El rol del Ejército Nacional de Colombia, desde el año 2010, con respecto al conflicto ambiental[1]
The role of the Colombian National Army, since 2010, with respect to the environmental conflict
Revista PERSPECTIVAS
EN INTELIGENCIA
Jairo Leonel Cuadros Blanco1* y Javier Ramírez Narváez2
(1) Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “BG. Ricardo Charry Solano”, Bogotá, D. C., Colombia yimyjairo88@gmail.com
(2) Corporación Universitaria Iberoamericana, Bogotá, D. C., Colombia, jrmaestria@gmail.com
* Autor a quien se dirige la correspondencia
Volumen 15, Número 24, enero - diciembre de 2023, pp. 87-114
ISSN 2145-194X (impreso), 2745-1690 (en línea)
Bogotá, D. C., Colombia
http://doi.org/10.47961/2145194X.658
Fecha de recepción: 05/06/2023 | Fecha de aprobación: 08/09/2023
Resumen
El conflicto armado en Colombia no solo involucra las confrontaciones entre el Ejército Nacional y los grupos armados ilegales; el medioambiente también es víctima de este flagelo, tanto desde la ilegalidad como desde la legalidad. Es así que esta investigación analiza el rol del Ejército Nacional de Colombia desde el año 2010, con respecto al conflicto ambiental. Para tal fin se realizará una búsqueda sistemática de literatura disponible en bases de datos indexadas (DialnetPlus, Scielo y Scopus), para ubicar literatura actual relacionada con el tema de estudio, empleando los operadores boléanos AND; OR; NOT. Como resultado, se estructuran tres categorías de análisis: 1) Conceptualización del conflicto ambiental en Colombia, 2) Ejército Nacional como actor del conflicto ambiental y, 3) Delitos ambientales y los compromisos de Colombia. A modo de conclusión, se estableció que los delitos ambientales y el rol de Ejército Nacional, en términos generales, son una problemática que trasciende fronteras, debido a que la ejecución de las tropas no tiene como determinante un objetivo militar específico.
Clasificación JEL: F18, P34, Q56.
Palabras clave: conflicto; medio ambiente; efecto invernadero; Ejército Nacional; rol; marco jurídico.
Abstract
The armed conflict in Colombia not only involves confrontations between the National Army and illegal armed groups, the environment is also a victim of this scourge, both illegally and legally; Thus, this research analyzes the role of the Colombian National Army since 2010 with respect to the environmental conflict. For this purpose, a systematic search of available literature will be carried out in indexed databases (DialnetPlus, Scielo and Scopus), in order to locate current literature related to the subject of study using the boolean operators AND, OR, NOT. As a result, three categories of analysis were obtained: 1) conceptualization of the environmental conflict in Colombia; 2) National Army as an actor in the environmental conflict and 3) Environmental crimes and Colombia's commitments. As a conclusion, it was established that environmental crimes and the role of the National Army, in general terms, are a problem that transcends borders, since the execution of troops does not have a specific military objective as a determining factor.
Keywords: conflict; environment; greenhouse effect; National Army; role; legal framework.
Introducción
El conflicto ambiental en Colombia se asocia a diferentes factores que prevalecen desde los inicios como Estado; el principal es su extenso territorio que carece de control estatal, donde actores armados, conformados por la misma sociedad, financian estructuras condicionando los recursos naturales; así mismo, la industria, explotación de recursos y otras actividades, legales como ilegales, son parte de este flagelo. Los problemas que generan la alteración a las bases naturales y el normal funcionamiento se asocian de manera directa a los bienes y servicio que este aporta a la sociedad; cualquier transformación que degrade el normal funcionamiento de la naturaleza se entiende como conflicto ambiental (Rivera, 2007).
Es así que las dinámicas económicas involucran al medio ambiente, en ocasiones sin importar que los recursos naturales sean fuente de vida y supervivencia de la sociedad, por lo que deben ser protegidos bajo lineamientos jurídicos que, de hecho, existen varios. Spadotto et al., (2017) abordan los delitos ambientales enmarcados en el Código Penal, Ley 599/2000 de Colombia y la Ley 9.605/1998 de Brasil, dejando ver las similitudes en temas como la afectación a la salud, como detonante de un delito ambiental; consideraciones económicas, introducción de una especie animal sin debida autorización, maltrato animal, destrucción del patrimonio cultural, producción de sustancia tóxicas, la contaminación, entre otras... Por otro lado, desde la Constitución Política de Colombia (1991) se establece que el Estado debe velar por los recursos naturales, donde la ley de conservación del medioambiente y la de los recursos naturales renovables deben garantizar la supervivencia.
De acuerdo con lo anterior, esta investigación da respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido el rol del Ejército Nacional de Colombia con respecto al conflicto ambiental en un lapso de once años, mediante el análisis documental que tiene como base la investigación cualitativa a través de una revisión literaria? Como primer apartado, se conceptualiza el conflicto ambiental en Colombia acorde con el marco jurídico y la doctrina vigente desde el año 2010; en segundo lugar, se puntualiza sobre la intervención del Ejército Nacional de Colombia con respecto al conflicto ambiental, de tal manera que se finalice definiendo los tipos de delitos que se ajustan a la misionalidad del Ejército Nacional y con ello dimensionar las condiciones de Colombia sobre el Cambio Climático, teniendo en cuenta que “Colombia presentó uno de los compromisos más ambiciosos al indicar en el Pacto de Glasgow, durante la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, su responsabilidad frente a declarar como áreas protegidas el 30% del territorio” (Universidad Externado, 2022, parr. 10).
De esta manera, debatir la problemática del conflicto ambiental y relacionar la labor de las Fuerzas Militares permite analizar qué tan preparada está la región colombiana para asumir los compromisos adquiridos frente al cambio climático, teniendo en cuenta que al relacionar los gases efectos tipo invernadero (GEI) y la probabilidad del 30% de zonas protegidas resulta un reto para este país. Más si se tiene en cuenta que “En la actualidad, las estadísticas indican que la producción ganadera en Colombia ocupa aproximadamente 34 millones de hectáreas, lo que representa el 30% del área total adecuada para la producción agrícola en el país” (Espinosa et al., 2020, p. 292). Recordemos que la producción ganadera y sus derivados son consideradas como una de las actividades económicas que más genera GEI.
Marco teórico
Los delitos ambientales son una amenaza que atenta contra la supervivencia de la especie humana. Para Acevedo (2014), la administración pública de Colombia es la encargada de garantizar la protección del medio ambiente, lo cual se establece en la Constitución de 1991; también en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, dando direccionamientos frente al cuidado de los recursos naturales, bajo la primicia de conservación medioambiental y los recursos naturales renovables. Colombia se ha destacado por ser uno de los países latinoamericanos que a partir de la Declaración de Estocolmo (1972) ha tenido avances significativos en materia jurídico-ambiental, muestra de ello es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Martínez y Melo, 2022, p. 185).
No obstante, los lineamientos jurídicos no determinan el actuar de una cultura que emerge en la violencia, ya que la transformación de los conflictos ambientales surge de los países en posconflicto armado, donde la sociedad tiene un vínculo directo con este flagelo (Morales y Ungar, 2022). A lo que Rojas et al. (2021), opinan que la explotación de hidrocarburos en Colombia en la actualidad representa el mayor capital para la economía del país, simbolizada en su PIB, tanto que, comparado con la producción agropecuaria para el año 1997, se puede indicar que fue reemplazada de tal manera que no solo la producción de hidrocarburos causa alteraciones a los ecosistemas. Según Méndez y Zapata (2021), la voladura de oleoductos por parte de los grupos armados se presenta desde los años 60, lo que indica que en promedio las infraestructuras de hidrocarburos han sido atacadas 2.575 veces e indica que el derrame es de 4.1 millones de barriles, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Nariño (Sandoval et al., 2017).
En consecuencia, “En países donde esa renta es media se presentan fuertes auges y descalabros económicos porque los ingresos por recursos naturales son volátiles, dificultan la gobernabilidad y generan crisis” (Sandoval et al., 2017, p. 203). En este sentido, López (2021) considera que el papel del Ejército Nacional resulta importante, ya que las dinámicas del conflicto en Colombia hacen que los delitos ambientales sean cambiantes y causen la degradación sustancial de los recursos naturales expuestos. Garzón (2020) resalta la labor del Ministerio de Defensa en el mandato de Carlos Holmes Trujillo (q.e.p.d.) como ministro de Defensa, frente a la campaña Artemisa con la incursión de tropas militares a los parques nacionales, como Picachos, Chiribiquete, La Macarena y La Paya, para la protección de estas zonas de las actividades ilícitas por parte de los grupos armados.
De hecho, para Velez y Vélez (2019), otras de las zonas de gran impacto ambiental es el alto del Cauca, donde las disputas se generan entorno a factores como la diversidad étnica racial, generación hidroeléctrica, minería e industrialización de la caña de azúcar, causando gran deterioro a la calidad de agua del río Cauca. De este modo, el flagelo al medio ambiente corresponde a una dinámica económica impulsada por la corriente neoliberal. Según Gwynne (1999), entre los años 80 y 90 en gran parte de Europa, Asia y los mismos países de la antigua Unión Soviética dejaron de lado los lineamientos de políticas económicas planeadas por políticas direccionadas, adoptando lineamientos de los mercados nacionales e internacionales.
Zurita (2017), considera que la teoría económica neoliberal conllevó a un movimiento con inclinaciones ideológicas que ha evolucionado después de la Segunda Guerra Mundial, desplazando la economía keynesiana al igual que el mismo pensamiento, dejando una idea sobre la liberación económica en países con economías en desarrollo. En este caso, se observa el modo en el que la retórica ambientalista está siendo utilizada y vinculada al nuevo concepto de desarrollo sustentable y sostenible, argumentando además las distintas formas que algunas agencias vienen articulando con diferentes demandas en procura de defender los derechos indígenas (Grimson et al., 2007). De esta manera, Acevedo (2013) considera poco efectivas la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, la primera tipifica los delitos ambientales y la segunda tiene el deber sancionatorio de los mismos en Colombia, a lo que refiere que se debe ir más allá de lo escrito, considerando la importancia de la relación entre las instituciones a nivel administrativo y la sociedad para el control eficaz de los delitos ambientales.
Métodos
Este trabajo es producto de una revisión teórica con enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que la indagación será de forma dinámica al contrastar los hechos con la interpretación (Hernández Sampieri et al., 2014), logrado a través del análisis documental como contribución para hacer explícita la intencionalidad que se quiere en dicho contexto (Peña Vera and Pirela Morillo, 2007), con lo cual se busca indagar teóricamente antecedentes y referencias doctrinarias que ayuden a conocer la problemática del conflicto armado y ambiental en Colombia, además del papel que desempeña el Ejército Nacional como uno de los principales actores estatales en este contexto.
Para ello, se hizo una búsqueda sistemática en las siguientes bases de datos indexadas: DialnetPlus, Scielo y Scopus. Con el fin de ubicar literatura actual relacionada con el tema de estudio se emplearon los operadores boléanos AND; OR; NOT. También se consultaron las páginas web de la Institución antes mencionada y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante palabras claves en idioma español e inglés, como “conflictos ambientales Colombia”; “delitos ambientales Colombia”; “daño ambiental”; “cambio climático”; “Ejército Nacional y conflicto ambiental”; “conflicto ambiental y comunidades”.
El resultado fue más de 1.000 textos, a los cuales se les aplicó un proceso de filtro y caracterización. 1) selección de artículos de revista de acceso abierto y que estuvieran completos; 2) verificación que hubieran sido escritos entre 2010 y 2023. Posterior a esto, se dio lectura al título de cada artículo para determinar la afinidad de los textos con la idea de investigación que se estaba desarrollando, descartando aquellos escritos que no contenían dichos parámetros, dejando únicamente un total de 45 artículos de revista útiles para elaborar el trabajo. Después se accede a leer el resumen, las palabras clave y las conclusiones de los textos que quedaron seleccionados, esto con el fin de determinar similitudes entre ellos y así poder categorizarlos para iniciar la escritura.
Resultados
Una vez organizados, seleccionados y analizados los documentos, se pudo determinar tres categorías: 1) conceptualización del conflicto ambiental en Colombia; 2) Ejército Nacional como actor del conflicto ambiental, y 3) delitos ambientales y los compromisos de Colombia. Cada una de ellas se desarrolla a continuación, teniendo como base las teorías de los investigadores consultados.
Conceptualización del conflicto ambiental en Colombia
Al hablar de conflicto en Colombia generalmente la mente se transporta hacia la parte bélica o armada, y no es para menos, porque durante muchos años siempre se ha presentado esta situación. En este caso no se hablará de un escenario bélico únicamente, sino por el contrario se aborda todo lo relacionado con el medio ambiente. Puede decirse entonces que son los hidrocarburos y las actividades conexas a estos los motivos por los cuales se presentan gran parte de los conflictos socioambientales, por lo menos así se ha evidenciado en el sur de Colombia. Los conflictos ambientales deben ser vistos como la oportunidad para que las comunidades participen en las decisiones que al respecto se toman en cada uno de los territorios, un ejemplo palpable fue la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio que se dio en el Caquetá (Rojas-Bahamón et al., 2021a).
Sin embargo, para analizar y poder entender con mayor precisión este fenómeno, es conveniente que la conflictividad sea estructurada desde cuatro dimensiones -social, ambiental, de conflicto y cultural-; de este modo, se conduciría cualquier tipo de situación a ser mejor estudiada y por ende más analizada a fondo, quedando definido que la conflictividad no es igual en todas partes, sino que se caracteriza dependiendo de la región y la asociatividad de las dimensiones antes expuestas, de acuerdo con lo que se esté presentando en la zona (Sandoval et al., 2017). Una de las causas del problema podría inferirse en el sentido sobre qué son proyectos grandes y cuáles son rentables para la economía nacional y que están dejando mínimos beneficios para las comunidades (Montoya, 2018).
La idea radica en tener de presente que este tipo de conflictos no son apreciados como escenarios estáticos, sino como un contexto en el que convergen diferentes perspectivas, teniendo como fundamento la manera de valorar cada uno de sus componentes: ambiente, recursos naturales, territorio y derechos (Munévar y Valencia, 2020). Esta reflexión es importante en el marco de la participación de los actores, puesto que de no ser visualizadas así conllevará a reacciones de otra índole que, en la mayoría de los casos, se materializa en actos de violencia. Al respecto, Morales y Ungar (2022) argumentan que para tener un cambio positivo en este tipo de conflictos hay que hacer desafíos diferentes; entre estos contemplarse siempre el fortalecimiento de los arreglos comunitarios. Es por lo anterior que Lotero (2019) refiere que en cada una de las zonas donde se presenten conflictos socioambientales se deben adelantar las gestiones pertinentes para que la calidad de vida de quienes habitan allí no vaya en detrimento del bienestar común de las personas y los seres sintientes del sector. Lo que acontece con este panorama es que debe haber claridad de la relación existente entre ambiente, sociedad y salud, y sobre las vulnerabilidades que en ocasiones se generan sobre las poblaciones más afectadas, como consecuencia no solo del conflicto ambiental, sino también del armado (Méndez y Zapata, 2021).
Paralelamente, los estudios actuales demandan la comprensión de los conflictos ambientales y por consiguiente su conexidad con el conflicto armado que aún persiste en Colombia, logrando con ello la identificación de retos para tratar de superar los motivos originarios de ambos conflictos. Es decir, que en esta materia el postacuerdo debe conducirse a la superación de todo tipo de violencia (Vera Rodríguez, 2018a). Una posible solución al problema son los servicios ecosistémicos, iniciativa planteada por Rincón-Ruiz et al. (2019a) al afirmar que estos pueden servir como herramienta para el análisis de los conflictos ambientales, lo que conviene aplicar haciendo hincapié en los Mecanismos de Distribución de Beneficios, como parte de las intenciones que de algún modo pueden ayudar a mejorar las políticas de los gobiernos locales y nacionales.
Todos estos planteamientos requieren en algún momento que se les practiquen las evaluaciones requeridas como parte de un control, a fin de conocer si estas están sirviendo o requieren de ajustes, todo enfocado a determinar la mejoría del impacto ambiental con ocasión de la realización de actividades por parte del hombre en el medio ambiente, de tal forma que los proyectos extractivos que se han proliferado en zonas de comunidades indígenas en Colombia tengan evaluaciones constantes sobre el impacto que puede generar las acciones y que las comunidades exigen dicho reconocimiento (Carmona y Puerta Silva, 2020a).
Por esta razón se ha puesto de manifiesto la necesidad sentida que requiere el conocimiento pleno de la conceptualización del conflicto ambiental en Colombia; más aún, cuando la gran mayoría de los actores desconocen situaciones de índole ancestral que durante el transcurrir del tiempo han permanecido como parte de la cosmovisión indígena. Ese fuerte vínculo existente entre la madre tierra y los pueblos indígenas obedece al proceso de resistencia como uno de los factores más importantes dentro de los resguardos. De ahí radican las reclamaciones que siempre se han hecho como parte de la protección del medio ambiente (Vallejo Trejo y Mesías Patiño, 2022). Parece difícil tratar de educar a todos aquellos intervinientes en estos procesos, pero sería una bonita tarea.
Delitos ambientales y la misionalidad del Ejército Nacional
Los delitos ambientales en Colombia son innumerables, ya que involucran la fuente de vida del ser humano; paradójicamente es el mismo ser humano quien causa el mayor daño ambiental, por esta razón algunas de las entidades encargadas de minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente son el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que lidera tres grandes retos que giran en diferentes tiempos; en el futuro, reducir los conflictos ambientales; en el presente, disipar los conflictos ambientales y, en el pasado, reversión en alguna medida de deterioro ambiental. También el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) busca administrar el ordenamiento territorial a través de políticas públicas que trabajan en conjunto con entidades de Hidrología, Meteorología, Estudios Ambientales (IDEAM), Investigación e Información Geocientífica y Minero-Ambiental, entre otras, con la finalidad de crear mecanismos de control sectorizado tanto para los asentamientos poblacionales como para la explotación industrial del territorio.
Así mismo, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) busca soluciones desde áreas específicas, ya que plantea el uso de los suelos de acuerdo con el comportamiento de estos; “catalogada como zonificación ambiental”, que no es más que el estudio adecuado para determinar la sensibilidad ambiental para identificar el estado de cada medio y de esta forma determinar su ocupación o explotación para fines económicos (Rivera, 2007). No obstaste, la intervención de estas entidades, al igual que los lineamientos jurídicos, no es suficiente para el control eficiente de los delitos ambientales que, a largo de los años, ha incrementado sustancialmente, convirtiéndose en responsabilidad de la Fuerza pública, en este caso del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que los principales delitos están asociados a las actividades ilegales de los grupos armados; también a la contención entre el Ejército y estos grupos. Según Garzón (2020b), la participación de 22.000 integrantes de la Fuerza destinados a proteger parques de reserva natural en Colombia tiene como fin controlar la injerencia de organizaciones armadas, ya que estas reservas son utilizadas para incrementar sus economías ilícitas; sin embargo, estas acciones pueden ser contraproducentes, por lo que militarizar zonas de reserva termina incrementando la violencia y afectando a la población civil que habita en esos entornos.
De hecho, todas las acciones para combatir el narcotráfico causan algún tipo de conflictividad social, ya sea porque afecta el apoyo para satisfacer necesidades básicas insatisfechas de la población que habita en esos sectores, o por los efectos sobre el medio ambiente, que terminan siempre ligados a un componente económico. Para Osorio (2003), el Plan Colombia en su momento creó una estrategia para combatir el narcotráfico y fue la aspersión aérea con glifosato, lo cual claramente afecta las economías ilícitas de forma práctica; no obstante, resulta contraproducente para el medio ambiente.
Es así que el Gobierno nacional busca la reducción en la producción de cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea, dando cumplimiento a políticas públicas enfocadas a combatir el narcotráfico, también a la ejecución del acuerdo final del año 2016; estas acciones son realizadas con apoyo de diferentes instituciones, como los son Policía Nacional, Agencia Nacional de Licencias Ambientales y Ministerio de Salud, lo cual, a través del tiempo, ha generado controversias por afectaciones ambientales y a la salud, coadyuvando en una temática que fortalece el discurso de organizaciones al margen de la ley, instrumentalizando la población campesina e indígena que se beneficia de la producción de cultivos ilícitos, lo que conlleva a reevaluar que existe un déficit en el control y presencia del Estado en gran parte del territorio.
Teniendo en cuenta que de 1.122 municipios de Colombia contemplados en estadísticas (SIMCI), 181 son afectados por la producción de coca, donde en 12 municipios, se concentra el 40% de cultivos ilícitos, teniendo como principal productor Tibú, Norte de Santander, por lo que se considera que un alto porcentaje se concentra en tierras de comunidades negras y en zonas de reserva forestal (UNODC, 2022). De tal manera, que en la actualidad, los cultivos ilícitos se han incrementado de forma sustancial, al igual que otras actividades que potencializan los delitos ambientales. Para los actores ilegales, los recursos naturales son una enorme fuente de ingresos para el curso de sus proyectos, por lo cual desarrollan actividades como cultivos ilícitos, la minería ilegal, la tala de árboles, incendios forestales, la ganadería extensiva, parkerización e infraestructura no planificada, sin considerar los efectos colaterales que tiene el uso desmedido del contexto natural (Molina et al., 2022a, p. 1091).
De esta manera, todo este engranaje de economías ilícitas relaciona la labor de las Fuerzas Militares, dejando ver cómo desde lo institucional y legal no es el único ente encargado de tal función. Pero la carrera por generar recursos, ligada a la corriente neoliberal y la libertad comercial, al igual que el interminable conflicto interno, hace que los efectos negativos que genera la explotación de recursos naturales con fines lucrativos terminen siendo evaluados en segundo plano, dificultando la labor de las Fuerzas Militares. Según McClanahan et al. (2019), después del acuerdo final se generan debates al interior de Colombia, ya que en la actualidad existe una ausencia de justicia ambiental y económica dentro de la ejecución de la justicia transicional, puesto que el Gobierno nacional y el grupo armado FARC continúan con sus promesas de transformación ecológica, económica, política y social, mientras continúan el accionar delictivo de grupos disidentes de las FARC-EP, ELN entre otros, grupos armados que emergen en un conflicto cambiante y que cada vez son más difícil de combatir.
TABLA 1. Delitos Ambientales y entornos de Conflictividad
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Delito Ambiental |
Interviene |
Normatividad |
Justificación |
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Deforestación |
Fiscalía. Policía Nacional. Ministerio de Ambiente. Ejército Nacional. |
Ley 99 de 1993 Operación Artemisa 2019 Decreto 4890 del 2011 |
Importancia del rol del Ejército Nacional en la protección del medio ambiente, dando lineamientos al proyecto Artemisa, el cual da potestad e incursión de tropas a los parques: Picachos, Chiribiquete, La Macarena y La Paya. |
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Industria Petrolera |
Multinacionales. Ministerio del Medio Ambiente. Ejército Nacional. |
Políticas Económicas Globalizadas Decreto Ley 4633 de 2011 |
La explotación de hidrocarburos, a nivel de Latinoamérica, aporta representativamente al PIB, especialmente en países como México y Colombia, generando conflictividad social y medioambiental, ocupación de territorio por multinacionales en zonas específicas: Magdalena, Guajira, Norte de Santander, Meta, Arauca, Putumayo, Casanare, Boyacá y Caquetá. |
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Minería |
Entidades Territoriales. Ministerio del Medio Ambiente. Ejército Nacional. |
Políticas Económicas Globalizadas. Sentencia C-123-14. Artículo 37 del Código de Minas (CM) Decreto Ley 4633 de 2011 |
La sentencia 123-14 busca derogar el artículo 37 del Código de Minas, estableciendo que las entidades territoriales no pueden nombrar zonas de exclusión o restricción en la actividad minera; controversias con relación a la autonomía territorial, la participación ciudadana y la conservación ambiental desencadenan conflictividad social en el país, también a comunidades indígenas que se acogen a este decreto ley. |
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Producción Ganadera |
Entidades Territoriales. Ministerio del Medio Ambiente. Ejército Nacional. |
Políticas Económicas Globalizadas |
La ganadería, como factor de la economía del país, también como detonante de los delitos ambientales ligados a la tala de árboles y la contaminación de aguas. |
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Aspersión Aérea |
Consejo Nacional de Estupefacientes. Ministerio de Salud. Policía Nacional. Instituto INDERENA. Ministro de Justica. Ministerio de Salud. Ministerio de Ambiente. Ejército Nacional. |
Corte Constitucional Decreto 380 de 2021 |
El uso del glifosato en Colombia inicia en el año 1978 de manera informal, pero solo hasta 1984 fue aprobado por instituciones legalmente constituidas; sin embargo, desde el inició de esta técnica, el Ministerio de Salud y el Medio Ambiente se opusieron por el alto impacto a la salud y el medio ambiente, generando controversias en los mandatos de Juan Manual Santos, Iván Duque y el actual mandatario, Gustavo Petro. |
Fuente: Elaboración propia, a partir de información de (Molina et al., 2022b; Rojas, 2019a; Güiza y David, 2015)
La tabla anterior puntualiza en algunos delitos ambientales que en términos generales son representativos en cuanto afectación ambiental en Colombia, y que por su relación directa con actividades ilícitas por parte de grupos armados está inmersa la labor del Ejército Nacional, también de organismos que cooperan para mitigar este fenómeno, tanto en sectores donde ya existen afectaciones, o los que se pueden prevenir. Para ello, posturas como la de Molina et al., (2022c), sobre la presencia en la triple frontera en zonas específicas de la Amazonía, que por su terreno facilita actividades de producción ganadera, de forma directa se asocia a la deforestación y contaminación hídrica.
No obstante, la explotación de hidrocarburos con la inclusión de multinacionales se direcciona desde políticas económicas en pro del crecimiento del PIB del país, lo que indica que estas actividades causan alteraciones al medio ambiente, menores a las actividades que se generan desde la ilegalidad. Rojas (2019) expone sobre la presencia de multinacionales tomando territorios que antes de esta industria fueron ocupados por la población, o de explotación ilegal de estas comunidades en departamentos como Magdalena, Guajira, Norte de Santander, Meta, Arauca, Putumayo, Casanare, Boyacá y Caquetá, principalmente, lo que ha llevado a una confrontación entre empresas petroleras consideradas como hegemónicas y los actores heterogéneos, como campesinos, indígenas, raizales, afro, empresas agropecuarias, comerciantes entre otros.
Finalmente, está la problemática entorno a la Aspersión Aérea, donde la población campesina y comunidades indígenas hacen parte de la producción y procedimiento de estos cultivos ilícitos, lo cual se convierte en la única fuente de empleo; de hecho, estas zonas regularmente son de control de grupos armados. Lo anterior representa que 14 departamentos del país sean contemplados en el Plan de Manejo Ambiental para la aspersión aérea: Guaviare, Meta, Vichada, Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca” (Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos, 2020).
Sin embargo, esta iniciativa dio lugar a alteraciones sociales, ligadas a mecanismos de grupos armados para sostener sus economías, ya que estos sectores interfieren en la aprobación del mismo plan liderado por la ANLA, caso ocurrido en el municipio de Florencia, Caquetá, que al momento de iniciar este plan frente a su aprobación no contó con el consentimiento de la totalidad de población que sería afectada directamente por la aspersión con glifosato, evitando el accionar de la Fuerza pública. Lo que indica que, tanto la producción de cultivos ilícitos como algunas estrategias por parte de los organismos de control (aspersión aérea), desencadenan afectaciones medioambientales, obstaculizando el normal funcionamiento del medio ambiente y la salud de la población.
Delitos ambientales y los compromisos de Colombia
Los delitos ambientales han sido considerados como una serie de acciones que tienen como fin último dañar los ecosistemas y por consiguiente al medio ambiente. En Colombia es común este tipo de situaciones, desde las afectaciones a la industria petrolera, pasando por la minería ilegal y la tala de árboles, hasta llegar al tráfico de especies silvestres que causan daños y por ende se configuran en delitos ambientales. Un caso bien sonado es la contaminación generada por derrames de petróleo en los ríos, hecho que tiene como consecuencia la disminución de la sostenibilidad en la región impactada, perdiendo la biodiversidad y resultando afectado el suelo (Guerrero, 2018).
Ciertamente se sabe que los mayores daños, y a la vez delitos ambientales que se presentan en Colombia, están relacionados con el conflicto armado que ya se ha reducido en una gran proporción por la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Sin embargo, conviene advertir la necesidad del cumplimiento de compromisos adquiridos en torno a esta materia; para ello es preciso tomar ejemplos de países en los que, una vez finalizado el conflicto, han visto la riqueza medioambiental como parte de los escenarios económicos para generar desarrollo, de tal modo que esto sirva de ejemplo no solo a los grupos desmovilizados, sino también a los que aún persisten en buscar por la vía armada reivindicaciones negadas a lo largo de los años (Lastra Mier, 2015).
Por lo tanto, el Estado debe afianzar las estrategias necesarias que conduzcan a mitigar el impacto que el conflicto armado dejó en el medio ambiente y de esta forma sanear los delitos ambientales (activos y pasivos) existentes; de lo contrario, la situación podría empeorar. Una muestra clara, la expresa Villamil (2020a) al decir que la deforestación en Colombia ha crecido después de la firma del acuerdo; también aumentaron los cultivos ilícitos y el deterioro de la biodiversidad, es decir, con la terminación del conflicto armado con la otrora guerrilla de las FARC, el medio ambiente no se ha visto beneficiado; al contrario, cada día está más perjudicado.
En este sentido, es necesario reconocer la importancia geoestratégica que el país reviste ante el mundo por la posición geográfica de este, lo que pone de presente ante los demás países la variedad de minerales, ecosistemas y biodiversidad. Situación llamativa para otras naciones por la riqueza natural del suelo y subsuelo. De igual forma, las situaciones antes mencionadas, además de la afluencia de una población diversa –comunidades indígenas, afrodescendientes, gitanos, campesinos, entre otros–, demandan que dichos actores tengan buena sensibilidad al momento de interactuar con algunas de las partes constitutivas de la naturaleza colombiana, de tal modo que se evite a toda costa la existencia de conflictos ambientales (Valencia y Cuervo, 2021). Acevedo (2013) refiere al tema en cuestión como la teoría de la infracción ambiental, vista desde el Derecho penal, argumentando la necesidad de límites claros y definidos en procura de garantizar al ciudadano (infractor) un proceso justificado y legal; con esto hace referencia a que las autoridades ambientales carecen de metodologías sancionatorias para este tipo de eventos, tomando como referente únicamente lo que sucedió, la presunción de una culpabilidad o actuación con dolo, desconociendo lo que demanda la situación en materia penal; sin embargo, hay que reconocer que fácilmente podrían aplicarse todos los elementos constitutivos para cualquier tipo de delito. Por lo antes mencionado,
(…) debe considerarse la complejidad de los daños ambientales (impactos ecológicos, sociales, culturales e institucionales). Esto identificará un círculo más amplio de beneficiarios. Por ejemplo, los daños afectan a un número de personas que se encuentran en otros lugares del planeta o que aún no existen. Igualmente, influye en medidas que vinculen la restauración de los ecosistemas con la recuperación del proyecto de vida de las personas, la integridad de los territorios y el conocimiento étnico, así como con la realización de reformas institucionales y la valoración de los beneficios de la conservación de ecosistemas (…) (Cepeda y Mejía, 2022, p.252).
De cualquier modo, una de las formas que pueden ser estudiadas como mecanismo de reparación es la acción de grupo, constituyéndose como parte de acceso a la administración de justicia para que los afectados puedan elevar las peticiones para la reparación de los daños causados con ocasión del conflicto armado (López Cárdenas y Nieto Rodríguez, 2015). Además, es preciso poner de presente lo expresado por Redondo e Ibarra-Vega (2019) al hablar de la aprobación e implementación de la tasación de multas con las que se busca resarcir de algún modo el daño causado, lo cual está amparado por el decreto 3687 de 2010 y la resolución 2086 del mismo año, todo esto como reglamentación de la Ley 1333 de 2009.
Es evidente que en esta materia el legislador colombiano ha seguido el ejemplo de Brasil, toda vez que desde el año 2021 se cuenta con la Ley 2111, la cual trata dicha temática. Situación similar ocurre con el vecino país antes mencionado, donde se cuenta con una normativa exclusiva para el caso del medio ambiente. Es decir, que en Colombia ya se dejó atrás el manejo de los delitos ambientales dentro del Código penal -Ley 599 de 2000-. Esto conlleva a que, a partir de la expedición de dicha legislación, el proceso para atender los delitos ambientales deje de ser lento y por el contrario se torne más ágil para poder investigar, acusar y sancionar por las diferentes actuaciones a quienes hacen parte del conflicto armado (Spadotto et al., 2017). La tabla 1 refleja una síntesis de lo contenido en dicha Ley.
TABLA 2. Síntesis de la Ley 2111 de 2021
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Apartado |
Nombre |
Descripción |
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Artículo 1° |
Sustitúyase en Título XI |
Artículos 328 al 339 del Código penal. |
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Artículo 2° |
Modificación del numeral 14 del artículo 58 del Código penal. |
Circunstancias de mayor punibilidad. |
|
Artículo 3° |
Adición del numeral 33 al artículo 35 del Código de procedimiento penal. |
Habla sobre los delitos de aprovechamiento ilícito. |
|
Artículo 4° |
Adición de un parágrafo al artículo 91 del Código de procedimiento penal |
Trata de la suspensión o cancelación de la personería jurídica. |
|
Artículo 5° |
Adición del parágrafo 2 al artículo 92 del Código de procedimiento penal. |
Trata de la potestad del juez en temas ambientales. |
|
Artículo 6° |
Nuevo inciso para el artículo 302 del Código de procedimiento penal. |
Habeas Corpus para las capturas en flagrancia en ríos. |
|
Artículos 7° y 8° |
Dirección de Apoyo Territorial. |
Cantidad de cargos y niveles profesionales para conformar dicha dirección. Funciones de esta dirección. |
|
Artículo 9° |
Dirección Especializada para los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. |
Cantidad de cargos y niveles profesionales para conformar dicha dirección. |
|
Artículo 10° |
Prevención del daño antijurídico y promoción de la adecuada defensa litigiosa. |
Política para la correcta aplicación del daño antijurídico. |
|
Artículo 11° |
Recursos de financiación. |
Autorización para la asignación de recursos destinados a la implementación y ejecución de la Ley en mención. |
|
Artículo 12° |
Vigencia y derogatoria. |
Deroga el Título XI del Código penal, que estaba vigente hasta ese momento. |
Nota. Contiene el resumen de cada uno de los doce artículos que componen la Ley en cuestión (Ley 2111 de 2021)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 2111 de 2021
Al analizar en detalle el contenido de esta Ley, se puede apreciar la caracterización de cada una de las acciones que el legislador colombiano ha tipificado como delito. La tabla 3 muestra el resumen de estos.
TABLA 3. Resumen de los delitos ambientales
|
Delitos |
Prisión en meses |
Multa en SMLMV* |
|
Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. |
De 60 a 135 |
De 134 a 43.750 |
|
Tráfico de fauna. |
De 60 a 135 |
De 300 a 40.000 |
|
Caza ilegal. |
De 16 a 54 |
De 33 a 937 |
|
Pesca ilegal. |
De 48 a 108 |
De 134 a 50.000 |
|
Manejo ilícito de especies exóticas. |
De 48 a 108 |
167 a 18.750 |
|
Deforestación. |
De 60 a 144 |
De 134 a 50.000 |
|
Promoción y financiación de la deforestación. |
De 96 a 180 |
De 300 a 50.000 |
|
Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. |
De 60 a 108 |
De 167 a 18.750 |
|
Explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales. |
De 32 a 144 |
De 133.33 a 50.000 |
|
Daños en los recursos naturales y ecocidio. |
De 60 a 135 |
De 167 a 18.750 |
|
Contaminación ambiental. |
De 69 a 140 |
De 140 a 50.000 |
|
Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. |
De 60 a 120 |
De 30.000 a 50.000 |
|
Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. |
De 60 a 144 |
De 134 a 50.000 |
|
Invasión de áreas de especial importancia ecológica. |
De 48 a 144 |
De 134 a 50.000 |
|
Financiación de invasión en áreas de especial importancia ecológica. |
De 96 a 180 |
De 300 a 50.000 |
|
Apropiación ilegal de baldíos de la nación. |
De 60 a 144 |
De 140 a 50.000 |
|
Financiación de apropiación ilegal de baldíos de la nación. |
De 96 a 180 |
De 300 a 50.000 |
Nota. Contiene la síntesis de los delitos tipificados contra el medio ambiente y la acción que ejercerá el Gobierno contra los infractores (Ley 2111 de, 2021)
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Ley 2111 de 2021
Hay que señalar que cada una de las penas -prisión y multa-, aumentan o disminuyen dependiendo el caso; es decir, si las autoridades judiciales logran comprobar que la acción se realizó con dolo, la pena aumentará hasta en una tercera parte; por el contrario, se establece que la actuación fue culposa, esta se reduce hasta en la mitad de lo que dictamina la ley. En todo caso, es mejor tratar de preservar las condiciones naturales del medio ambiente y procurar realizar las actividades necesarias para reparar cualquier tipo de daño causado con ocasión de la interacción del ser humano con este.
Lo anterior se suma a los esfuerzos que Colombia ha realizado en procura de cumplir con los mandamientos emitidos a nivel global, uno de ellos es el cambio climático, que en este ámbito los avances son mayores, pues los tres periodos que se mencionan a continuación denotan tal situación: desde 1994 hasta 2010: con una visión económica, el país obtuvo finanzas de los proyectos que estaban relacionados con la reducción de gases de efectos invernadero. Desde 2010 a 2014, los esfuerzos se enfocaron en la adaptación y la gestión del riesgo de desastres, por acción del fenómeno de La Niña. De 2014 a 2018, cumplimiento de nuevos compromisos internacionales: Convenio de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto cobra importancia al tener de presente que “la protección del medio ambiente se ha consolidado en los últimos años como un tema permanente dentro de la agenda internacional (…)” (Zapata y Castillejo, 2021, p.93).
Discusión
El desarrollo y crecimiento económicos, la conflictividad social, las bases culturales, las necesidades básicas insatisfechas y el conflicto armado interno, son conceptos ligados directamente a los delitos ambientales en Colombia; y es que no es fácil hablar de la finalización de un conflicto armado y al mismo tiempo del final de los delitos contra en medio ambiente. (Verá, 2018b) menciona que el postacuerdo debe dar fin a todo tipo de violencia; dentro de ello la violencia ambiental, a lo que Rincón Ruiz et al. (2019b) piensan que es cuestión de distribución de beneficios, haciendo referencia a ganancias económicas producto de la explotación. Por su parte, Carmona y Puerta (2020b) ven los delitos ambientales ligados a ciertas condiciones en cuanto a la evaluación estricta a la hora de explotación de hidrocarburos.
De hecho, es la normatividad lo que permite marcar límites en el accionar del hombre, convirtiéndose en mecanismo de defensa para contrarrestar el flagelo ambiental, y también brinda potestad a los organismos de defensa para prevenir acciones que afecten el normal funcionamiento de los recursos naturales, en Colombia el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 contempla criterios para imposición de sanciones. Según Vélez (2012):
Una externalidad negativa en la producción genera una ineficiencia social porque las señales que hacen operar el mercado (los precios) no contemplan los efectos externos de las entidades productoras, lo cual implica que el precio no conduce a un óptimo social; esto para aclarar que las multas necesariamente deben ser instrumentos de comando y control (p. 9).
De tal manera que la relación entre los mercados y la afectación que estos producen sobre el medio ambiente deben ir relacionado con las sanciones, puesto que entre mayor sea la afectación ambiental, mayor debe ser la sanción legal, tanto que debería superar las ganancias productivas, pero esto jamás sucede; por el contrario, entre mayor dinero produzca una industria y aporte para el crecimiento económico, prevalece y se mantiene en los mercados.
FIGURA 1. Industria Agropecuaria v/s Industria Petrolera en Colombia
Nota. La figura muestra el comportamiento de la industria petrolera v/s agropecuaria en Colombia.
Fuente: Rojas-Bahamón et al., (2021b)
La figura anterior muestra la tendencia entre la industria de hidrocarburos y la industria agropecuaria en Colombia, reflejando cómo para los años 90 el auge en la industria agro aportaba mayoritariamente a la economía del país. La política agropecuaria apoyaba y protegía las cosechas que movían los mercados de exportación, permitiendo que estos se beneficiaran de las ganancias del mercado internacional (Jaramillo, 1998). No obstante, las políticas también fueron modificándose a través del tiempo, dando gran importancia a la explotación de hidrocarburos que para el año 2017 alcanza gran participación en el comportamiento del PIB de la región colombiana. Según Rojas-Bahamón et al., (2021c), en efecto se vio la implementación de la política minero-energética, la cual da lugar al conflicto socioambiental en gran parte de territorio del sur de país: Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta, Putumayo, Casanare, Boyacá y Caquetá.
TABLA 4. Deforestación en la Amazonía al año 2016
|
Concepto |
% Industria (Ganadería) |
Departamento |
Hectáreas |
|
Deforestación |
60% |
Caquetá |
22.925 |
|
Deforestación |
Meta |
11.456 |
|
|
Deforestación |
Guaviare |
11.117 |
|
|
Deforestación |
Putumayo |
3.565 |
|
|
Deforestación |
Vichada |
2.752 |
|
|
Deforestación |
Guainía |
1.949 |
|
|
Deforestación |
Vaupés |
1913 |
|
|
Total |
55.677 |
||
Nota. La tabla muestra hectáreas deforestadas en la Amazonia a causa de la industria ganadera Fuente: (MinAgricultura, 2018)
La tabla anterior describe cifras analizadas hasta el año 2016 sobre la Amazonía colombiana, donde la deforestación en siete departamentos es representativa, especialmente en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por lo que su diversidad y tierras fértiles son propicias para la industria ganadera, siendo una de las actividades más importantes en Colombia, no solo por su relación directa con el sistema alimentario del país, sino por todas las actividades derivadas a partir del procesamiento de sus productos; adicionalmente la actividad ganadera contribuye a la economía local, generando empleo y utilidades al sector rural, es así que representa el 60% de la deforestación en estos departamentos, de tal manera que el desarrollo intensivo de la ganadería en el territorio colombiano tiene un alto costo ambiental, como por ejemplo, pérdida de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas y disminución en la productividad de los suelos.
Claramente, los costos de crecimientos económico sobre el medioambiental son muy altos; adicional a ello, el accionar de grupos delictivos causa un impacto negativo que es significativo y difícil de controlar, dos elementos que dificultan el éxito de los organismos de control y con ello la labor del Ejército Nacional. De acuerdo con Rojas (2019b), la incursión de las multinacionales causa efectos negativos sobre el medio ambiente, relacionando este con la industria de hidrocarburos, pero hace hincapié en la conflictividad social, y particularmente en el rol de las Fuerzas Militares que están presentes para contrarrestar las alteraciones sociales a causa de la operatividad de esta industria; sin embargo, la intervención militar no es ajena cuando la actividad de hidrocarburos se ejecuta de manera ilícita, la cual tiene mayor impacto en los ecosistemas. En este sentido existe una priorización para la Amazonía para lograr la protección de esta región como elemento esencial en la estabilidad de la política y sostenibilidad económica para un área que se ha convertido en el ecosistema mundial (Carrillo and López, 2019).
La aplicación normativa y los compromisos de Colombia frente al cambio climático en efecto visualizan al país ante la comunidad internacional; es así que uno de los puntos del proceso de paz relaciona la reforma rural que involucra la biodiversidad al igual que el fin del conflicto, relacionando también el fin de acciones contra el medio ambiente. A pesar de esto, el debate académico y las cifras no mienten. Por ello, la postura de Villamil Castillo (2020b) resulta oportuna al decir que después del proceso de paz la deforestación aumentó, teniendo en cuenta las cifras presentadas en la Tabla 4 sobre la deforestación a raíz de la producción ganadera hasta el año 2016, evidenciando gran pérdida de hectáreas de bosque. De esta manera, los efectos de la ejecución del proceso de paz denotan la continuidad de actividades ilícitas relacionadas por parte de grupos disidentes y otros actores armados que después del acuerdo final se disputan territorios en los diferentes municipios de la Amazonía colombiana.
Lo anterior muestra el reto para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos sobre cambio climático, donde se relaciona reducir la alteración de hectáreas protegidas a causa de la industria, también disminución de gases tipo invernadero; de tal manera, que se debe evaluar el aporte de la industria al crecimiento económico, como la contención efectiva de las actividades económicas de los grupos armados. Según Periódico del Meta (2023), la Amazonía colombiana representa el 65% de la deforestación en el país, de acuerdo a datos del Instituto de Hidrología y Meteorología e IDEAM, encontrándose que durante el año 2022 los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo presentaron una reducción del 26% de hectáreas deforestadas, lo que corresponde a 45.490 hectáreas que dejaron de ser arrasadas por actividades económicas de grupos armados.
Por otro lado, es fundamental el trabajo coordinado dimensionando las necesidades de la población en zonas de difícil control, teniendo en cuenta que en estos territorios existe presencia activa de organizaciones armadas ilegales que dificultan la labor de las Fuerzas Militares para la erradicación de cultivos ilícitos, tala de árboles, intervención en la explotación ilícita, entre otros. En este aspecto es necesario tener presente que no se trata únicamente de contrarrestar grupos armados ilegales, también se debe considerar la viabilidad de enfrentarse a grupos sociales permeados e instrumentalizados por diferentes motivos que, a raíz de sus necesidades, podrían estar siendo objeto de manipulación de otros grupos o personas, bien sea por simpatía, temor o retribución económica. Por tanto, es necesario poner de presente la importancia del capital natural que Colombia reviste a nivel global (Caballero y Rodríguez, 2019).
En este sentido cobran relevancia las apreciaciones que desde la Institución castrense se emitan en torno al análisis militar del terreno, entendido este como una herramienta indispensable para estudiar la temática relacionada con el teatro de operaciones y algunas de las acciones que en este ocurren, teniendo claro que en algunos casos contiene áreas protegidas, tales como parques naturales, resguardos indígenas, entre otros. La realización de este documento interpretativo es de interés prioritario para quienes planean las operaciones militares, así como para aquellos que las ejecutan, toda vez que sirve de ayuda y soporte en el sentido de confirmar o desvirtuar informaciones sobre lo que verdaderamente existe en dicha zona, principalmente en todo lo relacionado con la fauna y la flora del sector (Leoni, 2021).
Enfatizando siempre en que los Derechos Humanos de la población que habita en estos sectores y la conservación del medio ambiente deben ser puntos de consideración que no admiten ningún tipo de reproche, por el contrario, hay que garantizar al máximo que estos prevalezcan (Pico y Agreda, 2022). Por consiguiente, es preciso mencionar la necesidad sentida de apertura a procesos educativos inclusivos, vistos desde la promoción del respeto y la aceptación de la diversidad (ambiental en este caso), donde principalmente sobresalen motivos ancestrales y culturales; esto, con la finalidad de minimizar el impacto ambiental que dejan las actividades militares en las regiones (Hernández et al., 2022).
De esta manera, los mecanismos de seguridad para el medio ambiente son claves y deben ir enfocados a una política de seguridad rigurosa, donde la estrategia de militarizar vaya más allá de incorporar tropas a los parques naturales. Según Garzón et al., (2020), experiencias de países como India, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Camerún y Nicaragua han mostrado poca efectividad en militarizar zonas de reserva, por lo que se intensificó el riesgo sobre los guardaparques, quedando en medio de la confrontación y el fuego cruzado; también comunidades y personas en condiciones de vulnerabilidad son puestas en riesgo por restricciones a la libre circulación, causando que se dé más importancia en los síntomas del conflicto ambiental y no en las causas directas de este crimen ambiental. Es así que la educación inclusiva y la labor de la inteligencia son mecanismos cautelosos que pueden contrarrestar este flagelo desde sus bases; claramente deben ser un apoyo mediante información relevante para atacar los delitos de forma directa por parte de las tropas.
Lo anterior no desconoce que en la actualidad la inteligencia militar esté contemplando los delitos ambientales en su labor; precisamente uno de los factores de inestabilidad caracterizados en sus líneas de acción es el medio ambiente, de tal manera que dentro de los análisis e información relevante para la toma de dediciones actualmente se contemplan las acciones delictivas por parte de grupos armados y que afectan el medio ambiente, el punto está en que su rol debe ser más representativo, de tal manera que pueda interactuar con organismos a todo nivel, logrando impactar en los efectos del pasado, presente y futuro con respecto a delitos ambientales, todo ello focalizado a través de políticas de seguridad y defensa.
Conclusiones
Los delitos ambientales y el rol del Ejército Nacional, en términos generales, es una problemática que trasciende fronteras, ya que la ejecución de las tropas no tiene como determinante un objetivo militar específico; se está hablando entonces de una problemática que involucra el accionar de grupos armados, industria económica que aporta al crecimiento del PIB, población civil inmersa en actividades económicas ilícitas, población indígena, raizales, afro, entre otros, que por sus creencias ideológicas y lineamientos jurídicos están directamente relacionadas con los efectos sobre el medio ambiente; así mismo, está el Ministerio de Ambiente, IGAC, entidades de hidrología y meteorología que por su carácter legal tienen gran representación y decisión en esta problemática ambiental. De tal manera, que la institución castrense no puede actuar por sí sola, es más, todo este engranaje en medio de los delitos ambientales dificulta y en ocasiones imposibilita la labor que esta realiza.
Al respecto, es importante mencionar los esfuerzos que se vienen realizando por parte de las autoridades colombianas en el sentido de acercarse al cumplimiento de los lineamientos que a nivel global se han emitido en torno a la protección del medio ambiente y temas conexos, entre los cuales se encuentra el cambio climático. En este sentido sobresalen los esfuerzos realizados en los últimos gobiernos (1994 – 2010; 2010 – 2014; 2014 – 2018). Todo esto ha llevado a la materialización de acciones que de forma conjunta le han permitido a la nación propender por la conservación de la biodiversidad existente en el país, apuntado a tener cada día un mejor medio ambiente y retardar en alguna medida los efectos del cambio climático.
Sin embargo, es pertinente que exista una clara conceptualización del conflicto ambiental en Colombia, idea que debe insertarse desde los centros educativos de todo nivel para que se aleje la concepción que al hablar de este tema se está haciendo referencia únicamente a la parte bélica y que por consiguiente sus actores o participantes son exclusivamente personas que portan armas y usan uniformes militares. Es necesaria una comprensión holística sobre dicha temática, a fin de conocer en detalle y generar conciencia al respecto que quienes participan en un conflicto ambiental a menudo van a utilizar las armas. Es decir, que este tipo de conflictos no deben ser apreciados como escenarios únicos, sino como un contexto diferente al tradicional.
Declaración de divulgación
Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo.
Financiamiento
Los autores no declaran fuente de financiamiento para la realización de este artículo.
Sobre los autores
Jairo Leonel Cuadros Blanco es candidato a magister en Inteligencia Estratégica, especialista en Seguridad Integral y Análisis de Riesgos, gerente de la Seguridad y Análisis Sociopolítico de la Institución Universitaria Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “BG. Ricardo Charry Solano” (Colombia), profesional en Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia).
https://orcid.org/0000-0001-8905-6534 - Contacto: yimyjairo88@gmail.com
Javier Ramírez Narváez es magister en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana – De: Planeta Formación y Universidades (Ibero) (Colombia), especialista en Docencia Universitaria Militar del Centro de Educación Militar (Colombia), profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia), colaborador en calidad de egresado en investigaciones de la Ibero, par evaluador de la Revista Horizontes Pedagógicos, miembro de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe.
https://orcid.org/0000-0003-0849-1951 - Contacto: jrmaestria@gmail.com
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