoco una que los obligue a pagar en caso de no hacerlo. Por ende, no hay razón para mantener una tasa de pago para los objetores de consciencia si no existen los recursos jurídicos para obligarles a pagar (EFE, 2019).

Sin recursos jurídicos ni mecanismos que garanticen cabalmente la prestación del servicio militar obligatorio, ¿qué le queda por hacer a los gobiernos de Latinoamérica que aún conservan la conscripción como institución militar? Pues bien, deben mantenerse informados de las nuevas dinámicas sociales y de mercado que rigen al momento de abordar el tema del servicio militar. Así lo entiende Marina Malamud (2014), para quien las Fuerzas Armadas representan una gigantesca empresa dentro de cualquier Estado, una que debe estar a la vanguardia de las nuevas dinámicas del mercado moderno. La autora parte de Foucault (2002) para caracterizar ya en el siglo XXI al soldado heroico y con fuerte sentido corporativo que ha sido reemplazado por el profesional flexible. A partir de ahí hace hincapié en cómo crece “desde la perspectiva de una economía de mercado, la necesidad de ofrecer oportunidades de crecimiento personal y profesional a los miembros actuales o potenciales, y beneficios salariales que aumenten la capacidad de convocatoria para integrar la vida militar” (Malamud, 2014, pág. 651).

Siguiendo con lo anterior, Malamud (2014) considera que el modelo de la conscripción es obsoleto, aunque exista en el mundo quienes lo sigan implementando, como es el caso de Francia, que en 2018 decidió instaurar el servicio militar obligatorio bajo sus propias condiciones. En Latinoamérica, en cambio, se evidencia una tendencia cada vez más al voluntarismo y no a la imposición del servicio. Esta situación fomenta la caída del cuadro-conscripto, lo que hace que el servicio y la carrera militar se perciban como una opción laboral a la que solo debe aspirarse de manera voluntaria. Malamud plantea que esto representa un reto en “tanto el mercado laboral como la organización militar buscan captar a los mismos jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y los 30 años y, dadas las condiciones de desarrollo que ofrecen las empresas, los reclutadores militares tienen una gran desventaja” (Sandell, 2003; en Malamud, 2014, p. 652). Esto puede derivar en un problema en tanto la necesidad de garantizar la seguridad de una nación se mantenga imperante.

En la actualidad resulta necesario entender el servicio militar como una institución ligada a las dinámicas del mercado laboral. Muy diferente a lo que significaba prestar servicio hace más de cien años, cuando la necesidad de engrosar las filas de los ejércitos atendía a los intereses y objetivos expansionistas de los últimos imperios del planeta. Por ello que la conscripción y el reclutamiento fueran impuestos a la fuerza. Un ejemplo puede ser el del Reino Unido, por su larga tradición colonialista e imperialista. Lee (1901) y Fremantle (1902) evidenciaban cómo desde comienzos del siglo XX el deseo de las Fuerzas Armadas de esta nación consistía en ampliar y asegurar la reserva de un capital humano importante que le permitiera no solo seguir manteniendo su estatus hegemónico en las aguas del Atlántico, sino también hacer frente al crecimiento de otras fuerzas armadas que pudieran poner en riego dicho estatus.

Colombia: historia de la conscripción y el rol del Ejército en la formación del Estado

La conscripción es tema de debate y las condiciones bajo las que se da en Colombia también. Quienes se oponen al servicio militar obligatorio lo hacen desde posturas que tienden a desdibujar las realidades de un conflicto armado que ha azotado al país por más de cincuenta (50) años; quienes lo apoyan, lo hacen desde un discurso del deber y las obligaciones constitucionales que todos los nacionales tienen para la defensa de su nación. Reducir un debate de estas proporciones a nociones de bien o mal, correcto o incorrecto, sería un atropello al desarrollo argumentativo de una discusión que de fondo posee tanto elementos políticos, como económicos y sociales. Más allá de esta disputa, es claro que el servicio militar ha jugado un rol protagónico en el proceso de construcción del Estado colombiano, como en el de muchos otros países.

La concepción de que Colombia como nación y como pueblo carece de las cualidades para alcanzar el grado de sofisticación estatal de las naciones europeas es errónea. Los procesos que llevaron a esas naciones a alcanzar la estabilidad estatal no fueron ni menos violentos ni menos penosos que los que enfrenta hoy el país latinoamericano. Las razones por las que luego de doscientos años de independencia aún no se consolida el proyecto de una nación totalmente democrática y un Estado fuerte son, según Wills (2010), la diversidad de las élites sociales y políticas, la pobreza fiscal del país y la mentalidad patrimonial de los empresarios. Frente a estas condiciones resulta difícil difundir y asentar una visión común de nación bajo la cual todos los habitantes del territorio se sientan identificados. En ese sentido, el uso de las fuerzas militares adquiere relevancia dado que:

Inculcar la noción de comunidad nacional a las múltiples y diversas identidades campesinas y culturas locales, con sus lenguas, costumbres y creencias propias, vino de la mano de la conscripción de muchos hombres que, más a las malas que a las buenas, tuvieron que engrosar las filas de ejércitos “patrios” y pelear en muchas guerras hasta por fin sentirse ellos mismos implicados (Wills, 2010, pág. 351).

El carácter de las Fuerzas Militares en Colombia, su consolidación como brazo armado y su papel en la formación del Estado, son claves para entender el funcionamiento de la institución castrense y cómo es percibida en la actualidad. Antes se mencionaba la turbulenta historia del país con un conflicto armado que se remonta a más de cincuenta años; la verdad es que esta nación, desde que se fundó, no ha visto periodos de paz extensos y su devenir histórico ha estado marcado siempre por el flagelo del conflicto y las guerras civiles. Ya desde el siglo XIX, luego de la independencia, estaba claro que el proyecto de nación conformado se encaminaba más hacia el militarismo que al control civil.

Con una economía de utilización extensiva de la mano de obra azolada frecuentemente por la violencia rural, un bajo nivel de desarrollo económico, una urbanización lenta, un sistema de comunicaciones deficiente, enclaves de esclavitud y una élite hacendada conservadora asociada con una iglesia poderosa, la Colombia del siglo XIX parecía más propensa al militarismo que al control civil (López-Alves, 2003, pág. 145).

Desde la segunda mitad del siglo XIX, con la adopción del federalismo en Colombia (1858-1885), adquirieron importancia los centros urbanos que controlaban sus alrededores y luchaban entre sí. Para López-Alves (2003), esto último solo denota que el “equilibrio” alcanzado por estas pequeñas unidades fomentaba aún más la inestabilidad. Ante la falta de una institución central que se hubiera hecho con el monopolio de la violencia, las élites de cada una de estas unidades se vieron en la necesidad de resolver sus conflictos sin ayuda, aunque argumenten algunos que la hubo, producto de una alianza con los partidos políticos que nacieron en la década de 1840 (Liberal y Conservador). Bolívar (2010) considera que el ejercicio de la violencia debe reservarse únicamente para el Ejército oficial como requisito fundamental. Lo último no tuvo ni ha tenido lugar en el proceso de construcción del Estado colombiano.

Las alianzas establecidas entre las regiones supeditadas al control de los partidos revelaron ser insuficientes para resolver las luchas regionales, por lo que pronto se requirió de un apoyo militar externo. Ahora, en el contexto de un Estado débil y carente de un Ejército central, las pequeñas ciudades recurrían a la ayuda de caudillos vecinos y sus bien formadas milicias. Tal situación dio paso a la conformación de alianzas entre élites regionales que compartían un tenue tinte partidista, mismo bajo el cual se establecieron lazos clientelistas entre líderes y seguidores (López-Alves, 2003).

La penetración de los políticos civiles en el Ejército sentó un precedente que definiría el proceso de formación del Estado colombiano, en tanto los generales alineados con un partido conducían a sus milicias en el campo de batalla, según los intereses de la organización política, dirigiendo así mismo el curso de la construcción estatal. “Los oficiales buscaban apoyo entre los líderes políticos, y en tiempos de insurrección los soldados rasos se enrolaban en las milicias de un partido u otro” (López-Alves, 2003, pág. 194). Quienes fueran generales partidistas aseguraban la penetración del partido en el Ejército central en la medida en que ellos mismos eran militares y militantes. A nivel regional, según estuvieran repartidos los partidos en el territorio, cada región tenía la capacidad de reunir milicias que sobrepasaban en equipo y preparación al Ejército central (López-Alves, 2003).

Por lo anterior no queda sino pensar cómo se daba el proceso de vinculación de los soldados a las milicias y cómo a partir de ello se establecieron posturas respecto al servicio militar. Los conscriptos que servían a los caudillos o líderes regionales terminaban asimilando los intereses de los últimos como propios, contrario a los soldados del Ejército central, quienes no llegaron a comprometerse con la lucha ni con el proyecto nacional que defendían. Tal desconexión se asentó aún más, dado el contraste entre los pagos y beneficios que recibían en el Ejército central, contrario del que eran acreedores en las milicias partidistas, derivando esto en altos casos de deserción (López-Alves, 2003).

Del proceso de formación del Estado colombiano, que tuvo lugar tanto a nivel rural y regional, como urbano y central, cabe resaltar la importancia del sentimiento antimilitarista como otro factor determinante en su no consolidación. Personajes de la élite que residía en el centro del país, entre ellos algunos conservadores, veían necesario abolir el Ejército central bajo la excusa de que era una institución carente del estatus social necesario para competir por el poder, una aspiración que consideraban se materializaría, lo mismo porque, como ya se mencionó, entre las filas del Ejército existían oficiales dedicados tanto a la vida militar como a la vida política. Estos eran quienes en tiempos de la Gran Colombia (1830), y desde antes, habían ostentado cargos públicos. La realidad fue que ni siquiera durante el periodo de la Regeneración (1869-1900) se le otorgó poder político al Ejército, que seguía dependiendo de los partidos (López-Alves, 2003).

Más allá de las disputas políticas, la historia de Colombia ha estado marcada por las guerras y los conflictos. La guerra con Perú en 1933, que estalló por el deseo de hacerse con el control del puerto de Leticia, en el Amazonas, es un ejemplo de ello. En lo concerniente al tema del presente capítulo, este conflicto marcó un hito en las Fuerzas Armadas en términos de la conscripción y el alistamiento de jóvenes necesarios para la lucha. En Colombia, recuerda Tomás Vargas Rueda, quien fuera el más importante comentarista de asuntos militares de la época, el reclutamiento forzado sobrevivió al siglo XIX. Vargas cuenta cómo en su niñez, en tiempos de la Regeneración, fue testigo de cómo las milicias llegaban a las veredas y poblaciones rurales a despojar sin ningún reparo a madres de sus hijos, esposas de sus esposos y padres de sus familias (Arango, 2018).

Para el tiempo de la guerra con Perú el proceso de reclutamiento fue reformado como consecuencia del arribo de comisiones de oficiales extranjeros, principalmente estadounidenses y franceses, que llegaron a reforzar vínculos con los ejércitos aliados del sur en el periodo entre guerras. Esto fue posible debido a un periodo de bonanza que atravesaron las instituciones castrenses de estas dos naciones. En lo que respecta a las observaciones de los oficiales comisionados, tanto en Colombia como en Perú las condiciones del reclutamiento eran sumamente precarias. Los oficiales nacionales encargados de llevar un registro del proceso no contaban con los medios ni los recursos para hacerlo, por ende, tampoco con la disposición. En tiempos en los que la Iglesia aún jugaba un papel determinante en el proceso de decisión y desarrollo de las actividades políticas, era la única que contaba con registros rigurosos de todos los ciudadanos oriundos de cada región, municipio o localidad. Por cuestiones netamente políticas, la Iglesia era reacia a compartir esta información, incluso con las Fuerzas Armadas. Aquello investía al clero con la potestad de decidir en gran medida quién prestaba o no el servicio militar (Arango, 2018).

Un elemento notable en los informes de los oficiales extranjeros de comisión en los países en conflicto era las zonas establecidas para el reclutamiento. Curiosamente, tanto en Perú como en Colombia los oficiales llegaron a conclusiones muy similares, pues consideraban que la calidad de los reclutas dependía de la región del país de donde provenían. En Perú los oficiales tenían como zona predilecta la Sierra (Andes), región donde los habitantes eran en su mayoría indígenas. Los motivos de preferencia por este grupo étnico se debían, de acuerdo con los registros de oficiales franceses, al carácter dócil y por tanto disciplinado del indígena, así como a su contextura robusta, a su inteligencia lenta, a su sobriedad y a su resistencia incomparable a la fatiga. Similar era el veredicto de los oficiales estadounidenses desplegados en Colombia, para quienes los reclutas de la Costa eran perezosos, de mal semblante y cobardes. Contrario a los del centro del país, cercanos a los Andes, quienes eran más altos, de mejor contextura física y de carácter casi idéntico al del peruano de la sierra, a ese indígena disciplinado y sumiso (Arango, 2018).

En las descripciones de los oficiales foráneos que participaron en la formación de las tropas para el combate en Leticia, es de recalcar los apelativos utilizados para referirse a los conscriptos, quienes de acuerdo con sus testimonios eran principalmente indígenas. Términos como sumiso, sobrio, de inteligencia lenta y disciplinado se destacan, no por su significado positivo o negativo, sino porque permitieron construir la imagen que se tiene del soldado idóneo. La manera en la que se le moldea en su calidad de cuerpo dócil se rige por la necesidad de convertir al recluta en un ente que no profesa ideas o pensamientos, sino que se ciñe a las de otros. Un ente que no cuestiona, sino que se subyuga. Disponer de la vida de un sujeto así es por lo demás sumamente fácil, pues esta pasa a ser un bien alienable al servicio de un estamento que la controla y dota de valor, de propósito.

Colombia: sobre el estado de la conscripción y el Ejército en el siglo XXI

El modelo de conscripción se configuró a partir de las experiencias en la guerra con Perú y lo aprendido durante ese conflicto. Para el año 2021 el servicio militar seguía siendo obligatorio para todos los varones mayores de 18 años en condiciones de prestarlo. Existen, sin embargo, quienes consideraron que estas condiciones podrían ampliarse para hacer del servicio militar una experiencia laboral mucho más incluyente, tal fue el caso de Marta Lucía Ramírez, excanciller y exvicepresidenta de la República, quien en julio de 2020 se reunió con funcionarios del Ministerio de Defensa y altos mandos de las Fuerzas Militares para discutir la posibilidad de incorporar a las mujeres al servicio militar obligatorio, buscando con ello impulsar la inclusión y desarrollo femeninos en diversos ámbitos laborales. La idea fue objeto de debate, mas no se tomó decisión alguna al respecto. Tanto miembros del partido de gobierno como de la oposición consideraron en su momento inviable la propuesta, principalmente por la afectación en la calidad de vida de quienes se vieran obligadas a prestar el servicio militar (Vicepresidencia aclara propuesta de Ramírez sobre las mujeres en las FF.MM., 2020).

Aun cuando la propuesta de Ramírez no prosperó, lo cierto es que en las Fuerzas Armadas ya existía para ese momento la opción de que las mujeres que lo quisieran pudieran incorporarse al servicio. David López, un joven que se enorgullece de haber prestado su servicio militar en 2019, reconoce cómo las mujeres que forman parte de la Institución se desempeñan en las mismas armas, con igual entereza y profesionalismo, que el resto de los miembros masculinos que conforman la Fuerza. Para López, en ese sentido, la vida militar no es para los hombres sino para los valientes. Pero a diferencia de él, hay quienes por su formación integral jamás considerarían la carrera militar como proyecto de vida, sin importar nada. Por lo anterior, la Ley 1861 de 2017 incluyó en sus últimos cuatro artículos, es decir, del 77 al 81, lo correspondiente al trámite de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. En Colombia esta figura exenta de prestar el servicio militar a todo aquel que considere que esto va en contravía de sus convicciones y principios morales o religiosos. La objeción de conciencia es poco conocida, y desde que entró en vigor en 2017 solo 324 jóvenes se han amparado en ella. Pocos tomando en cuenta que para el año 2018 existían en el país unos 64.386 con posibilidad de hacerlo (en Colombia usted puede argumentar objeción de conciencia y no prestar servicio militar, 2018; "Esto no es para cualquiera": el soldado que volvió viral su amor al Ejército, 2020).

Para el movimiento social ACOOC (Acción Colectiva de Objetores de Conciencia), la legislación por sí sola es insuficiente en defensa de estos derechos fundamentales. Fue la demanda al Artículo 27 de la Ley 48 de 1993, que estos presentaron, lo que llevó a que se incorporara la objeción de conciencia dentro del compendio de exenciones comprendidas por la ley que regula el servicio militar obligatorio. Sin embargo, el objetivo que el movimiento persigue desde su conformación trasciende a las exenciones y apunta a la total desmilitarización de la sociedad. Esto implica no solo el fin del reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas del Estado sino de todos los actores armados ilegales que apelan al reclutamiento forzado para engrosar sus filas, una práctica que atenta igualmente contra las libertades civiles (Castrellón, Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 27 de la Ley 48 de 1993, 2014; Castrellón, Intervención ciudadana acción colectiva de objetoras de conciencia y objetores de conciencia (ACOOC), 2014; Restrepo L. B., 2013).

En la misma línea del ACOOC, Villareal (2020) logró un artículo que explica el fenómeno de la militarización de la sociedad colombiana como consecuencia de la securitización. El autor afirma que en el país se ha mantenido la figura del servicio militar obligatorio bajo la excusa de un conflicto armado interno que persiste en el tiempo, caracterizado por la amenaza constante de organizaciones del crimen organizado que atentan contra el orden y las instituciones. Se legitima la conscripción por la necesidad de hacer frente a estas amenazas, desconociendo la posibilidad de dar fin al conflicto por otra vía que no sea la armada. Para el Estado colombiano, y como sucede en Paraguay también, es imposible cerciorarse de que todos los jóvenes aptos presten el servicio o efectúen el pago de la libreta militar. Villareal centra su trabajo en estudiar de qué manera el Ejército en Colombia ha lidiado con esta situación, enfocándose en el estudio de una práctica, por lo demás ilegal, que se mantuvo vigente hasta el año 2015 y que se conocía como la batida militar. Esta consiste en que los efectivos de la Fuerza se desplazan a un sector de la ciudad, municipio o pueblo, detienen y abducen a jóvenes en edad de prestar el servicio militar y los transportan en contra de su voluntad a cuarteles y cantones de reclutamiento, para luego ser trasladados a batallones de formación donde son entrenados para el combate (Villareal, 2020).

Aún a pesar de las batidas y la negativa de ciertos sectores de buscar una salida pactada al conflicto, el servicio militar sigue representando para la juventud de escasos recursos en Colombia una oportunidad de formación académica y laboral. Lo anterior se considera un incentivo para quienes en su vida civil no tuvieron la oportunidad de recibir una educación de primaria y secundaria. Sin embargo, ingresar al servicio sin contar previamente con estos estudios puede representar más una desventaja que otra cosa. Así lo consideraban en la Defensoría del Pueblo, desde donde se interpuso una demanda a la Corte Constitucional objetando los artículos de la Ley 1861 de 2017 que estipulaban un tiempo de prestación del servicio militar diferenciado para los jóvenes que al momento de ingresar al servicio no contaban con estudios de bachillerato. Luego del fallo de la Corte quedó establecido que todo joven que preste el servicio militar, sin importar su formación académica, lo hará por un periodo de doce meses y no de dieciocho, como tenían que hacerlo quienes no contaban con estudios previos (Con o sin bachillerato, servicio militar durará lo mismo para todos, 2020).

Para los que prestan su servicio militar, sea por obligación o convicción, las condiciones han mejorado significativamente, ejemplo de ello es la regulación del tiempo de prestación del servicio. Estas mejoras comenzaron durante el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Durante este periodo el mandatario sancionó la Ley de Reclutamiento que establece que los reclutas serán retribuidos por su servicio con un salario de dos cientos veinte y un mil, tres cientos quince pesos ($221.315), no de noventa mil ($90.000) como funcionaba hasta ese momento. Se estableció también que aquellos que por justa causa no puedan prestar el servicio, tendrán que hacer un aporte económico de acuerdo con los ingresos familiares, mismo que comenzará en ciento cuarenta y cinco mil pesos ($145.000), no en cuatrocientos ochenta y cinco mil ($485.000), como funcionaba antes. Adicional a eso se estableció que el soldado campesino prestará un menor tiempo de servicio y que aquellas personas que por omisión o desacato a la ley no se presentaron a tiempo a su distrito de reclutamiento designado, pueden cancelar su libreta militar por un valor estimado de ciento veinticuatro mil ($124.000) pesos. Para el año 2019 más de seiscientos noventa y un mil (691.000) personas tenían la opción de acceder a este beneficio, en marzo de 2020 la cifra ascendía a los setecientos mil (700.000) (Comienzan las nuevas reglas del servicio militar, 2017; Tolima, 2017; Entra en vigencia la Ley de amnistía para personas sin libreta militar, 2019; Si usted es uno de los 691.000 remisos, esta información le interesa, 2019; Más de 700.000 remisos podrán obtener su libreta militar por un mínimo valor, 2020).

A principios de 2020 el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fungía en ese entonces como senador, presentó un proyecto de ley que buscaba ampliar los beneficios de acceso a la educación superior por parte de aquellos jóvenes que prestaran el servicio militar. Un incentivo importante y que, de ser aprobado, daría pie a un posible incremento en el número de conscriptos y de jóvenes dispuestos a prestar el servicio. La propuesta que estaba a la espera de ser discutida en el Senado de la República causó revuelo entre los colegas de Uribe, en tanto algunos argumentaron que detrás de estos incentivos se escondía un propósito más oscuro, el de disponer de la vida de muchos jóvenes para el ejercicio de la guerra (Uribe propone que prestar servicio militar dé derecho a cupo en la universidad pública, 2020).

No existe manera de conocer las verdaderas intenciones del expresidente Uribe con su propuesta, bien fueran querer garantizarle educación a un número más alto de jóvenes de escasos recursos o incrementar el pie de fuerza del Ejército, lo único claro es que la respuesta de sus colegas en el senado fue de rechazo debido a sus afiliaciones y su pasado político. Algo parecido le ocurrió al expresidente César Gaviria en 1992, según Río (2010), cuando tomó la decisión de incrementar el número de efectivos destinados al combate, redirigiendo más recursos del plan de “Seguridad para la gente” financiado por entes internacionales. El resultado de esta acción fue infructuoso, por lo cual él y todo su gabinete fueron cuestionados. Gaviria en su momento argumentó que la solicitud de los recursos para el aumento de las tropas en combate se hizo porque así lo demandaban las condiciones del conflicto. Uribe podría haber argumentado lo mismo, pero la verdad es que con la desmovilización de las FARC en 2016 la intensidad del conflicto no lo ameritaba.

Shultze-Kraft (2012) considera a partir de casos como el de Uribe y Gaviria, que para alcanzar la paz el enfoque de los actores debe ser muy diferente. Para el autor, conseguirla es inviable sin las fuerzas militares y de policía, pero también lo es sin una reforma al aparato militar y de seguridad. Esta debe conllevar a una reducción significativa del pie de fuerza, que para 2012 se encontraba por encima de los cuatrocientos veinticinco mil (425.000) efectivos, así como a la reducción del gasto en defensa y seguridad. Además, cualquier reforma al aparato militar, añade Shultze-Kraft, debe darse bajo la premisa de establecer una relación verdaderamente institucionalizada entre el gobierno civil y la institución castrense, dado que en la actualidad la naturaleza de una relación cívico-militar otorga un alto grado de influencia a los militares en asuntos públicos.

De la filosofía política y el concepto de disciplina, entendidos a la luz de los manuales de Doctrina y Ejército.

El Ejército nacional de Colombia no dista o difiere mucho de otros ejércitos en cuanto a los principios y valores que guían su actuar militar. Quedan claras las razones de esto a partir de la lectura de Foucault, pues las técnicas del poder disciplinar se transfieren y adoptan en muchos ámbitos y contextos diferentes. Lo que diferencia al Ejército de Colombia de otras instituciones similares es la intensidad. El servicio militar obligatorio que rige en el país denota un ejercicio del poder sobre la población para nada discreto, pero sí bien desarrollado. La promesa de beneficios e insumos a cambio de este, como la educación, son muestras de técnicas perfeccionadas que impiden que un amplio sector de la población se resista a las voluntades impuestas por otros.

En lo que respecta a la educación, es válido reflexionar sobre quién la proporciona. Si el Ejército es quien se encarga de impartir seis meses de estudios a los nuevos reclutas, se extiende el ejercicio del poder ya no solo a un nivel físico y mental, sino espiritual. La dominación del cuerpo dócil está completa en la medida en que el recluta, cumplido su “deber patrio”, regresa a la vida civil completamente enajenado de la identidad que ostentaba antes de prestar su servicio militar. Su sistema de creencias, de valores y la percepción de sí mismo han cambiado porque así lo dispuso la institución castrense. Aranguren (2016), remitiéndose a Foucault, lo articula de la siguiente manera:

Como ha mostrado Michel Foucault, la constitución del sujeto moderno está atravesada por procesos de adiestramiento, vigilancia, control y disciplina. En el modelo del ordenamiento militar, estos procesos han constituido no sólo las técnicas de regulación de la vida social y los dispositivos de control y ordenamiento de los sujetos, sino también los ideales de paz civil y seguridad (Aranguren, 2016, pág. 116).

La doctrina, como la define el Manual Fundamental del Ejército - MFE 1-01 Doctrina del año 2017, “son los principios, tácticas, técnicas, procedimientos, términos y símbolos validados que puede aplicar la fuerza” (CEDOE, 2017, pág. 28). Lo anterior hace referencia a la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, perfeccionada a partir del adiestramiento juicioso y vigilado de las tropas. Dado que el soldado innato, que Foucault describe en Vigilar y Castigar, ha desaparecido, adquiere importancia en la fabricación de los nuevos reclutas el mismo principio que lleva como título uno de los capítulos de su obra, la disciplina. Mismo que hace parte del entramado teórico y conceptual de los manuales que proporciona el Ejército nacional de Colombia a sus miembros.

De los principios y valores sobre los que se construyó el Ejército nacional de Colombia, la disciplina es el principio entendido como “la condición esencial para la existencia de la fuerza militar. Mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones del subalterno” (CEDOE, 2017, pág. 24). Se evidencia la manera en la que se ejerce el poder disciplinar por medio de las técnicas aplicadas en instituciones militares, educativas, clericales, etc. Hablar de “atribuciones” inmediatamente pone en evidencia el tipo de vínculo que establece el Ejército entre las figuras detentoras del poder y los subyugados al servicio militar. Atribuir implica adjudicar cualidades a una persona o una cosa, como un poder, mismo que puede ejercer sobre otro, un cuerpo dócil y maleable, guiado por unos parámetros considerados ideales y necesarios.

Las Fuerzas Armadas forman soldados con la convicción de que en el momento en que se retiren del servicio lleven una vida civil acorde con su formación militar. No se puede olvidar el vínculo que ata al Estado y las Fuerzas Militares, los hombres que sirven a la construcción del primero fueron formados para servirle en todo momento. Aranguren (2016) aborda esta relación de la siguiente manera:

El proceso de ordenamiento disciplinar supone la ejecución de tácticas y técnicas destinadas a definir la corporeidad adecuada para los propósitos bélico-militares, y transita gracias a su articulación con distintos saberes para instituir la racionalización de las lógicas corporales militares en distintos ámbitos de la vida social y constituir la referencia ideal del sujeto-ciudadano (Vigarello, 2005; en Aranguren, 2016, p. 116).

La disciplina militar extrapolada a diferentes ámbitos de la vida social puede o no ser un instrumento eficaz en el desarrollo de las actividades del ciudadano. Que una sociedad disciplinada y con la disposición de obedecer propenda al bien común, dependerá del carácter de los individuos que la componen. La obediencia acrítica siempre representará un riesgo en tanto no exista la voluntad de cuestionar las decisiones de gobierno. Cuando se decide obedecerlas debe comprenderse que se hace partiendo de la base de que son fundadas en la razón. Esto de por sí ya es muy difícil garantizarlo, por lo que cultivar el carácter crítico es fundamental (Foucault, 2006).

El fomento del carácter crítico no aparece como elemento del proceso de formación del soldado en los Manuales Fundamentales del Ejército. En estos, si bien se menciona el carácter unas catorce veces, doce en el Manual Fundamental del Ejército 1.0 El Ejército, y dos en el Manual Fundamental del Ejército 1- 01 Doctrina, solo se hace para referirse al carácter virtuoso del soldado que se entrega al servicio de su nación, manteniéndose respetuoso de la ley y fiel a los principios éticos y morales del servicio militar. Esto puede ser loable hasta el punto de que ya no lo es, recordando que algunas de las atrocidades más graves de la historia de la humanidad se han enmarcado dentro del marco jurídico de regímenes que alegaron la legitimidad de sus acciones en defensa de su población (CEDOE, 2017; CEDOE, 2017; Foucault, 2000).

Los nazis no solo alegaron que en defensa de la raza alemana otros grupos y razas debían ser erradicadas; hicieron de la guerra el mecanismo por el cual la propia Alemania debía ser purificada. Solo los más aptos, los guerreros y los fuertes se alzarían por encima de los vencidos y de los que quedaran para ser sometidos. El aparato institucional no se volcó únicamente hacia el derecho soberano de muerte, aunque sí lo extendió y difundió entre la población que se convirtió ella misma en verdugo, no solo por medio de las acciones directas sino a través de la denuncia condenatoria. También dirigió esfuerzos al funcionamiento de las técnicas disciplinares y reguladoras del biopoder, disponiendo de los cuerpos por medio del adoctrinamiento y el entrenamiento, a la par que regulaba las conductas de masa ligadas a la procreación de nuevos hijos destinados a la guerra (Foucault, 2000).

Conclusiones

El análisis coyuntural de la conscripción a la luz de los postulados filosóficos de Michel Foucault y demás autores, así como de otras fuentes secundarias, permite concluir que existe una mayor tendencia al voluntarismo en contraposición al servicio militar obligatorio en la región latinoamericana. Esto es así por dos razones: la primera es el pasado militarista y dictatorial de algunas de las naciones de esta región, lo que ha motivado procesos de reforma con miras a la desmilitarización de las sociedades. Esto no ocurre en todos los casos, pues en Chile, aún a pesar de su pasado dictatorial, la medida se mantiene, aunque no sin generar revuelo y descontento dentro de la misma población. La segunda razón es la incapacidad institucional de los Estados latinoamericanos para garantizar la prestación del servicio militar o el pago de un salvoconducto. Al ser así, no se hace necesario implementar todo un proceso de reforma constitucional cuando la realidad es que no hay manera de imponer la medida. Ahora, países como Colombia, donde lo último ocurre, también mantienen en vigor la conscripción como una respuesta al conflicto armado interno que no cesa y que ha perdurado en el tiempo.

Más allá de una develación de las tendencias en política pública, a propósito de la conscripción en Latinoamérica, lo que se concluye a partir de la presente investigación es que se conoce muy poco sobre los efectos reales del ejercicio del poder disciplinar sobre los cuerpos más allá de los espacios dispuestos para su disposición, organización y vigilancia. Lo que esto quiere decir es que, si bien se conoce por el trabajo de Foucault cómo se emplean las técnicas disciplinares y cuál es el resultado sobre los soldados, es aún desconocido de qué manera impacta el adiestramiento de estos individuos una vez abandonan el cuartel para enfrentarse a una vida en comunión. Se sabe cómo el ejercicio del biopoder individualiza a la par que totaliza a los individuos; lo que se desconoce es si el paso por una institución militar altera sustancialmente las conductas del sujeto de manera que difieran de las de quien jamás ha pisado un cuartel. Algo debe quedar claro, todo individuo en una sociedad es sujeto del ejercicio del biopoder, pero no todo individuo ha sido sometido a un proceso de formación militar.

La presente investigación busca dejar abierta la posibilidad de ahondar en un estudio de los efectos de la instrucción militar sobre los cuerpos, más allá de los espacios de adiestramiento. La idea sería al final conocer cómo afecta o beneficia el paso del individuo por la institución castrense, diferente al paso por la escuela, mucho más común y donde las técnicas del poder disciplinar se emplean de manera muy cercana a como ocurre en los espacios de entrenamiento.

Referencias

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